«Una reconfiguración que bien podría aparecer en el escenario futuro de Michelle Bachelet, cuya popularidad todavía es superior a la de Rajoy, y cuya coalición ya no se enfrentó a la opción llamada a disputarle su hegemonía, pese a ser desafiada por el Partido Progresista y por Fuerza Pública, hoy atrapados en las redes de Penta y SQM. La ocasión la pintan calva».
Puesto que toda la política se agota en Bachelet, toda responsabilidad política no puede sino limitarse a ella y a nadie más. No otra parece ser la conclusión de quienes por estos días han dicho que la caída de la popularidad de la Presidenta se debe a que, no obstante ser buenas sus reformas, las vendría realizando muy rápido y al mismo tiempo, lo cual, además de revelar su desprecio por la gestión, sería la cuestión que el país realmente desaprueba. Agregan que esta pérdida de liderazgo presidencial comienzan a pagarla los partidos de la Nueva Mayoría, especialmente los del llamado centro político, cuyos electores estarían migrando al mundo de los independientes o, simplemente, a la oposición.
Culpar de todo a Bachelet no solo es vano sino tan injusto como negar los persistentes conflictos generados por aquellos partidos que desde un principio objetaron las reformas refrendadas mayoritariamente en las urnas, por considerarlas fruto del exitismo y el maximalismo. Y es que no se pueden frenar las reformas y denunciar su fracaso. Cuando se han compartido las testeras del Congreso, los gabinetes ministeriales y los sillones de intendentes y gobernadores, nobleza obliga a sobrellevar también las cargas derivadas del ejercicio del poder.
En lo relativo al nocivo efecto de la baja popularidad presidencial sobre la adhesión a los partidos, bastaría ver las elecciones municipales y regionales españolas para darse cuenta que esto no es algo que ocurra por ósmosis, ni tampoco es algo que resulte de la pura gestión política. La escasa popularidad de Mariano Rajoy —sólo comparable con la de Rodríguez Zapatero, su antecesor— contrasta a tal punto con la votación obtenida por la colectividad oficialista, que ésta ha podido conservar su lugar de principal fuerza política del reino. Ello, pese a haber sido severamente castigada por el electorado que, desencantado, ha ido a engrosar el caudal de votos de dos nuevas formaciones políticas, cuales son Ciudadanos y Podemos.
Pero no ha sido por la erosión del apoyo presidencial que los electores le han quitado su respaldo al Partido Popular, PP. La principal causa de la fuga de votantes ha sido una sistemática seguidilla de actos de corrupción semejantes a los que en Chile han comprometido la honorabilidad de dirigentes y partidos políticos gubernamentales.
Ciudadanos no tiene más de diez años de vida y Podemos apenas un año. Son, sin embargo, las fuerzas políticas que tras los comicios del 24 de mayo —y, sobre todo, una vez que se consumaron los pactos de investidura del 13 de junio— se han convertido en el fiel de la balanza de los actuales equilibrios de poder de la península.
Ambas pretenden arrebatar la hegemonía que populares y socialistas han detentado desde que, en 1978, fue aprobada en referéndum la Constitución democrática propuesta por el Senado y la Cámara de Diputados. Y lo están consiguiendo al propinarle su peor derrota a la derecha otrora signada por los liderazgos de Fraga Iribarne y José María Aznar, la que más poder político y económico ha acumulado desde el fin del franquismo, y sobre la ya menguada supremacía de los también fieles tributarios de la transición al nuevo régimen: los socialistas.
Y así, mientras Ciudadanos es una formación de centroderecha originada en la comunidad autónoma de Cataluña, pero cuya influencia ha trascendido incluso a Europa a través de su representación parlamentaria, Podemos, en cambio, se sitúa a la izquierda del espectro político, avanzando sobre el espacio cultural perdido por los comunistas de Izquierda Unida. De ahí pues que, cuando Ciudadanos atrae al electorado del PP, Podemos hace lo suyo con la votación del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Y como suele ocurrir con los brotes embrionarios de igual género, Ciudadanos termina injertándose con el PP para asegurarse y asegurarle las alcaldías donde son minoritarios, en tanto que Podemos acaba pactando con el PSOE. No por nada Ciudadanos permitió que el PP se hiciera del timón de 19 capitales de provincia, impidiendo con ello un descalabro a manos de la izquierda que lo habría dejado en la más completa orfandad. Ni es casual que Pablo Iglesias, líder de Podemos, de cara a las próximos comicios, ya esté proponiéndoles pactos de unidad popular a los socialistas. Según el sondeo de julio de Metroscopia, Podemos se ubicaría como la tercera opción política de España, detrás del PP y del PSOE, pero por su versatilidad, Ciudadanos estaría posicionándose como el más seguro aliado para formar gobierno de coalición.
Por cierto, la de las pasadas elecciones es la mayor derrota sufrida por el gobernante PP que, aunque se mantiene como la principal colectividad, ha perdido 2,5 millones de votos, unos diez puntos porcentuales, la mitad de los 34 municipios más grandes del país y seis comunidades autónomas. Baste recordar que desde hace un cuarto de siglo la tienda de Mariano Rajoy dominaba Madrid y Valencia. Hoy ambas, junto a Barcelona y Zaragoza, han quedado en manos de la izquierda alternativa. Sus íconos, dos mujeres, Manuela Carmena, ex comunista y activista de derechos humanos, y Ada Colau, primera alcaldesa de la Ciudad Condal.
La corrupción, en primer lugar, y la insensibilidad política ante la recesión económica, en segundo lugar, son las principales causas de desafección de los ciudadanos con los populares y, al mismo tiempo, la fuente de su re-encantamiento con los emergentes movimientos. Sin ir más lejos, la Justicia acaba de imponerle al PP una fianza equivalente a 850 millones de pesos chilenos que adeudaría por concepto de impuestos no declarados. Ello contrasta con la promesa de regeneración democrática y de mayor igualdad social ofrecida por los nuevos movimientos que, muy a la inversa de quienes sostienen la futilidad de la calle, fueron fogueados en las multitudinarias manifestaciones del 2011.
La derecha teme un desbande, y por eso presiona a Rajoy para que anticipe al mes de septiembre las elecciones generales y consiga elaborar la crisis que, desde luego, pasa por limpiar de corruptos la casa y reorganizar al partido de la gaviota. Para ello cuenta con algunos puntos a su favor: si en enero la popularidad de Rajoy bordeaba el 19 por ciento, ahora se empina al 25 en presencia de una tasa de crecimiento del PIB del 2,8 por ciento, cifra auspiciosa para una economía que hace rato viene venciendo el estancamiento.
Hay quienes desde la izquierda hablan de desmontar la herencia franquista, y hay otros que desde la derecha asustan con el fantasma del desgobierno y de la crisis institucional. Pero lo más probable es que el país esté empezando a «resetear», a reiniciar el sistema para imprimirle mayor agilidad y ponerlo a tono con las necesidades de las personas y de sus comunidades. Una reconfiguración que bien podría aparecer en el escenario futuro de Michelle Bachelet, cuya popularidad todavía es superior a la de Rajoy, y cuya coalición ya no se enfrentó a la opción llamada a disputarle su hegemonía, pese a ser desafiada por el Partido Progresista y por Fuerza Pública, hoy atrapados en las redes de Penta y SQM. La ocasión la pintan calva.
