A propósito de emergencias… ¿dónde quedaron las comunas?

Señor Director:

Después de leer el texto remitido al Congreso en relación a la nueva Institucionalidad en Reducción de Riesgos de Desastres y escuchar por más de dos horas el video de la sesión en el Senado de la primera discusión de las indicaciones propuestas por el Gobierno actual en diciembre del 2014, a un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados el 2011 sobre un tema “extremadamente urgente”, según todas las autoridades gubernamentales y de oposición de la época, llama la atención cierta inconsistencia que paso a detallar.

En el artículo 1 de las citadas indicaciones, se reconoce al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias como “un conjunto de entidades públicas y privadas… y al conjunto de normas, políticas, planes, recursos… que se organizan desconcentrada y escalonadamente desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional para garantizar una adecuada gestión en las fases de la emergencia”. En términos simples, es el conjunto de organizaciones públicas y privadas que aportan capacidades para la Reducción de Riesgos de Desastres.

Hasta aquí todo bien, pero las indicaciones sustitutivas consideran 64 artículos, por lo tanto, uno esperaría que los otros 63 apoyen con la normativa pertinente el Sistema mencionado en el artículo 1, lo cual constituiría la institucionalidad necesaria para cumplir el propósito de este, que es “… garantizar una adecuada gestión de las fases de emergencia”, institucionalidad referida a políticas públicas, planes, organización para las funciones relevantes, roles para la dirección y control, relaciones de trabajo funcionales, roles normativos, etc., pero en forma especial el presupuesto requerido para desarrollar inicialmente y emplear posteriormente las capacidades necesarias, ya sea a nivel nacional, regional, provincial y comunal, que aseguren a las personas una respuesta oportuna, eficiente y eficaz ante la ocurrencia de un desastre.

Dado que el artículo 1 determina que el país enfrentará los riesgos mediante un sistema que, en su conjunto y de manera coordinada, utiliza las capacidades existentes en cada uno de los organismos participantes de este sistema para mitigar los riesgos, es importante entonces entender que un sistema es un conjunto de elementos, en este caso funciones organizacionales, interrelacionadas con un propósito común.

Por lo tanto y siguiendo la lógica de lo indicado en el artículo 1, el sistema está conformado por lo descrito en el segundo párrafo y de manera recursiva (repetitiva) a nivel regional, provincial y comunal, es decir, la misma estructura como se organiza a nivel nacional, debe reflejarse hasta el nivel comunal.

El sistema funciona bajo varios principios que están definidos desde el artículo 3 al 9, de los cuales para la presente argumentación solo me referiré al artículo 8, “Principio de gradualidad y proximidad”, que no es otra cosa que el uso escalonado de las capacidades, es decir, cuando la comuna es sobrepasada por la emergencia, comienza el aporte de capacidades de la provincia, región y nacional si fuera necesario.

Por lo tanto y de acuerdo al mismo artículo, la gestión (coordinación) para el desarrollo y posterior empleo de las capacidades para la Reducción del Riesgo de Desastres, debiera ser materializada partiendo por la Municipalidad, para posteriormente continuar con la Gobernación, Intendencia y Ministerio del Interior, en forma autónoma primariamente, e integrada y apoyada por el nivel superior cuando la emergencia supere alguno de los niveles de la administración del Estado.

Pero no es así, en los 63 artículos restantes, el sistema está “truncado”, porque todas las disposiciones llegan solo hasta el nivel provincial, en consecuencia, lo que se pretende normar, presupuestar, planificar, dirigir, organizar, controlar, etc., es para un sistema distinto al descrito en el artículo 1, el cual no considera la comuna, lo que por cierto es una inconsistencia técnica mayúscula, porque mientras más temprano se responda ante una emergencia, habrá menos damnificados y, para determinados desastres, estos podrán ser contenidos con mayor rapidez si esta acción partiera desde la comuna.

El único que puede responder primaria y oportunamente es el Sistema Comunal de Gestión de Riesgo y Emergencia, el cual necesariamente debiera contar con la misma normativa con que se apoya el Sistema Provincial, Regional y Nacional para el propósito definido en el artículo 1…, o sea, ”garantizar una adecuada gestión de las fases de la emergencia”. Si no se considera la comuna, el propósito del sistema definido en el artículo 1 no se cumplirá o se cumplirá a medias.

No considerar a las comunas en las indicaciones sustitutivas, no es un error involuntario, porque es demasiado básico, es tanto o más ineficiente e ineficaz que concebir un hospital sin enfermeros. Entonces, además de integrar sí o sí de alguna forma a las comunas en el proyecto de ley, sería interesante saber cuáles fueron los argumentos que tuvieron a la vista los diseñadores de las indicaciones sustitutivas para no integrar el tema comunal en este importante texto.

En una carta anterior enviada a este mismo medio, mencioné que el problema de cómo el país va a enfrentar la Reducción de Riesgo de Desastres, corresponde a una solución técnica, sobre cuál es el modelo que mejor se ajusta a las necesidades del país (por cierto, y con un mucha seguridad, ninguna solución propuesta por especialistas dejaría de considerar a las comunas como parte importante del modelo), después de eso, entonces, se diseña o se readecua la normativa necesaria para apoyar el modelo que se resuelva y que el país sea capaz de sustentar.

Hasta hace muy poco, este proyecto había estado cruzado por la contingencia política, y que a mi juicio ha sido la causa principal del por qué ha pasado tanto tiempo desde el 2010 y aún no tenemos nada; hoy, tiene urgencia simple por el desastre del Norte, no por otra cosa. Esperemos que ahora el Calbuco y el sufrimiento de tanta gente logren lo impensable, que nuestros legisladores dejen a un lado sus “problemitas” y se pongan a trabajar para tener, de aquí a fin de año, un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias que beneficie a todos los chilenos, especialmente a los más necesitados.

Rodrigo Ortiz J.
Subdirector de Gestión de Riesgos ONEMI 2013-2014