«El rol social del periodismo es informar con respeto a la democracia, no coadyuvar a escenarios que busquen desestabilizar gobiernos democráticamente electos».
Como si uno no perdiera esa preciada herramienta que algunos llamamos, “capacidad de asombro” y en un Santiago cada vez más repleto de estímulos; fotografías publicitarias y apoteósicos titulares, hubo uno en particular que me sorprendió este fin de semana. En la parte superior izquierda de su portada, El Mercurio de domingo, publicó sendo titular de la entrevista realizada al líder de la derecha venezolana Leopoldo López, detenido en Ramo Verde acusado de diversos delitos como instigación a delinquir, intimidación pública y daños a la propiedad. “La dictadura está debilitada, pero aún mantiene secuestrados a los otros poderes del Estado”, versaba el texto.
Más allá de las diversas apreciaciones que se puedan tener del proceso venezolano y de las legítimas posiciones ideológicas de cada quien, no deja de sorprender con qué liviandad El Mercurio -y la mayoría de los grandes medios impresos de circulación nacional- reproduce la clasificación de “dictadura” para referirse a un gobierno que, guste o no, fue electo por las urnas. En un país como el nuestro, que conoce tan profundamente lo que es y significa el concepto de dictadura, es tristemente sorprendente que las líneas editoriales asociadas a la derecha se hagan eco deliberadamente de tamañas desinformaciones. Como muchos ya lo han dicho antes, el lenguaje construye realidad, por lo que resulta provocador escribir algunas líneas para romper toda clase de mitos sobre el escenario electoral de Venezuela.
Primer mito: Es una dictadura. La verdad es que de acuerdo a las últimas elecciones presidenciales de 2013, que alcanzaron un altísimo 79,68% de participación, el Presidente Nicolás Maduro Moros fue electo con 7.587.579 votos, correspondientes a un 50.61% del total, versus el 49,12% obtenido por Henrique Capriles Radonski, representante de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. Fue una elección reñida pero a todas luces triunfante para el oficialismo. No sería la única elección enfrentada por el pueblo venezolano desde que ha estado en el poder el proyecto bolivariano impulsado por el ex presidente Hugo Chávez. Cabe recordar que la experiencia acumulada es amplia: 20 procesos electorales en los últimos 17 años, de los cuales sólo dos han sido derrotas para el oficialismo, el referéndum constitucional de 2007 y la reciente elección parlamentaria de diciembre de 2015.
Es claro, que ambos casos votan por tierra las aseveraciones irresponsables sobre un gobierno dictatorial o incapaz de respetar un resultado adverso.
Segundo mito: Hay fraude electoral. En Venezuela, el organismo encargado de la organización, administración, dirección y posterior supervisión de los procesos eleccionarios es el Consejo Nacional Electoral, CNE. A diferencia de Chile, donde el Servel recién alcanzó su autonomía constitucional de la Administración del Estado en octubre de este año, el CNE se fundó como un ente autónomo e independiente del Ejecutivo por eso nunca hemos visto a un Subsecretario del Interior venezolano entregar cómputos oficiales como sí sucede en nuestro país.
El Consejo Nacional Electoral tiene autonomía funcional y presupuestaria y está integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y otro por el llamado Poder Ciudadano.
Los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones y son elegidos por separado: los tres postulados por la sociedad civil al inicio de cada período de la Asamblea Nacional (parlamento), y los otros dos a la mitad del mismo.
Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. La pregunta es, ¿Cuál es la posibilidad de fraude?
Tercer mito: elecciones parlamentarias bajo manipulación. ES muy probable que el reciente proceso electoral venezolano haya sido uno de los más observados del mundo. Además del programa de acompañamiento u observación electoral convocado por el CNE, que incluyó 130 observadores de los cinco continentes del mundo, también estuvieron observadores de Unasur, del Ceela y la Unión Europea. Todos quienes destacaron la misma conclusión: transparencia, eficacia, alta participación de la ciudadanía en las elecciones y un sistema de votación electrónico ejemplar para América Latina y el mundo.
Se calificó positivamente las etapas de fabricación, evaluación y control de calidad de las 49.700 máquinas electorales distribuidas en los 14.515 centros de votación al interior de Venezuela, constatando que en todas las fases del proceso de fabricación, control de calidad y distribución se verificó nitidez, calidad, funcionamiento e invulnerabilidad de las máquinas de votación. Se revisó paso a paso, decenas de las cerca de 50 auditorías y verificaciones no sólo técnicas, sino de los más diversos sectores políticos, incluida desde luego la oposición, que acompañaron cada paso de control de calidad de las máquinas. Interesante resulta agregar que una vez que el CNE entregó el resultado de la primera tendencia irreversible el domingo 6 a las 23 horas, de manera inmediata el presidente Maduro reconoció la derrota del oficialismo y ningún chavista llamó a desconocer los escrutinios, lo que distó mucho de la reacción que tuvo la oposición cada vez que perdía una elección.
Reitero, más allá de las legítimas líneas editoriales de los medios de comunicación, es hora de poner cota a las desinformaciones deliberadas por vía de un lenguaje antojadizo y con escasa vocación de veracidad. El rol social del periodismo es informar con respeto a la democracia, no coadyuvar a escenarios que busquen desestabilizar gobiernos democráticamente electos. He de esperar que las informaciones entregadas por la propia CIA y la búsqueda incansable de paz que tiene afligido hoy al mundo entero, eviten que se repita el viejo rol que cumplieron ciertos medios de comunicación en el marco del proceso desestabilizador del Gobierno de Salvador Allende.
