Luego de un año de intenso debate relativo a las reglas que queremos para nuestro sistema político democrático, estamos entrando en un periodo de importantes definiciones. De hecho, hoy lunes 21 de diciembre, la Sala de la Cámara de Diputados votará el proyecto de Ley de Partidos Políticos.
Este proyecto, establece –entre otras cosas– la obligación de celebrar elecciones de las autoridades internas de los partidos de forma periódica, consagra la obligación de transparencia activa, por ejemplo, mediante la publicación de gastos y financiamiento del partido, y crea –por primera vez– un estatuto con derechos y deberes para sus militantes. Sin embargo, en Fundación Ciudadano Inteligente consideramos que existen algunos aspectos en los que aún es necesario avanzar:
1. El objetivo de contar con partidos representativos y nacionales no puede devenir en el establecimiento de condiciones que inhiban el surgimiento de competencia democrática. Las exigencias establecidas –aquí y en el proyecto de financiamiento– no permiten que un proyecto político serio y de largo plazo cuente con los tiempos y medios necesarios para darse a conocer a la ciudadanía y consolidarse. Nos parece que lo anterior solo genera incentivos para iniciativas políticas cortoplacistas, sin una visión y compromiso con los problemas y soluciones de largo plazo para el país.
[cita tipo=»destaque»]Hoy tenemos una oportunidad única para cambiar el curso de nuestra democracia y es fundamental que como ciudadanía pongamos nuestra atención en las reformas que se están desarrollando, porque en función de lo que hoy se decida, se determinará –en buena parte– la forma en que se debatirá en el futuro respecto de todos los demás temas que afectan nuestra vida en común.[/cita]
Durante la discusión, se han establecido reglas atenuadas para los partidos que están actualmente en formación, pero estas solo buscan abrir las puertas de la competencia por un pequeño periodo. Al respecto, proponemos que se establezcan normas de formación que garanticen una visión de país de los partidos y, de forma permanente, una gradualidad en la aplicación de las condiciones de subsistencia para los partidos nuevos, para que estos no desaparezcan por el mal resultado en una sola elección.
2. Sobre la democracia interna de los partidos, es necesario que se profundice en los avances realizados hasta ahora y se contemple de manera clara la facultad del Servel de poder fiscalizar las elecciones internas. Sin dicha posibilidad, corremos el riesgo que las modificaciones que se hacen en la materia no tengan la capacidad de cambiar la realidad que hoy se vive al respecto.
Por otro lado, creemos que se deben considerar instancias de participación universal y directa de los militantes en la elección de los miembros de los órganos internos, al menos, en aquellos de carácter normativo, ya que son ellos los llamados a determinar la composición de los demás órganos del partido político.
3. El proyecto de ley contempla normas relativas al patrimonio de los partidos, las que son una muestra de cómo –por momentos– se ha ido acomodando la legislación a la realidad de las agrupaciones políticas que hoy cuentan con representación parlamentaria. Consideramos que el uso de inmuebles para fines distintos a los propios de los partidos o la adquisición de acciones de empresas nada tiene que ver con los objetivos de los partidos políticos, por lo que los resguardos que se toman en el proyecto para evitar potenciales conflictos de interés, carecen de importancia.
4. Respecto de las sanciones, consideramos que no hay un tratamiento sistemático de la materia y que corremos el riesgo de que algunas obligaciones que se imponen a los partidos queden en meras declaraciones. Además, entendemos que establecer el plazo de un año para hacer valer las responsabilidades por la infracción a las normas de la ley es demasiado acotado, lo que podría devenir en situaciones de impunidad difíciles de tolerar para la ciudadanía. Por último, es necesario abrir un canal de denuncias para los militantes y ciudadanía en general, ya que es un aspecto que se encuentra limitado por la ley vigente.
Hoy tenemos una oportunidad única para cambiar el curso de nuestra democracia y es fundamental que como ciudadanía pongamos nuestra atención en las reformas que se están desarrollando, porque en función de lo que hoy se decida, se determinará –en buena parte– la forma en que se debatirá en el futuro respecto de todos los demás temas que afectan nuestra vida en común.
