El fallo del Tribunal Constitucional —aún cuando sea considerado por algunos una opinión política antes que jurídica— pone de relieve tres cuestiones cruciales para la democracia que queremos construir en Chile, y para una organización social basada en los principios de la paz, la igualdad y la protección del más débil en la que estamos empeñados.
Primero, el avance hacia una sociedad de derechos es irreversible, incluso para la derecha que, después de un rechazo ideológico al valor de la igualdad (todavía en sus ambientes se habla de la «tiranía» de la igualdad), ha debido recurrir al Tribunal Constitucional para obstaculizar su concreción a través de esta glosa presupuestaria, mecanismo que el propio Tribunal ¡desestimó que fuera inconstitucional!
Hoy, como se deduce del requerimiento de la oposición, no está en discusión el financiamiento gratuito de la educación superior, ni siquiera el procedimiento adoptado por el Gobierno, sino el problema acerca de qué instituciones deben ser las elegidas. A propósito de lo cual habría que decir que, en la actualidad, las becas Bicentenario y los créditos del Fondo Solidario, se otorgan sólo a estudiantes del Cruch —entidades sometidas a estándares de acreditación mucho más elevados que el resto de las universidades— sin que se hayan escuchado las aprensiones que hoy plantea la derecha. Aún más, el propio gobierno del presidente Piñera, empleó igual mecanismo para solventar el Fondo Fortalecimiento CRUCh y el Fondo Basal por Desempeño.
Nuestro desafío es encaminarnos hacia el horizonte de mediano y largo plazo de una sociedad justa y solidaria, donde el Estado tenga, más que un rol subsidiario, el papel de ser un genuino garante del Bien Común.
Segundo, si la educación estuviera reconocida como un derecho constitucional y, en consecuencia, no como un beneficio patrimonial, no como un bien de mercado, no como una mercancía, sino como una garantía exigible y justiciable, no tendríamos hoy los vergonzantes niveles de desigualdad que, en los fundamentos de su recurso de inconstitucionalidad, destaca la derecha para frenar su gratuidad.
[cita tipo=»destaque»]Nosotros hemos afirmado que no se aviene con la democracia ni con el régimen constitucional la existencia de un órgano que, como el Tribunal Constitucional, actúa al modo de una asamblea deliberante semejante a la Cámara y al Senado, pero sin la representatividad y la legitimidad, que como tales órganos de representación les concede el voto popular.[/cita]
Desde luego, el debate, tanto en el Congreso como en el Tribunal Constitucional, sería otro. Recordemos que el actual modelo inequitativo y discriminador que hoy reprocha la derecha se instaló hace treinta y cinco años, y que desde entonces ha venido operando hasta este momento en que se busca provocar un giro que tardará años en consolidarse.
Nuestro desafío es que estos principios de fin al lucro con los derechos fundamentales y de gratuidad en su acceso, hace algunos años impensables, conquisten la verdadera jerarquía que se merecen en una nueva Constitución.
Tercero, no podemos ensalzar las resoluciones del Tribunal Constitucional cuando se inclinan a favor de la supresión del sistema binominal, y de denostarlo, cuando se pronuncian en contra de un proyecto que nos interesa. El TC es parte del Estado de derecho realmente existente, y su desempeño debe ser juzgado y aquilatado en el marco de la institucionalidad que queremos cambiar.
Nosotros hemos afirmado que no se aviene con la democracia ni con el régimen constitucional la existencia de un órgano que, como el Tribunal Constitucional, actúa al modo de una asamblea deliberante semejante a la Cámara y al Senado, pero sin la representatividad y la legitimidad, que como tales órganos de representación les concede el voto popular. Sin duda, la controversia entre financiar la oferta o financiar la demanda, dilema que fija la diferencia entre una regulación democrática y una regulación de mercado, es un asunto primordialmente político, no jurídico y, en por consiguiente que debe ser zanjado por las instancias que granjea nuestra democracia representativa.
Nuestro desafío es profundizar y ampliar la democracia para que la voluntad soberana no sea vetada a través del uso antojadizo de una institución que debería dirimir conflictos de relevancia jurídica.
