Existe una irritación bastante extendida respecto a la forma en que se ha desarrollado la reforma educacional: un día se anuncia una cosa; al otro, lo contrario; y, al siguiente, algo nuevo. La situación de la salud, el difícil debate respecto del presupuesto del sector, para el próximo año, resulta difícil de comprender. Frente a esta situación existen dos actitudes principales: la primera buscar aprovechar políticamente las dificultades –lo que es legítimo en un sistema democrático–, pero que con frecuencia encubre la oposición a la idea misma de las reformas y elude el debate serio sobre los problemas que nos aquejan. La segunda, es realizar un análisis de las dificultades, identificarlas y dimensionarlas adecuadamente para impulsar las acciones requeridas para superarlas.
Tres artículos de prensa recientes se ubican en el primer tipo de comportamiento.
Héctor Soto, en su columna “El Estado desfondado”, sostiene que los graves problemas que se enfrentan en educación y salud son resultado de una especie de arranque de locura o de un populismo extremo de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet, cuando se le “ocurrió” comprometer educación gratis y de calidad para todos, así como la construcción de 20 hospitales, inicio de obra de otros 20 y licitaciones realizadas de otros tantos.
Andrés Chadwick, por su parte, en “El costo de un mal menor”, culpa al actual Gobierno de la desaceleración económica, como si ella no hubiese empezado bajo la administración de Piñera y como si la economía internacional no estuviera sufriendo ningún problema.
Subiéndose al mismo carro Óscar Guillermo Garretón, en su artículo “Hacer bien las cosas”, descalifica, tildándolas de falsos problemas, dificultades que han afectado a la gestión de la Concertación, como fue una innegable y excesiva incidencia de la tecnocracia concertacionista en un contexto de deterioro de los partidos. Expresa también convicciones íntimas, legítimas sin duda, pero que en el diálogo político deben ser fundamentadas, como cuando afirma que floreció la mala gestión “como es habitual en el quehacer público”. Afirma así, implícitamente, la superioridad –siempre y en todo lugar– de la gestión privada, cuestión que después de la crisis de 2007-2008, que todavía tiene al mundo bajo serios aprietos, resulta un mal chiste.
[cita tipo=»destaque»]Es cierto que hay problemas de gestión pública. También de gestión en sentido estricto. Y no son pocos. Pero cometeríamos un grave error si hiciéramos caso omiso de los problemas de fondo que afectan al Gobierno, al sistema político y al modelo económico.[/cita]
Sin duda que la gestión política de algunas reformas ha sido catastrófica. Los problemas del sector salud son irritantes. No obstante, es fundamental superar el ideologismo fácil y analizarlos a fondo. Ello no es posible en el marco de una columna, pero sí se pueden adelantar algunas ideas.
Una consideración inicial: las reforma comprometidas por la Presidenta no solo reflejaban, y lo siguen haciendo, una demanda ciudadana profundamente sentida, sino que además constituyen desafíos relevantes en todos los países del mundo. Acabo de asistir al Seminario “The Welfare State and the fight against inequality” (“El Estado de bienestar y la lucha contra la desigualdad”), organizado por la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York con participantes de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, y la demanda por educación pública gratuita, de un sistema de salud universal, un mecanismo público potente de pensiones y relaciones laborales simétricas, aparecen como condición indispensable para una sociedad más igualitaria y una economía más dinámica.
Si se trata de reformas que tienen sentido, ¿cuál ha sido entonces el problema? Sin duda, la principal dificultad radica en la división que afecta al Gobierno y a la coalición que lo sustenta. Hay sin duda una responsabilidad en la actual Presidenta, pero también en las directivas de los partidos que no quisieron –¿no pudieron?– debatir a fondo la propuesta programática que le querían hacer al país.
En el caso de la reforma tributaria, proponerse salir del camino fácil de elevar el IVA, política que se había utilizado en los últimos 24 años, y asegurar que el sistema tributario se hacía progresivo, hacía indispensable revisar el FUT y todo lo que se había vendido –con pocos fundamentos empíricos– como incentivos favorables a la inversión. No era un tema que se podía eludir en la campaña, pues muchos de los que “perfeccionaron” el sistema tributario, formaban parte de la Nueva Mayoría.
Al desatarse la discusión en la tramitación de la reforma, se les facilitó a la oposición y al empresariado desarrollar su oposición comunicacional, que afectó gravemente a laimagen gubernamental. En el caso de la reforma educacional la situación ha sido aún más complicada. La educación es de los temas más sensibles. Tiene que ver con nuestras creencias, los valores y el futuro de nuestros hijos e hijas. Pone sobre la mesa las visiones sobre lo público, lo privado y los valores de la igualdad en su relación tensa con la cotidianeidad de la vida en común de diversos sectores sociales, entre otras cosas.
Estos temas requerían definiciones previas a la campaña electoral, cuestión que tampoco se hizo suficientemente –esto no quita que no haya habido errores gruesos de diversa naturaleza de las autoridades del sector–. Algo similar se puede decir respecto de la reforma laboral. Se trata de diferencias difíciles de abordar, pues las reformas ponen en cuestión no solo valores sino que intereses profundamente enraizados y sin duda poderosos. El resultado de esta falta de discusión y de definiciones es que toda la gestión gubernamental, y en particular la de las reformas, ha estado cruzada por profundas diferencias.
Estas diferencias, y este es el segundo problema, tienen que ver con que el consenso social que se construyó para derrotar la dictadura y que se proyectó en los gobiernos de la Concertación, se ha quebrado. Es cierto que algunos afirman que esta afirmación es producto de mentes afiebradas. No obstante, no son solo las fuertes movilizaciones sociales de los últimos años las que fundamentan esta afirmación: es también el rechazo al modelo educacional vigente; los cientos de miles de procesos judiciales contra las Isapres; el rechazo generalizado al sistema de AFP –que se expresó además en un empate técnico entre los miembros del Consejo Asesor Presidencial–, el cuestionamiento cada vez más generalizado del tipo de capitalismo existente en Chile –¡cada vez hablamos más del modelo nórdico!, esto como un objetivo a buscar. En estas condiciones, la deliberación política amplia es una condición indispensable. El Gobierno y la coalición han sido poco proactivos en este campo.
El tercer problema deriva de que el sistema político no está ayudando a resolver las diferencias que nos separan. No son solo los problemas de probidad que afectan al país. Enfrentamos dificultades con el sistema presidencial –pareciera insostenible la tensión entre el presunto casi omnipotente poder presidencial y las dificultades que enfrenta el liderazgo del Presidente(a)–; con el Congreso que pasa por una crisis de proporciones en que la formalización de algunos de sus miembros es solo una parte menor del problema. Existe un acentuada desafección ciudadana respecto al sistema político, que se expresa entre otras cosas en la baja participación electoral y la baja apreciación de las principales instituciones. El centralismo no es un problema menor.
Cuando se escucha a los críticos pareciera que los problemas de gestión empezaron con el proceso reformista. El “Davilazo”, la pésima forma en que se enfrentó la crisis asiática, las diversas crisis eléctricas, el MOP-Gate, el Transantiago, la reconocida falta de pericia de la gestión política de Piñera, el “mejor censo de la historia”, son ejemplos que cabe no olvidar. Todo ello está asociado –y este es el cuarto problema– a que no se han abordado suficientemente las reformas de fondo del sector público. Un Estado en serio no permite que se hagan sin más ni más las locuras que se le puedan ocurrir a un Gobierno de turno
Finalmente, es cierto que hay problemas de gestión pública. También de gestión en sentido estricto. Y no son pocos. Pero cometeríamos un grave error, si hiciéramos caso omiso de los problemas de fondo que afectan al gobierno, al sistema político y al modelo económico. Habría sido también un error haberse olvidado de las reformas; habría significado hacer oídos sordos al clamor ciudadano.
