«La audaz reforma de la salud que, al cabo de seis años redujo a la mitad la tasa de mortalidad materna y multiplicó por diez el número de mujeres que accedieron a métodos anticonceptivos, contó no sólo con la adhesión sin fisuras, y sin problemas de conciencia, de su propio partido, sino también con la indulgencia de la iglesia Católica, sensible al drama social y humano que generaban en el país los abortos clandestinos».
Nadie podría insinuar siquiera que el presidente Eduardo Frei Montalva se apartó de la declaración de principios de la Democracia Cristiana cuando durante su gobierno puso en marcha la primera política pública de planificación familiar, la regulación de la fertilidad y la actualización del Código Sanitario de 1931.
Tampoco nadie podría fijar con éxito un contrapunto entre el humanismo del fundador de la Falange y el del cardenal Raúl Silva Henríquez. La audaz reforma de la salud que, al cabo de seis años redujo a la mitad la tasa de mortalidad materna y multiplicó por diez el número de mujeres que accedieron a métodos anticonceptivos, contó no sólo con la adhesión sin fisuras, y sin problemas de conciencia, de su propio partido, sino también con la indulgencia de la iglesia Católica, sensible al drama social y humano que generaban en el país los abortos clandestinos.
La normativa permitía a los médicos ―únicos facultados para resolver― interrumpir el embarazo en casos de riesgo de muerte para la madre, inviabilidad del feto o violación e incesto. Y no era tema. La violencia que se sucedía fuera de los hospitales inhibía cualquier reparo que los conservadores pudieron haberle opuesto: de cada cuatro mujeres que ingresaban a los servicios de obstetricia, una era paciente post aborto; la tercera parte de las cirugías en obstetricia obedecía a un aborto; y más de la cuarta parte de la sangre en servicios de emergencia se ocupaba en auxiliar abortos.
Lo que abrió el debate fue Humanae Vitae, encíclica de Paulo VI publicada en 1968 cuando entraba en vigencia el Código Sanitario reformado y en todo el mundo estallaban las luchas estudiantiles. Curiosamente, la principal preocupación de la carta no era el aborto, respecto del cual había sido más enérgico en condenarlo el Concilio Vaticano II, sino los métodos de control de la natalidad. La Iglesia se oponía a cualquier medio artificial que impidiera la concepción, con lo cual las políticas de planificación que se estaban ensayando se convertían en objeto de censura. No fue éste sin embargo el camino elegido por el Cardenal del Pueblo, que más bien vio el horizonte de los derechos sexuales y reproductivos en una paternidad responsable.
