Durante la tramitación del proyecto de ley que fortalece y moderniza a los partidos políticos, en la Comisión de Constitución de la Cámara se han presentado situaciones que son de suma importancia para la tramitación de la Agenda de Probidad y Anticorrupción que impulsa el Gobierno. En ella se ha revelado la voluntad de muchos parlamentarios –de hecho, de la mayoría transversal de los miembros de la Comisión– de rechazar las disposiciones que impliquen controles externos e imparciales para los partidos políticos.
Puntualmente, se rechazó una norma que establecía la posibilidad de que los militantes recurran al Servel en caso de que se les niegue el acceso a información del partido. También se rechazaron normas que contemplaban la supervisión del mismo Servel en las elecciones internas y la posibilidad de los militantes de impugnar ante el Tricel el resultado de dichas elecciones.
Los argumentos que algunos parlamentarios han dado consisten en que la redacción de las normas propuestas por el Ejecutivo podrían dar lugar a atentados contra la autonomía de los partidos políticos, alterando de forma injustificada su funcionamiento interno y sus mecanismos de autodeterminación.
Dichos argumentos parecen injustificables. Ellos no dan cuenta de que el país completo –con financiamiento público incluido– está haciendo un esfuerzo considerable por rescatar a nuestros partidos de los niveles de desprestigio y desconfianza que hoy exhiben. En ese sentido, no parece adecuado que se esgriman fundamentos relativos a lo que han sido las prácticas vigentes para rechazar estas normas que buscan modernizar los procedimientos de instituciones que cumplen con un rol público evidente y que están –de forma exclusiva– dotados de una serie de facultades y prerrogativas dentro del sistema democrático.
Además, las normas propuestas no parecen exageradas y se refieren a aspectos muy limitados de la vida interna de los partidos, es decir, no comprometen de forma relevante la autonomía de los mismos. Llama la atención lo similar que son dichos argumentos a aquellos a los que recurren empresarios, determinados gremios o grupos de interés que se desempeñan en el sector privado para efectos de oponerse a la implementación de políticas que tengan por objeto regular ciertos aspectos de sus actividades. A pesar de dichos argumentos, nuestros políticos han decidido –y en buena hora– aprobar e implementar políticas que se hacen cargo de los aspectos de interés público comprometido en dichos sectores. Sinceramente, no se entiende por qué esto no sería procedente en el caso de los partidos, especialmente en consideración del papel que desempeñan.
[cita]Nuestros políticos han decidido –y en buena hora– aprobar e implementar políticas que se hacen cargo de los aspectos de interés público comprometido en dichos sectores. Sinceramente, no se entiende por qué esto no sería procedente en el caso de los partidos, especialmente en consideración del papel que desempeñan.[/cita]
Tampoco parece muy atingente el argumento planteado por los parlamentarios si se tiene en cuenta que, conforme a nuestras normas, las que son aprobadas por los mismos legisladores, distintas organizaciones cuentan con fiscalización externa para ciertas cuestiones de especial relevancia. Es el caso de las juntas de vecinos, por ejemplo. En ese sentido, lo que se le está pidiendo a los partidos no es un esfuerzo distinto al que hace otro tipo de organizaciones y, por lo tanto, las normas que se proponen no parecen motivadas por una desconfianza intrínseca hacia nuestros partidos políticos.
La aprobación de estas normas es fundamental para dotar de legitimidad pública –no solo interna– a los procedimientos más relevantes de los partidos políticos. De ellos surgen nuestros parlamentarios, ministros, presidentes y una gran cantidad de funcionarios públicos. Son los encargados de representar los intereses e ideas de la ciudadanía y adoptar las políticas y decisiones que reflejen lo que esta entiende como el bien común. Por todo eso, es fundamental que se den garantías públicas de que, por ejemplo, las elecciones internas de los partidos estén libres de todo cuestionamiento relativo a su licitud y legitimidad, para lo cual es imprescindible que se contemplen instancias externas e imparciales que puedan resolver las controversias que a dicho respecto se puedan suscitar.
Hoy contamos con la oportunidad de adoptar políticas y regulaciones que acerquen los partidos políticos y, de paso, la política misma a la gente. De no aprovecharse, las consecuencias para nuestra democracia podrían ser mucho mayores y graves que la pérdida de un espacio de autonomía partidaria.
