Hace algunos meses, cuando pasaba un 2014 sin penas ni glorias para el movimiento estudiantil y se venía encima el 2015, lo anunciábamos como «el año de las definiciones», puesto que se discutiría la reforma a la educación superior. Veíamos una enorme oportunidad, pero teníamos claro que la única garantía para obtener una reforma en nuestros términos sería nuestro propio potencial movilizador.
La discusión de la reforma se ha aplazado. De hecho, es posible que continúe el 2016. Sin embargo, parece casi una certeza que el proyecto de ley se enviará al Parlamento durante los próximos meses, al menos, antes de que termine el año.
Con algunos meses de retraso, a algunas semanas de haber recibido la propuesta del Mineduc sobre la reforma, y a solo días de determinar si participamos en espacios de diálogo prelegislativo, el momento de las definiciones ya llegó.
Esta coyuntura es histórica. Los estudiantes, agrupados en la Confech, hemos luchado por una reforma a la educación superior no desde el 2011, sino que desde mucho antes, sin lograr más que victorias parciales y muchas veces pírricas (basta con recordar el acuerdo Confech-Mineduc del 2005, que dio paso al nefasto Crédito con Aval del Estado).
Los estudiantes tenemos que cumplir. Para eso, por un lado, debemos poner muchos esfuerzos en potenciar las instancias de movilización –como la que anunciamos para la última semana de agosto– a pesar del cierto desgaste después de las disputas internas que caracterizaron el primer semestre, y que en algunos casos siguen en pie.
Sin embargo, con eso no basta. La algidez del momento nos exige profundizar la discusión programática y contrastar nuestra propuesta, sancionada hace algunos meses en el documento «Principios Fundamentales para una Nueva Educación Pública», con la del Mineduc, y a partir de allí identificar avances y nudos críticos que nos permitan establecer una hoja de ruta para la disputa de la reforma. Si nos quedamos solamente en principios e ideas generales, perderemos terreno frente a quienes quieren mantener el corazón del sistema tal como está.
En base a esa necesidad, junto al equipo de la Vicepresidencia Fech 2015, pusimos a disposición del movimiento estudiantil el documento «Análisis Crítico de la Reforma a la Educación Superior. Contrastes Programáticos entre los Planteamientos del Movimiento Estudiantil y el Mineduc«, para contribuir con propuestas a un debate que consideramos fundamental.
[cita] La algidez del momento nos exige profundizar la discusión programática y contrastar nuestra propuesta, sancionada hace algunos meses en el documento «Principios Fundamentales para una Nueva Educación Pública», con la del Mineduc, y a partir de allí identificar avances y nudos críticos que nos permitan establecer una hoja de ruta para la disputa de la reforma. [/cita]
Entre los avances contamos con el establecimiento de un marco regulatorio para el conjunto del sistema, junto con el ampliar el financiamiento a Universidades de propiedad privada, pero que cumplan con criterios y requisitos que garanticen su orientación pública.
Sin embargo, la propuesta tiene varias falencias, presentando una serie de elementos ausentes. Primero, el marco regulatorio del sistema debe considerar la fijación de la oferta de carreras. No puede ser el mercado el que decida qué y cuántos profesionales formar, sino el Estado, sobre la base de objetivos estratégicos nacionales y regionales, terminando así con los cupos de cesantía que solo acrecientan la desilusión de familias que pasan hasta una década haciendo esfuerzos para sacar un profesional, para que luego no encuentre trabajo en ninguna parte. Además, el fin al lucro, que en la propuesta actual contempla al conjunto de Universidades y a los CFT e IP que reciban fondos públicos, debe ser para todo el sistema, como lo venimos exigiendo desde el 2011. Ya no se puede tolerar que empresarios hagan riqueza sobre la base de la formación de los técnicos y profesionales que necesita el desarrollo de Chile.
Asimismo, hay ausencias importantes en las garantías de lo público, condiciones que pone el Estado para financiar a instituciones. Es necesario incluir criterios de orientación al desarrollo nacional y regional, además de requisitos como pluralismo y libertad de cátedra y la obligación de constituirse como instituciones complejas, es decir, que desarrollen docencia, investigación y extensión, superando el paradigma de Universidad docente tan propio del modelo neoliberal. Sería un tremendo daño para los estudiantes chilenos que el Estado financie a universidades que apenas pagan a profesores, sin entregar mayores aportes a las ciudades y sociedades donde se instalan y forman.
Además, deben esclarecerse los requisitos de democratización. No basta con incluir, en abstracto, la participación de los tres estamentos en cuerpos colegiados, como lo hace la propuesta del Mineduc: puede caerse en una triestamentalidad formal, cuando la toma de decisiones siga encerrada en el cuerpo académico o aún menos. Hay que definir las funciones de estos, como la aprobación de presupuestos y planes de desarrollo; establecer la participación de cada estamento –nuestra propuesta es acercarse a los porcentajes históricos de la reforma universitaria, 60% académicos, 30% estudiantes y 10% funcionarios–; y prohibir la designación de miembros de los cuerpos colegiados, pues deben elegirse democráticamente. La triestamentalidad debe ser efectiva en el ejercicio del poder y no quedarse en un mero título con letra chica para recibir financiamiento público.
Por ahora, el fortalecimiento de las Universidades del Estado está prácticamente ausente. Por su carácter estratégico y como garantes del derecho a la educación, el Estado debe establecer una relación prioritaria con estas. Proponemos fijar como objetivo estratégico la duplicación de la matrícula de primer año en Universidades estatales, en un plazo de 5 años. Hay que destinar fondos especiales, para ampliación de infraestructura, capacitación docente, entre otras. Junto a ello, proponemos un plan de revitalización y financiamiento prioritario para labores de investigación y extensión. Si queremos recuperar la educación pública, una de las medidas más importantes es aumentar la matrícula, para equipararla a la de las instituciones privadas, que en Chile tienen tal nivel de prevalencia que convierten a nuestro país en una vergüenza para Latinoamérica.
Por último, la gratuidad universal es una bandera de lucha que no podemos dejar de flamear, condición básica para transitar a un sistema de derechos. Una gratuidad sin condiciones ni años límite, financiada con las cuantiosas utilidades de los grandes empresarios mediante impuestos al capital. Rechazamos cualquier pago de los propios estudiantes una vez egresados, como créditos e impuesto a titulados. Como hace muchos años lo entienden los países que aseguran el derecho a la educación: sin letra chica.
Hemos puesto en marcha la mayor de las fuerzas, el anhelo por justicia de las mayorías que reclaman nada más que su dignidad, pero nada menos. Esa fuerza nos empuja a renunciar a la posibilidad de transformar todos estos años de lucha en un testimonio para la historia, y da origen a nuestra convicción de incidir decididamente en la reforma educacional, no nos imaginamos de otra forma un mañana justo y digno. Nuestra responsabilidad es construir una plataforma programática que sirva de punta de lanza del movimiento. Exigimos ser escuchados, y nos movilizaremos cuantas veces sea necesario para lograrlo. Los estudiantes seguimos de pie y trabajando día a día para proponer con ideas la reforma que nuestro país necesita, porque somos nosotros los que, endeudados, hemos sufrido en carne propia la ausencia de derechos en este país que tanto se jacta de su crecimiento y desarrollo.
