A propósito del artículo de Tomás Aylwin “ La delincuencia y las culpas no asumidas”
Señor Director:
Resulta sorprendente la argumentación del abogado Thomas Aylwin sobre la delincuencia y las culpas no asumidas en Chile, especialmente los delitos contra la propiedad y los hurtos. Se explaya en el caracter “complejo” de la delincuencia como fenómeno social permanente e inmanente a todas las sociedades, y llega a la conclusión que las soluciones deben ser “complejas” porque no hay convivencia humana sin delitos. Toda la responsabilidad sobre la incapacidad y la desidia del sistema penal la traslada al “gobierno”, es decir a los “políticos”, argumentando que los jueces nada pueden hacer sin pruebas y que las fiscalías están sobrecargadas de trabajo.
Su propuesta de prevención de la delincuencia es, por cierto, acertada, pero es una política de largo plazo que de implementarse eficazmente, sería muy positiva. Sin embargo el problema de los robos contra la propiedad son ahora, y la manera indolente de cómo se abordan constituyen una verdadera vergüenza nacional.
En un país como Chile, donde las huellas digitales de toda la población están debidamente registradas, todo el sistema penal está concentrado en impedir que se tomen las muestras de huellas inmediatamente después de haber ocurrido los asaltos. La PDI debe pedir un permiso a la fiscalía primero para poderlo hacer y este trámite puede demorarse varios días e incluso semanas según el nivel de burocracia de la fiscalía. El resultado es evidente: las huellas se borran porque una familia no puede clausurar su casa a la espera de estos procedimientos.
Chile está atrasado en una técnica tan sencilla como ésta que se aplicaba ya hace dos siglos en Europa y el resto del mundo. Allí, no hay ninguna “complejidad”, allí hay solo tontera y pereza de parte del conjunto del sistema penal chileno, donde nadie asume nada. Los fiscales están sobrecargados, los jueces no tienes las pruebas suficientes, Carabineros no tiene automóviles para llegar al lugar de los hechos, la PDI no puede proceder sin permiso de la fiscalía y así se reproduce una cadena de elusión de responsabilidades que concluye con lo mismo: los casos se archivan.
Esto no se trata de una discusión académica, ni de alto nivel técnico como plantea Aylwin en su artículo. Esto se trata de un mínimo de criterio y voluntad práctica de combatir la delincuencia con un mínimo de inteligencia y eficacia. Aquí no hay sed de “sangre” como escribe burlonamente el autor.
Mi casa ha sido asaltada cinco veces y estos casos fueron archivados sistemáticamente. En una oportunidad incluso con la destrucción de la puerta de entrada a hachazos, donde Carabineros declaró el ingreso a propiedad ajena por parte de los delincuentes “por motivos desconocidos”. Ante mi indignación exigí a la PDI que tomara las huellas digitales , pero como la fiscalía estaba “sobrecargada”, y no había recibido todavía el informe de Carabineros, no podía autorizar estas investigaciones. Esa es la realidad del combate a la delincuencia en Chile. Luego de transcurridos diez días, estaba todo listo para archivar el caso de nuevo.
Si el abogado Aylwin cree sinceramente que la culpa de la ineficacia del combate a los delitos en Chile radica sólo en el sistema, y no en fiscales, ni jueces, ni abogados y otros funcionarios del sistema penal, quiere decir que nunca ha pasado por la desagradable situación de la impotencia del ciudadano ante la dominación burocrática de nuestro sistema jurídico penal que apunta única y exclusivamente al apego a los procedimientos sin ningún espíritu para resolver los casos en cuestión.
La negación de las responsabilidades individuales que le competen a los funcionarios del sistema judicial solo contribuye a alimentar el espíritu burocrático de estos chilenos que son remunerados para combatir la delincuencia y que encuentran todo tipo de justificaciones para hacer un trabajo sin resultados. Un ejemplo de ello, entre muchos otros, es el asunto de la localización de los delincuentes a través de la toma de huellas digitales en los lugares del delito. Chile es el único pais donde la ”impecable conducta anterior” se aplica a menudo para perdonar el primer delito en vez de servir, como en cualquier sistema racional, solamente como una atenuante. Sobre todo si se trata de acusados con fuertes redes de apoyo social, económico o político.
No se equivoque abogado Aylwin, la gente no cree en los jueces, ni en los fiscales ni en los abogados, ni en los políticos, porque estén siendo manipulados, sino que por motivos completamente justificados. No vale la pena auto-engañarse con análisis “complejos” ante una realidad evidente. Aquí estamos en presencia de una alta tolerancia frente al trabajo ineficaz del sistema judicial. Los cambios comienzan por las personas. O si no pregúntele al fiscal Carlos Gajardo.
Eda Cleary