» La corrupción de los actores sociales y políticos se muestra estable desde 2014, pero el 62% señala que es la principal causa de la desconfianza hacia las instituciones. Y en torno a esta variable quien más ha sufrido es el gobierno, que perdió el 50% del capital de confianza asignado cuando comenzó».
Si la opinión pública debe ser utilizada para definir el curso de las políticas públicas, debiésemos aceptar que el único modelo que merece una retroexcavadora es el que está implementando La Moneda. Después de impulsar la polarización entre ricos y pobres, sólo ha logrado provocar un ánimo pesimista cuyos efectos son exactamente los contrarios a la meta que quieren lograr.
El fracaso de este modelo oficialista se expresa en la gran distancia entre la sensación de estancamiento económico y el alto grado de satisfacción con la vida familiar y personal (69%, según la última encuesta CEP). Es decir, el ámbito individual se observa bastante normal, mientras todas las variables colectivas medidas en el último estudio del CEP son alarmantemente malas.
La corrupción de los actores sociales y políticos se muestra estable desde 2014, pero el 62% señala que es la principal causa de la desconfianza hacia las instituciones. Y en torno a esta variable quien más ha sufrido es el gobierno, que perdió el 50% del capital de confianza asignado cuando comenzó.
La corrupción aparece como una de las grandes causas de la caída en la identificación de las personas con el colectivo social. Cerca de un 67% piensa que todas las personas o muchas están involucradas en los casos irregularidades y así la actividad pública se dibuja menos como un servicio y más como un privilegio para acceder a recursos con fines privados. También las empresas son entendidas como poco honestas (54%) y abusadoras, porque cobran precios inadecuados (60%). Todo lo que huela a otro y a público ha sido destrozado. Lo que están logrando las autoridades, entonces, es entronizar el individualismo y de desafección con toda causa política.
La despolitización de la sociedad puede ser perfectamente una estrategia política más que un efecto no esperado por el ejercicio inepto del poder. Después de anunciar la moderación del debate a través de la ministra Rincón y, luego, del ministro Eyzaguirre han tentado la suerte al comunicar que la ley de educación superior, todavía en diseño, tendrá que ser aprobada antes de diciembre. Todo un desafío a la lealtad de parlamentarios de centro izquierda que pocas ganas tienen de apoyar a un Ejecutivo soberbio, tozudo e ideológico con 21% de aprobación popular.
El gobierno cometió un grave error en 2014 al abandonar su relato sobre la necesidad de la Reforma Tributaria para financiar la educación. Enfrascado en un debate sobre quién pagaría más, si pymes o grandes empresas, terminaron legitimando la reivindicación de la mayoría de los empresarios pequeños de Chile y olvidaron la bandera que sí tenía apoyo popular. La reforma sería pagada por los ricos de siempre dijeron entonces y el público dejó de creerles. Las modificaciones a la ley laboral sufrieron el mismo destino por el mal manejo público del fomento a la confrontación social. E incluso la nueva ley de educación superior contiene este germen de división social, porque las universidades se verán obligadas a optar entre la libertad y el cumplimiento de roles sociales, lo que generará universidades para ricos y otras para los más desaventajados.
El espíritu de odiosidad y enfrentamiento está demasiado a flor de piel en el relato del gobierno y su modelo, un espíritu que creíamos superado y que representa el único modelo que merece ser tratado con retroexcavadora en el esquema social, político y cultural chileno.
