La enérgica ofensiva que se ha desplegado contra las reformas del Gobierno resulta sorprendente y manifiestamente antidemocrática. En primer lugar, porque una mayoría electoral del 62% representa un respaldo contundente al programa de transformaciones propuesto por la Presidenta Bachelet. En segundo lugar, porque esas reformas fueron exigidas por una ciudadanía que alcanzó elevados niveles de empoderamiento con las movilizaciones estudiantiles iniciadas el 2011.
Los ataques de la derecha solo se explican por su defensa intransigente del orden neoliberal que ella instaló gracias a la fuerza militar. A esta le cuesta entender las tensiones que se acumulan cuando no se enfrentan a tiempo transformaciones indispensables.
Lamentablemente, ex ministros de la Concertación también han cuestionado las reformas, junto a dirigentes de los mismos partidos de la coalición de Gobierno. Principalmente de la DC, pero también del PPD y el PS. En todos estos casos las explicaciones transitan desde la aceptación complaciente del orden neoliberal, la búsqueda de una alternativa política que trascienda la Nueva Mayoría o simplemente la defensa de intereses económicos contingentes, que en educación ha sido bastante evidente.
A estos cuestionadores se agregan los gremios empresariales, quienes defienden las ganancias extraordinarias de un modelo económico con escasas regulaciones y frágil fuerza sindical; pero su agresividad se ha visto multiplicada precisamente como consecuencia de la división de la Nueva Mayoría en torno a las reformas. Por cierto, a río revuelto, las cadenas de La Tercera y El Mercurio, alientan el consenso antirreformista con sus editoriales e información sesgada.
Las reformas no emergieron de un delirio extremista, sino que encuentran fundamentación en el despertar ciudadano durante el Gobierno de Piñera. La rebeldía de los jóvenes, contra el lucro y la discriminación en la educación, fue el primer hito de cuestionamiento a la conculcación de derechos sociales, reemplazados por la política de bonos y vouchers. A ello le siguió el rechazo al modelo económico concentrador y al régimen político excluyente. También la protesta llevó al convencimiento de que era necesaria una nueva Constitución, que fuese discutida y plebiscitada democráticamente. No había una revolución en curso, sino demandas ciudadanas para terminar con los abusos y desigualdades que imperan en el país desde hace 40 años.
[cita] La alianza antirreformista nos recuerda, con dolor, tanto las iniciativas desestabilizadoras de la oposición como los ataques de sectores de la propia Unidad Popular contra el Presidente Allende. Después de la tragedia que vivimos durante 17 años resultan incomprensibles, y en algunos casos de un irresponsable oportunismo, los intentos de políticos que originalmente apoyaron las reformas del actual Gobierno y ahora buscan su eliminación.[/cita]
Los éxitos macroeconómicos, la potencia exportadora, la eficiencia empresarial, el delirio consumista, abrieron paso a la denuncia de la otra cara de Chile: la mala educación; fragilidad sindical; salud buena para ricos y mala para pobres; baja captación impositiva; pensiones miserables para los ancianos; pésima distribución del ingreso y Pymes frágiles frente a los grandes empresarios.
Las demandas ciudadanas le dijeron al país que la transformación era posible. Que se necesitaba una mejor distribución del ingreso, era inaceptable el desequilibrio entre el poder patronal y el de los trabajadores, que el sistema impositivo era injusto y la alternancia en el poder no podía reducirse a solo dos bloques políticos.
Chile exigía reformas. Y la ciudadanía votó por el programa de la Presidenta Bachelet, precisamente para terminar con las desigualdades y los abusos.
Lamentablemente, los nuevos dirigentes, llamados a reemplazar a la vieja Concertación cometieron errores, que hoy pasan la cuenta al Gobierno. Jamás se debió haber aceptado el financiamiento de los Grupos Económicos para pagar personas en la elaboración del Programa, ni menos recibir dineros del yerno de Pinochet. La ética que ya estaba a maltraer durante los gobiernos de la Concertación terminó por los suelos. A ello se agregó el triste incidente del hijo de la Presidenta, que ayudó a debilitar al Gobierno.
Sin embargo, el deterioro de la ética no es patrimonio exclusivo de la Generación 90, sino que se extiende a parlamentarios de la Concertación, a la derecha y a otros que se suponen alternativos. También afecta a los empresarios que los corrompieron. Habrá que realizar esfuerzos superiores para recuperar los valores que caracterizaron a políticos decentes como Alessandri, Frei y Allende. La Comisión Engels es un aporte, aunque insuficiente. Es el propio modelo económico, con sus insuficiencias regulatorias, que ha construido una cultura que favorece la pasión por el dinero y la falta de escrúpulos.
Por otra parte, es claro que en la implementación de las reformas se han cometido errores. Pero estos no pueden servir para justificar el ataque brutal que han sufrido las transformaciones, ni tampoco son argumentos para fundamentar el “fuego amigo” que ha sufrido el Gobierno. Ello le ha significado pérdida de apoyo popular; pero, insistir en las reformas en la línea original y no retroceder, puede ayudar a recuperar el reencuentro con la ciudadanía. Es evidente que por la magnitud y profundidad de las reformas estas no pueden llevarse a cabo en un plazo de cuatro años. Necesariamente su implementación trascenderá el actual periodo presidencial.
La alianza antirreformista nos recuerda, con dolor, tanto las iniciativas desestabilizadoras de la oposición como los ataques de sectores de la propia Unidad Popular contra el Presidente Allende. Después de la tragedia que vivimos durante 17 años resultan incomprensibles, y en algunos casos de un irresponsable oportunismo, los intentos de políticos que originalmente apoyaron las reformas del actual Gobierno y ahora buscan su eliminación.
Los antirreformistas se han aprovechado de la situación. De las debilidades del Gobierno. Y han atacado con saña. Se ha producido un estrecho entendimiento, en extremo peligroso entre la derecha, los empresarios y ciertos políticos de la Concertación. Ello ha debilitado la convivencia democrática. En efecto, el diálogo ha sido reemplazado por la injuria y la amenaza e incluso algunos discursos apuntan a la desestabilización institucional.
Se ha producido un entendimiento, de hecho, entre la derecha, los empresarios y ciertos políticos de la Nueva Mayoría. Sería lamentable que el golpe blanco que amenaza a algunos gobiernos de la región se hiciera también presente en Chile. Los políticos que votaron el programa de Gobierno debieran mantener la calma. No pueden participar de los afiebrados cuestionamientos, que bloquean cualquier iniciativa de cambio en el país. Ello es peligroso para la democracia chilena.
