Nuestro país cada cierto tiempo cae en una espiral de histeria colectiva ante un fenómeno propio de la vida en sociedad, al que hemos llamado delincuencia.
Esta, al contrario de lo que pregonan los ilusos –como diría Portales– no se debe a la desigualdad, a la pobreza, la maldad de la gente, ni al apocalipsis próximo. Es lisa y llanamente, un fenómeno que constituye parte de la vida en sociedad.
No existe una sociedad libre de delitos.
Así las cosas y mirado desde esta perspectiva, lo máximo a que podemos aspirar, es a mantener este fenómeno controlado, dentro de márgenes aceptables, que permitan y hagan tolerable la vida en sociedad.
Actualmente, no vivimos una crisis delictual como les gusta pregonar a los sectores conservadores, seguidos ocasionalmente por sus amigos de la Nueva Mayoría, mientras ponen los ojos blancos y claman al cielo por una sociedad más segura.
En Chile, un número importante de causas que ingresan al sistema, constituyen delitos en contra de la propiedad. Lo común es el hurto, y el robo por sorpresa. Y esos delitos que normalmente no tienen imputado conocido, causan temor en la población, ya que el ciudadano común adelanta, que él podría bien ser víctima de alguno de ellos. Y no hay que mentirse, es cierto que en Chile se cometen más delitos contra la propiedad que en el resto del mundo, hay gente que hace su carrera en torno a sustraer lo ajeno y normalmente no le pasa nada, a menos que lo pillen con las manos en la masa.
Esto genera índices de temor relevantes, y la respuesta del poder político siempre ha sido la misma: aumentar las penas y restringir los Derechos Fundamentales de los procesados, aumentando las facultades de las policías.
[cita] Es tarea de todos dotarnos de métodos de control social eficientes. Está demostrado que el arraigo es el gran obstáculo para que una persona caiga en el delito. La familia en primer lugar –hetero, homo, bi o monoparental sirven igual–, un colegio acogedor y de calidad, una religión activa que tenga los brazos abiertos, clubes de fútbol, un grupo de música, juntas de vecinos… lo que sea. Estos son más efectivos en la lucha contra la delincuencia que un ejército de policías, jueces y fiscales en busca de sangre.[/cita]
¿Y a quién podemos apuntar con el dedo? ¡A los jueces, obvio!, ellos son los que ponen en libertad a los delincuentes y mantienen la puerta giratoria dando vuelta, protegiendo los Derechos de estos y olvidándose de las víctimas… es que nos dimos vuelta –dicen los nostálgicos–, pasamos de un régimen autoritario a uno cuya única preocupación son los derechos de los delincuentes, de los malos, del enemigo. ¡Malditos jueces!
Este planteamiento, común en la clase política, es tremendamente irresponsable, además que deja ver una ignorancia supina y pueril sobre el fenómeno delictual y sobre cómo funcionan las instituciones. Esto es tan obvio, que lo saben todos los actores del sistema, partiendo por cualquier estudiante de Derecho que haya puesto atención en las dos primeras clases de Introducción al Derecho Penal.
Los jueces no tienen nada que ver con que en un país existan más o menos delincuentes. Al contrario de lo que alguien podría pensar, los jueces no tienen vocación de superhéroe como para luchar contra la delincuencia. Están ahí con el mismo propósito que todo el resto de los jueces: resolver conflictos, aplicar la ley y velar por que se respeten las normas del debido proceso.
Si hay más o menos delincuencia después de eso, no es tema del juez. ¡Menos mal! ¿Se imagina Ud. si los jueces hicieran política desde los tribunales? Sería el acabose.
Y aquí es cuando aparecen algunos senadores y diputados, encabezados por el senador Espina, quienes sostienen que los jueces de garantía son unos descriteriados que dejan en libertad a delincuentes avezados, todo por proteger sus garantías fundamentales.
Derechos Humanos. ¿Qué tontera, no?
¡Entonces los fiscales! ¡Claro! Los fiscales deben ser los culpables de todo, son ellos los que van a juicio, piden penas bajas, no comparecen en las audiencias y no se dedican a investigar los delitos, ¡malditos fiscales!
La verdad es que no completamente. Lamentablemente los fiscales tampoco tienen la culpa de lo que ocurre. Y es que si bien efectivamente son ellos quienes dirigen la investigación, y en última instancia inciden directamente en el resultado del juicio, hay que hacer un examen algo más acucioso sobre el tema.
Jurídicamente, el fiscal efectivamente tiene a su cargo la investigación y para ello puede apoyarse en las policías y los distintos servicios –Registro Civil, Servicio Médico Legal, etc.–, quienes tienen el deber de entregarles la prueba suficiente para llevar a juicio un caso y ojalá obtener una sentencia condenatoria.
Aquí aparece el primer gran problema que uno ve en las noticias. “Sujetos quemaron a cajero para sustraerle $20.000, y en el control de detención fueron puestos en libertad”. Pero nadie se molesta en informar que el fiscal apareció en esa audiencia con la única evidencia de que había testigos, que escucharon que los imputados podrían haber estado involucrados de alguna manera. A mi juicio, es muy poca prueba como para encarcelar a alguien, sin siquiera tener sentencia.
Y, finalmente, ¿quién queda pésimo? El juez, ya que fue él quien puso en libertad a ese monstruo.
En la práctica, las policías no dependen del Ministerio Público, así como tampoco ningún servicio en particular. En términos simples, los fiscales son simples clientes de la policía. No tienen absolutamente ningún poder ni control sobre ellos y, en el caso en cuestión, el fiscal tuvo que pararse frente al juez a pedir prisión preventiva con la información que le proveyeron las policías, quienes no fueron capaces de encontrar nada más que un par de testigos que escucharon que los imputados podrían haber tenido algo que ver en los hechos.
Súmese esto al hecho de que existen en nuestro país fiscales que manejan cifras cercanas a las 3.000 causas, por lo que se ven en la obligación de priorizar aquellas que tengan una prueba más clara y, por cierto, desechar de antemano las causas más pequeñas y difíciles mediante “archivo provisional”. O sea, prácticamente todos los robos por sorpresa y hurtos en lugar no habitado caben aquí, así como todas las causas que contemplen delincuentes más suspicaces, que traten al menos de borrar sus huellas.
Por favor, tenga Ud. en consideración que los fiscales no son más que un grupo de abogados con acabados conocimientos jurídicos y expertos en litigación. No son CSI, no van a ir a la escena del crimen para recoger colillas de cigarro para analizar su ADN con el fin de atrapar al asesino, eso es para la PDI. El fiscal en el mejor de los casos puede intuir qué prueba necesita y solicitarla mediante un escrito llamado “orden de investigar” a la policía.
De todos modos, se extraña –y esto sí que es culpa del Ministerio Público– una investigación armoniosa de delitos mirados como un todo, en vez de hacer micromanagement delictual. Entiéndase por tal, agrupar 20 asaltos en el sector de Plaza Italia, como para iniciar una investigación exhaustiva de una posible banda criminal, en vez de tomar y archivar las 20 causas porque no hay prueba suficiente en ninguna de ellas por separado.
Entonces, ¿quién tiene la culpa?
El fenómeno delictual tiene múltiples aristas, y el gran culpable en primer término es el Gobierno. Son ellos quienes controlan y tienen contacto directo con las policías, quienes presentan proyectos de ley y, en definitiva, quienes tienen a su cargo la política criminal, haciendo de ella parte al Ministerio Público y los demás actores.
Hago el paralelo entre política económica y política criminal. Y es que en nuestro país somos los reyes de la economía, nos llenamos de ingenieros comerciales, doctores de Harvard y del MIT. Hablar disparates en temas económicos es muy mal mirado, lo cual está muy bien, ya que la economía es un área sensible de la actividad nacional y sería inaceptable entregársela a ineptos e ignorantes que no la manejan como la ciencia que es. Como consecuencia, Chile tiene buenas políticas económicas.
En la política criminal debería pasar lo mismo, basta ya de tomar a la ligera un fenómeno cuyas soluciones requieren de un trazado de largo plazo. Estamos tan acostumbrados a legislar al vaivén de la prensa y de las encuestas, que estamos llegando al extremo de lanzar leyes con nombre y apellido –ley Emilia, ley Zamudio… etc.– y “agendas cortas” –Michelle Bachelet ha tenido una para cada Gobierno– para hacerle frente a un problema multisistémico, que debemos enfrentar de manera armónica y científica. Es un fenómeno social complejo y la respuesta debe ser compleja. Chile ya no está para discursillos fáciles y monotemáticos que pretenden que todo se soluciona de un plumazo, redactando una ley, subiendo penas o dando aún mayores prerrogativas a la policía.
La solución para el fenómeno delictual, pasa, en el corto plazo, por una coordinación eficaz entre policías, fiscales y servicios públicos, y a su vez estos órganos necesitan más y mejor financiamiento para descargarse de la excesiva carga de trabajo que tienen, que no permite un buen desempeño de sus funciones, y que esta coordinación sea de manera focalizada, cortando carreras criminales.
Todo lo anterior, requiere voluntad y trabajo, ninguna ley de por medio.
A largo plazo, lo mejor es identificar a los futuros delincuentes mientras aún son niños y ponerles especial cuidado y atención, para que no caigan en carreras delictivas, y este trabajo es del Gobierno. Jueces y fiscales no tienen nada que ver.
Y, por último, es tarea de todos dotarnos de métodos de control social eficientes. Está demostrado que el arraigo es el gran obstáculo para que una persona caiga en el delito. La familia en primer lugar –hetero, homo, bi o monoparental sirven igual–, un colegio acogedor y de calidad, una religión activa que tenga los brazos abiertos, clubes de fútbol, un grupo de música, juntas de vecinos… lo que sea. Estos son más efectivos en la lucha contra la delincuencia que un ejército de policías, jueces y fiscales en busca de sangre.
Lo otro es que nos demos el tiempo de pensar cómo queremos castigar los delitos, y si nuestro Código Penal de hace más de un siglo está a la altura de los tiempos como para seguir parchándolo, pero eso es harina de otro costal.
