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No son errores, son crímenes

por 31 julio, 2015

No son errores, son crímenes
Con total frialdad, César Barros –ex militante del movimiento paramilitar Patria y Libertad– no solo desvalorizó la tragedia de Carmen Gloria Quintana, puntualizando que hubo violaciones a los derechos humanos mucho más graves que la suya (¡cómo si los horrores de esta magnitud pudieran ponerse en una balanza!), sino que negó de un plumazo la verdad histórica que las comisiones Rettig y Valech lograron establecer.
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Pensé que me había equivocado, que había leído mal: "El Ejército ha hecho tantas cosas buenas por Chile que tiene derecho a haber cometido muchos errores". La declaración no pertenece a cualquier pelafustán sino al prestigioso empresario César Barros, el de La Polar, de Blanco y Negro, de SalmónChile.

Barros hizo estas afirmaciones en radio Duna, mientras el Ejército sigue mudo frente a las declaraciones de ex militares que reiteran la ferocidad de los crímenes cometidos durante la dictadura y la manipulación de sus autores para ocultar la verdad. No se trata de un pacto de silencio –como se le ha denominado–, puesto que este requiere del compromiso voluntario de quienes pactan. En este caso, unos mandaron callar a otros a punta de amenazas, tan aterradoras como verosímiles a la luz de los hechos que debían ocultar.

Barros hizo estas afirmaciones, mientras Carmen Gloria Quintana dejaba boquiabierta a la mayoría de los chilenos con su serenidad y entereza para enfrentar la revelación de su verdad. Una verdad compartida que, después de 29 años, ya daba por perdida, y que agradeció al ex conscripto Fernando Guzmán, quien no pudo seguir soportando la culpa de su secreto.

Al empresario, le pareció que –en medio del estupor generalizado provocado por los detalles de cómo los militares quemaron vivos a los dos jóvenes– había que salir a defender al Ejército. Debemos darle las gracias –dijo– “por habernos liberado de los españoles, por haber ganado la guerra contra el terrorismo de principios del siglo XIX, por haber ganado la guerra Perú-Boliviana, por ayudarnos en los terremotos…”. Todo esto, concluyó, “le da derecho a cometer errores”.

¿Se puede hablar de “errores” cuando se describen vejaciones como la tortura, el secuestro, el asesinato, la desaparición de personas? Estos no son errores, son crímenes bestiales.

Con total frialdad, Barros –ex militante del movimiento paramilitar Patria y Libertad– no solo desvalorizó la tragedia de Carmen Gloria Quintana, puntualizando que hubo violaciones a los derechos humanos mucho más graves que la suya (¡cómo si los horrores de esta magnitud pudieran ponerse en una balanza!), sino que negó de un plumazo la verdad histórica que las comisiones Rettig y Valech lograron establecer.

Si bien aún desconocemos el contenido completo de dichos informes, ninguna persona decente niega que durante el Gobierno de Pinochet los derechos humanos se violaron de manera sistemática y consciente.

Así lo reconoció el año 2004 el propio comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, cuando haciendo un mea culpa institucional declaró: “El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”.

En el documento denominado “Ejército de Chile: fin de una visión”, el general Cheyre intentó marcar los parámetros básicos de un Ejército que buscaba “un reposicionamiento en la sociedad” para ser percibido como institución “de todos los chilenos”.

No era tarea fácil. Cheyre pretendía romper con prácticas que exceden a la dictadura, y están lejos de merecer aplausos. En su reciente libro Historia Secreta de Chile, el escritor Jorge Baradit da cuenta de que durante el siglo XX, e incluyendo la Guerra del Pacífico, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden mataron a más compatriotas que extranjeros.

Ni las loas que promueve César Barros ni el mutismo del comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, sirven para avanzar en la dirección propuesta por Cheyre hace ya una década.

Oviedo no forma parte de la generación de los militares golpistas, se graduó de la Escuela Militar en 1978. Su obstinado silencio en estos días resulta desalentador. Si bien no tiene herramientas para obligar a los militares en retiro a entregar la información que el país les reclama, es incomprensible que –como líder del Ejército– no tenga un juicio ético para guiar a sus soldados y empatizar con la ciudadanía, especialmente con las víctimas que aún sufren las consecuencias de lo ocurrido. Esto no ayuda a cerrar heridas, las irrita.

Tampoco ayuda la dulzura con que el ministro del Interior, Jorge Burgos, ex ministro de Defensa, pide al Ejército que los culpables y sus cómplices confiesen ante la justicia. ¿Se trata acaso de una decisión autónoma de las FF.AA.? Imposible entender su delicadeza. En una época aún compleja de la relación cívico-militar, el ex Presidente Ricardo Lagos no dudó en golpear la mesa frente al llamado “servilletazo” con que los Comandantes en Jefe intentaron defender a Pinochet, en una demostración de fuerza frente a la autoridad.

El Estado es el llamado a responder ante estos crímenes, que no fueron errores, ni excesos, ni hechos aislados, sino una operación bien montada por agentes del Estado. El Gobierno –elegido democráticamente– tiene la obligación de actuar en consecuencia, tanto en la búsqueda de verdad y justicia como en el fortalecimiento de un Ejército que se debe a todos los chilenos y obedece al poder civil.

Cuando esto quede meridianamente establecido, seguramente terminarán las sorpresas reiteradas de uniformados en retiro a los cuales se les sigue protegiendo y pagando con recursos públicos. Esta vez fue el coronel Julio Castañer, cuya participación en el caso de los jóvenes quemados se conoce desde 1987. ¿Es posible que el alto mando haya sido burlado una y otra vez o, en realidad, se ha decidido amparar a los culpables mientras la justicia no los pille?

Nos guste o no, el tema de los derechos humanos volvió al centro del debate. Las circunstancias han cambiado, los temores se desvanecen, las nuevas generaciones quieren verdad, la medida de lo posible es hoy más amplia que hace 25 años.

Ya no es tiempo de respuestas inocuas, las autoridades civiles y militares deben encarar estos hechos con medidas concretas, como la degradación de los militares culpables, para que la dimensión ética vuelva a estar en el centro de nuestra convivencia.

Sólo la ceguera ideológica es capaz de considerar que los crímenes de lesa humanidad son simplemente errores.

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