Noam Titelman y José Ignacio Latorre, en columna publicada el pasado lunes 7 de septiembre en El Mostrador, se preguntan por la posibilidad de plantear “Reformas estructurales al sistema de pensiones en Chile”.
Compartimos la inquietud de los autores: el sistema de pensiones acusa niveles de injusticia muy grandes, que es urgente solucionar, porque en él se juega la dignidad de la vejez y porque, en 2020, la población mayor de 35 años superará a la joven, —proceso muy documentado en la literatura especializada y que cambiará la estructura poblacional chilena, alrededor del año 2050—. Esto, debe motivarnos a avanzar en soluciones reales que generen consensos permanentes en nuestra sociedad.
Así, cualquier reforma implica, como contrapartida, un máximo de rigurosidad y precisión en su planteamiento. Concordamos con Titelman y Latorre en que las AFP no gozan de buena estima social y que hace falta una autocrítica por parte de quienes administran los fondos de todos los chilenos, que colabore a avanzar hacia una necesaria y profunda reforma del sistema.
Nos parece, sin embargo, que la columna de los militantes de Revolución Democrática no contribuye a enriquecer el debate, no sólo por el tono amenazante e impreciso, —misma actitud que ya hemos visto en reformas emprendida por la Nueva Mayoría y que no ha dado los mejores resultados— sino porque con la variedad de temas que tocan, que van desde AFP estatal hasta nueva constitución, no queda claro qué es lo que pretenden en el mundo de las pensiones. Que los autores sostengan, por ejemplo, que el objetivo del sistema fue crear “una vía de financiamiento barato para las grandes empresas”, es seguir una línea que no es fiel a la verdad. En 1981 el sistema de reparto estaba transitando una grave crisis y, como sea, la reforma implementada por la dictadura intentó hacerse cargo del problema originado por un sistema que tenía un alto costo para el Estado, sin que aquello se reflejara necesariamente en pensiones justas. Basta recordar que el esquema de reparto tenía exigencias draconianas para pensionarse como, por ejemplo, que en algunas cajas se le exigiese como mínimo 20 años de cotización para recibir una pensión, y su tasa de cotización era casi el doble que la actual, con resultados no muy distintos a lo que se consigue hoy en día, aunque con cero costo para el Estado.
[cita] Una visión política y social, que Titelman y Latorre en su columna no explicitan del todo, es necesaria para enfrentar este desafío que la justicia y el cambio demográfico nos impone. Ello nos exige que este ejercicio se realice con altura de miras porque, más que proponer salidas eficaces, en estos autores se ve un esfuerzo de instalar un debate con un objetivo distinto: el de la asamblea constituyente a través del argumento facilista y el lugar común. [/cita]
Todo ello, sin embargo, no implica transformarse en defensores del sistema de capitalización individual. Es cierto que, hasta la reforma de 2008, cotizar se parecía más a un “ahorro forzoso”, como dicen los autores, que a un esquema de seguro social. También es cierto que el sistema de capitalización individual, en sus inicios, no consideró la solidaridad como pilar fundamental de su estructura. Sin embargo, con sucesivas reformas, sobre todo la de 2008 promovida bajo el primer gobierno de nuestra actual mandataria, el sistema se ha ido pareciendo más un régimen mixto que a uno puramente individual. El pilar solidario, por ejemplo, financiado a través de los impuestos generales, significó un avance importante en términos de justicia social y un primer paso para seguir avanzando en la introducción de lógicas solidarias y complementarias al régimen contributivo, como existen en la mayor parte de la experiencia comparada. Qué hoy éste no sea suficiente es otra discusión, en la cual estamos muy de acuerdo en seguir avanzando. Hoy se gasta sólo el 0,7% del PIB en el pilar solidario, cuando el gasto promedio para este tipo de ayudas en los países OCDE es de 11%.
Cualquier reforma que implique modificar las estructuras de la sociedad, debe realizarse con extrema rigurosidad política y técnica, junto a un debate profundo sobre los principios que le subyacen. Las frases al voleo, los lugares comunes, y la falta de rigor técnico, no colaboran al fortalecimiento del debate público en una temática en que las mismas personas necesitan, además de justicia, claridad, seriedad y no puramente intuiciones.
En IdeaPaís, hemos apostado por este camino constructivo y hemos elaborado un informe social que resume los principales fundamentos de un sistema de pensiones sustentable y solidario. Debemos dejar atrás las dialécticas entre sistema de capitalización individual y sistema de reparto, como ocurre en la experiencia comparada donde, más que una enconada lucha entre Estado y mercado, existe una complementariedad de opciones de financiamiento, que solucionan problemas previsionales concretos y situados, como por ejemplo, el problema previsional de los jóvenes, o el de los trabajadores independientes, o el de los adultos mayores, o aquellos que afectan a la mujer. Cada uno de estos sectores necesita soluciones de justicia y solidaridad diferenciadas, acorde a sus circunstancias contingentes.
Una visión política y social, que Titelman y Latorre en su columna no explicitan del todo, es necesaria para enfrentar este desafío que la justicia y el cambio demográfico nos impone. Ello nos exige que este ejercicio se realice con altura de miras porque, más que proponer salidas eficaces, en estos autores se ve un esfuerzo de instalar un debate con un objetivo distinto: el de la asamblea constituyente a través del argumento facilista y el lugar común. El verdadero desafío político está en saber identificar, con buenos diagnósticos, las soluciones que nuestra sociedad necesita.
No podemos pretender que sea sólo el sistema de pensiones el que se haga cargo de las discriminaciones salariales que sufre la mujer, la desigualdad en ingresos, las falencias educativas de los jóvenes y las enormes fracturas del mundo del trabajo. Un verdadero debate con enfoque político no enfrenta estas problemáticas tan complejas apelando al cambio constitucional como si por arte de magia una nueva carta fundamental vaya a mejorar la calidad de las pensiones, sino que se enfrenta desde una perspectiva realista y fundada, sabiendo rescatar los elementos que han funcionado bien y potenciando aquellas medidas que ayuden a alcanzar un estándar más solidario, digno e inclusivo que nuestros pensionados y pensionadas necesitan.
