Todos los sectores sienten la necesidad de decir algo, de defender la probidad, de acusar la corrupción, pero muchas veces aquellos que ‘rasgan vestiduras’, cuando se enfrentan a las denuncias o sospechas, actúan con un guion repetido, intentando restarle importancia, como si el acto del adversario, fuera más grave porque no comparten su misma trinchera política.
La ciudadanía se enfrenta incrédula, a un cúmulo de situaciones que develan una falta de ética que impacta nuestro sentido republicano. Se erosiona nuestra democracia, porque ésta se sustenta, tanto en las instituciones que le dan forma a la competencia política, como en la capacidad de compartir valores que se sobrepongan a las ambiciones de los grupos, de manera que no primen los intereses particulares, por sobre el bien común general. Es esta perspectiva la que está en duda hoy, en el debate público.
Todos los sectores sienten la necesidad de decir algo, de defender la probidad, de acusar la corrupción, pero muchas veces aquellos que ‘rasgan vestiduras’, cuando se enfrentan a las denuncias o sospechas, actúan con un guion repetido, intentando restarle importancia, como si el acto del adversario, fuera más grave porque no comparten su misma trinchera política.
A esto sumamos un impulso de crear mayores controles, de dictar nuevas leyes, asfixiando las iniciativas con un abanico regulatorio. Nos olvidamos que la propia Constitución establece los tres pilares básicos de un Estado de Derecho: el principio de Juridicidad, Control y Responsabilidad.
[cita] Todos los sectores sienten la necesidad de decir algo, de defender la probidad, de acusar la corrupción, pero muchas veces aquellos que ‘rasgan vestiduras’, cuando se enfrentan a las denuncias o sospechas, actúan con un guion repetido, intentando restarle importancia, como si el acto del adversario, fuera más grave porque no comparten su misma trinchera política. [/cita]
¿Qué falta entonces?
La respuesta es simple, aplicar la normativa, pero sobre todo cumplirla. La administración de lo público era considerada en la antigüedad como una ciencia práctica, indispensable para alcanzar el bien general. La Constitución Política de la República, establece que: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual se debe contribuir a crear las condiciones que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional alcanzar su mayor realización espiritual y material posible”.
Nuestro Código Político establece que el ejercicio de las funciones públicas, obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones (Art. 8 de la Constitución Política de la República) y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, reitera la exigencia que las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.
Principio, que exige no contravenir los deberes de eficiencia y rectitud que rigen el desempeño de los cargos públicos. Por lo que podemos concluir, que es un imperativo de todos quienes trabajan para el Estado sentirse obligados a realizar su trabajo con calidad. Asumir este concepto nos impone el imperativo moral de promover la modernización del Estado, que supera la mera legalidad y que exige colocar al ser humano, en el centro de la gestión administrativa.
