Todo Jefe de Estado tiene derecho a llevar adelante la ejecución del programa de gobierno para el cual fue mandatado. Ello, por supuesto, también alcanza a la Presidenta Michelle Bachelet, elegida por una amplia mayoría de ciudadanos, dentro del escuálido caudal electoral que concurrió a las urnas en los últimos comicios presidenciales.
En efecto, su “Programa de Gobierno Chile de todos” señala que durante su ejercicio del Poder, habrá tres grandes reformas de fondo (pp. 12 y ss.): la educacional, la tributaria y la nueva Constitución. Sobre la primera de ellas, se tramitó ante nuestro desprestigiado Congreso Nacional Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2016, uno de cuyos ítem de gastos fue posteriormente impugnado por la centro derecha, y en definitiva declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, por la vía de una solicitud principal –rechazada– y otra subsidiaria –acogida–, respectivamente referidas a que, por un lado, las glosas impugnadas excederían el contenido constitucional de la Ley de Presupuestos, y por otro, la alegación de discriminación arbitraria derivada de los requisitos exigidos a las instituciones de Educación Superior para ser “elegibles” y la triestamentalidad.
[cita tipo=»destaque»]A diferencia de la finalización de su primer mandato, donde dejó el cargo con alrededor de un 80% de aprobación, y fue ampliamente reconocida su contribución al país mediante planes y programas de protección social, hoy nadie podría siquiera especular que la Presidenta será recordada por las deficiencias técnicas y problemas de implementación de la reforma tributaria, o las desmedidas expectativas generadas por el Programa de Gobierno que hay en torno al proceso de reforma educacional, y todos los sucesivos traspiés del Ejecutivo.[/cita]
En otro orden de ideas, en torno a la reforma tributaria, sabido es el alto grado de rechazo con que contaba en un sector considerable de la ciudadanía, según diversos estudios de opinión pública que evaluaron este y otros temas públicos. En la encuesta de Plaza Pública CADEM del mes de octubre, esta modificación sufría el 54% de rechazo, y solo un 27% de aprobación.
Cabe señalar, entonces, que sobre las tres reformas estructurales, el Gobierno, y muy especialmente la Presidenta de la República, ya han perdido dos grandes posibilidades para construir su legado político. Y es que a diferencia de la finalización de su primer mandato, donde dejó el cargo con alrededor de un 80% de aprobación, y fue ampliamente reconocida su contribución al país mediante planes y programas de protección social, hoy nadie podría siquiera especular que la Presidenta será recordada por las deficiencias técnicas y problemas de implementación de la reforma tributaria, o las desmedidas expectativas generadas por el Programa de Gobierno que hay en torno al proceso de reforma educacional, y todos los sucesivos traspiés del Ejecutivo. Tampoco podrá serlo por la impulsión de una agenda de probidad administrativa o transparencia pública, porque su propio hijo le vedó toda posibilidad de explotar esta alternativa.
En buenas cuentas, todo ello significa que la última posibilidad de que la mandataria sostenga una herencia política de largo plazo radica precisamente en la reforma constitucional. Ya lo sabe: no tiene ninguna otra opción. Sólo ello explica los meses de silencio, previo al anuncio en la cadena nacional del 13 de octubre, donde da a conocer a la comunidad nacional un detallado cronograma de las distintas etapas que comprenden el proceso para arribar a una nueva Constitución.
El Poder es pretencioso, y todo ha sido fríamente calculado con la debida prolijidad, ningún detalle –aparentemente– ha sido dejado al azar. Esta es la última posibilidad para que la Presidenta de la República, en el ejercicio de su segundo mandato constitucional, pueda constituir un verdadero legado con el que el país la recuerde para siempre, y que si bien es cierto no está dado por una nueva Constitución, si lo constituye abrir las puertas que conduzcan a ella.
