Onemi: una defensa políticamente incorrecta

Señor Director:

Había pensado enviar esta carta la semana pasada, pero después del anuncio del cambio de gabinete, cualquier cosa que alguien escribiera habría sido irrelevante. En honor a la verdad, el tema de la presente carta creo que no va a pasar de ser un testimonio personal, real, informado y vivencial, impopular por cierto y tal vez también irrelevante desde el punto de vista informativo, pero que tiene que ver con las cosas reales que les afectan a las personas y que no sintonizan con las cosas que les afectan a nuestros políticos.

El 06 de mayo pasado fue publicada la encuesta Adimark, donde la Onemi figura como el organismo peor evaluado, consiguiendo un 64% de rechazo en relación a las acciones realizadas como consecuencia de la emergencia del norte. ¿Alguien en este país podría haber pensado lo contrario?, imposible, porque con la información que maneja la población en relación a lo que creen que debe hacer la Onemi (donde, por cierto, son muy pocos los que saben qué tiene que hacer), y lo que realmente puede hacer, hay un abismo de información, que lógicamente ante una percepción (y en muchos casos en los hechos) de acción tardía, improvisada, desordenada, con falta de información, etc., se reconoce como culpable al organismo que por ley se supone que fue creado para enfrentar este tipo de contingencias.

La Onemi, creada en 1974, mediante el Decreto Ley 369, tiene por misión “la planificación, coordinación y ejecución de las acciones destinadas a prevenir o solucionar problemas derivados de sismos y catástrofes”, en términos más simples, debe realizar la prevención y respuesta a desastres, lo que hoy se llama gestión de riesgo de desastres.

Hasta ahí todo bien, pero cuando a una organización se le entrega tamaña misión, debe dotársele de la institucionalidad necesaria y por cierto los recursos humanos, materiales, tecnológicos y presupuestarios para poder cumplir lo que por ley tiene que hacer.

Lo que dice esa misión es que la Onemi debe gestionar “algo” que le permita anticiparse a las calamidades, y si el desastre ocurre, coordinar y ejecutar la suficiente cantidad de acciones (capacidades) que permitan aminorar los efectos de ese desastre sobre la población.

Por eso que el año 1977 se elabora y se aprueba mediante el Decreto Supremo (I) 155 un irrelevante Plan Nacional de Emergencia que trata de coordinar a los distintos ministerios en el uso de los recursos que ellos disponían, pero que en la práctica no pasó de ser un esfuerzo teórico.

El año 2002, mediante el Decreto Supremo (I) N° 156, se aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, como un documento que pretende normar la protección civil en Chile, documento vigente hasta el día de hoy, que tiene solo carácter indicativo, no mandatorio, el cual no cumple con las exigencias que se requieren para un plan, por cuanto no establece una organización clara, ni responsabilidades, así como tareas particulares, precisas y concretas para los distintos organismos e instituciones que la Onemi debe gestionar para cumplir con la misión impuesta.

Entonces, ¿cuál es el problema?, la Onemi no tenía y no tiene hoy la institucionalidad necesaria para hacer lo que debe hacer; gestionar ese “algo” que hoy se reconoce como el Sistema Nacional de Protección Civil, que no es nada más ni nada menos que el conjunto de organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil organizada que aportan capacidades para la reducción de riesgo de desastres. Es decir, coordina la manera que el Estado de Chile tiene para enfrentar los desastres y para eso necesita atribuciones. Eso hoy no existe.

Pareciera entonces que con esta argumentación se exculpa a la Onemi de la responsabilidad en el caos del 27/F. Por cierto que no, lo que allí falló fue el Sistema Nacional de Protección Civil, porque este no existía como sistema, no estaba integrado, por lo tanto, había una escasa conciencia colectiva de que los desastres se enfrentan a través de un sistema, pero además de lo anterior, la Onemi carecía de lo mínimo que debía haber desarrollado y para lo que sí estaba facultada; estructura organizacional incoherente, falta de protocolos entre los organismos técnico y la Onemi, falta de redundancia en las telecomunicaciones, falta de centros de alerta temprana en el país, falta de personal en regiones, horario de oficina y no 24/7, sedes regionales ubicadas bajo la zona de inundación, falta de regulaciones formales en relación a las funciones de los Comité de Operaciones de Emergencia, etc. Para lo anterior no se necesitaba una nueva institucionalidad, es lo que siempre debiera haber tenido la Onemi. Todas las falencias y más, indicadas anteriormente, hoy están resueltas.

Entonces, ¿por qué la Onemi tiene un 64% de rechazo? Porque ese mínimo de falencias ya resueltas son completamente insuficientes para responder a la magnitud de los desastres que azotan a Chile, porque Onemi requiere coordinar todas las organizaciones del país que cuentan con capacidades y que pueden emplearse para la reducción de riesgo de desastres, para eso Onemi necesita, al menos, atribuciones legales para gestionar el sistema, presupuesto compatible, dotación suficiente y competente, integración del sistema nacional de protección civil en y con los distintos niveles de la administración del Estado, partiendo desde la comuna, provincia, región y país. Nada de eso está, pero a la ciudadanía se le ha convencido y así lo esperan, que Onemi debe hacer algo que hoy no puede, porque no está facultada.

¿Y esto lo saben las autoridades?, uno esperaría que sí, al menos doy fe de que el actual subsecretario del Interior sí lo sabe y hay que reconocer que ha sido un importante apoyo a la Onemi. No me atrevería a apostar por otros porque no me consta, pero sí me consta que hay algunos personeros y autodenominados “expertos en emergencia” que con suma ignorancia, mala leche, o intereses de otro tipo, salen a criticar a la Onemi cada vez que comienza una emergencia lo suficientemente atractiva para aparecer en los medios de prensa pontificando sobre la mala actuación de la Onemi y la destitución del Director, indiferentes a los hombres y mujeres que allí trabajan y se quiebran el lomo 24/7 para tratar, con las herramientas que el Estado les ha entregado, de aminorar las penurias de los afectados y damnificados como consecuencia de cada desastre.

Aunque designen a Superman como Director de la Onemi, y entendiendo que Superman actúa con las reglas de un Estado de Derecho, este no podría hacer uso de sus superpoderes para solucionar todas las falencias que hoy se observan, porque la institucionalidad actual no se lo permitiría, por lo tanto, también habría que destituir a Superman.

Entonces, ¿quién podrá defender a la Onemi ante una real pero injusta desaprobación? Nadie relevante lo hará, ninguna autoridad ni legislador saldrá a sincerar las cosas, porque la responsabilidad del actual estado de la Onemi es por inacción de ellos (actuales y anteriores), los únicos facultados para promover y dotar a la Onemi con la institucionalidad necesaria para hacer lo que tiene y debe hacer: coordinar, a través de un sistema nacional, la totalidad de las capacidades que Chile posee y requiere para enfrentar los diversos y frecuentes desastres que azotan al país.

Rodrigo Ortiz J.
Director de Gestión de Riesgos Onemi 2013-2014