En un país extremadamente futbolizado, que acaba de coronarse campeón de la Copa América, después de dilatarlo por más de un año, y teniendo otras fechas disponibles, el Gobierno decidió anunciar el mecanismo que supuestamente culminará con una nueva Constitución, ni más ni menos, que un par de horas antes del segundo partido de la Selección, clasificatorio para el Campeonato Mundial de Rusia. Mal comienzo y peor señal. Y si lo anterior fuera poco, con unas gambetas y juego de piernas propios de una cancha futbolera, la Presidenta describió un procedimiento para tales efectos en un lenguaje cuyo carácter enrevesado y falta de claridad parecían buscar más “embolinar la perdiz”, como se diría en buen chileno, que comprometerse de manera franca con el cambio de nuestra Carta Política Fundamental.
Porque en definitiva lo que parece hacer el Gobierno no es solo “lavarse las manos” con la conducción y contenido del proceso, sino que también “chutear” hacia adelante la decisión final –para seguir con la analogía futbolera–, a objeto de que sea “el nuevo Parlamento elegido en el 2017” el que decida el mecanismo y las formas de aprobación de la nueva Constitución. En otras palabras, en el próximo período presidencial.
Lo peor de todo, sin embargo, no es aquello. Lo peor, es la concepción que yace detrás del anuncio presidencial. Y es que los aspectos políticos, sociales e institucionales de Chile, durante al menos estos últimos diez años, nos indican que en contra de la pretensión de las élites que históricamente han hegemonizado el panorama, hoy el país requiere avanzar significativamente en la configuración de una nueva forma de organización, que adquiera de verdad características refundacionales.
Lejos de ello, sin embargo, la propuesta gubernamental para el proceso parece encuadrarse en la concepción constitucionalista autoritaria de Carl Schmitt –la misma que inspiró la Constitución del 80–, que busca la estabilidad del orden político por sobre todas las cosas y que delega solo en unos pocos “iluminados”, los parlamentarios en este caso, el poder de decidir qué requiere el bien de la comunidad.
Por el contrario, lo que el contenido y las formas de las demandas ciudadanas han expresado de modo tácito y explícito, a través de sus acciones y posiciones, a lo menos desde el 2006, es la necesidad de que Chile cuente con una nueva Constitución que venga a consagrar un nuevo Orden en el país, fundado en el ideal del Republicanismo radical: la Igualdad y la Libertad como No Dominación.
En esta línea, necesariamente debemos considerar que la política consiste en efectuar una ruptura o un cambio radical en la situación actual, o como diría Badiou, en demostrar “la posibilidad de una imposibilidad”, que no es otra cosa que considerar que es posible dar lugar a sucesos que hasta el momento han sido excluidos, por ser inadmisibles en el actual contexto. Idea bastante lejana, por cierto, de la cantilena del “realismo sin renuncia” gubernamental.
[cita]Chile necesita que el poder constituyente retorne a lo social y que lo haga sin intermediarios. El camino no son ni los consejos consultivos, ni diálogos-distractores. Menos aún, entregar este poder al Congreso, que en la actualidad se encuentra fuertemente deslegitimado. En consecuencia, el camino a seguir, de manera directa y sin plebiscitos ni ambages, debe ser la Asamblea Constitucional.[/cita]
En su revisión del concepto, Miguel Vatter señala que desde Maquiavelo hasta Arendt, la democracia y el republicanismo radicales consideran a la “no-dominación” como el ideal por excelencia, cuya verdad se construye a través de la organización política, y cuya máxima expresión es la idea de un “no-gobierno”, entendido, este, como la ausencia de la distinción entre gobernantes y gobernados. Ambos son iguales y ninguno tiene poderes o dones especiales que lo hagan mejor que los otros. Esta concepción se traduce en que el ideal de la “no-dominación” requiere ser pensado en el contexto de una constitución de la libertad, lo que implica que el constitucionalismo debe acoger al no-gobierno para ser su ideal rector.
A partir de lo anterior, por tanto, la idea propuesta en el mecanismo anunciado por la Presidenta de la República, que incorpora en una de sus etapas la realización de “diálogos ciudadanos participativos” no vinculantes, a cargo de un Consejo ad hoc, cuyo consolidado constituirá las “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”, no es más que un sucedáneo ornamental, que se encuentra lejos de los niveles y volúmenes de involucramiento real de los ciudadanos y ciudadanas que se requieren en un proyecto de esta magnitud e importancia para el país.
Porque la representación política en el marco del republicanismo radical no se traduce ni en una mera consulta ni en la emisión de un voto, ni tampoco en la conquista del Poder del Estado. La representación, desde este punto de vista, se logra mediante la constitución de un pueblo verdaderamente libre e igual, que ejerce un juicio reflexivo y que hace un uso público de la razón. En este sentido, Chile necesita que el poder constituyente retorne a lo social, y que lo haga sin intermediarios. El camino no son ni los consejos consultivos, ni diálogos-distractores. Menos aún, entregar este poder al Congreso, que en la actualidad se encuentra fuertemente deslegitimado. En consecuencia, el camino a seguir, de manera directa y sin plebiscitos ni ambages, debe ser la Asamblea Constitucional.
El país requiere una Nueva Constitución que, como dirían Maquiavelo y Pettit, se inspire tanto en el resguardo de la libertad del individuo como en la abolición de todas las relaciones de dominación de la sociedad, incluyendo la dominación legal del Estado.
Necesitamos refundar la República de modo tal que el orden sea asegurado por el gobierno de la Ley y no por el gobierno de los gobernantes, con su arbitraria interferencia. Una nueva República sustentada en una Constitución que consagre el poder del pueblo, y que ponga fin a las desigualdades y a la dominación del ser humano por el ser humano en todas sus dimensiones: social, económica, política, de género, cultural, entre muchos otros.
En definitiva, necesitamos fundar una nueva República cuya Carta Fundamental establezca de manera robusta los derechos políticos, económicos y sociales, así como sus respectivas garantías, de manera tal, que podamos construir un país centrado en la sana convivencia, en la cooperación y en la búsqueda del interés general, sin espacio para la demagogia, el clientelismo, el nepotismo y el populismo. Lamentablemente para ello, el anuncio presidencial no da el ancho.
