Suele entenderse por autoridad, aquella capacidad moral que detenta una persona para mandar y ser obedecido. Quien obedece lo hace por propia convicción, es decir, estima que lo que se le manda es justo y/o prudente, o incluso, a su pesar, necesario. La autoridad se diferencia del poder, porque a este se le define como la capacidad “pura” de mandar y ser obedecido. El poder supone la coacción, vale decir, una fuerza externa al sujeto, que lo “obliga” a realizar o no realizar una determinada acción, generalmente por miedo. Están revestidos de autoridad, por ejemplo, los padres ante los hijos y los profesores ante sus alumnos.
En el ámbito familiar, la autoridad de los padres se encuentra lamentablemente eclipsada por múltiples factores (mencionarlos todos es imposible en el marco de esta columna), siendo una de las causas de la crisis de la familia. Así las cosas, tenemos padres “amigos” de sus hijos, y en consecuencia cada “orden”, permiso o tarea encomendada es “negociada” o “consensuada”. La exaltación política y cultural de la autonomía ha “empoderado”, si se me permite la expresión, a los hijos más de la cuenta. No en vano se dice que padres cuyas edades fluctúan entre los 50 y 55 años fueron los últimos en temerles a sus padres y los primeros en temerles a sus hijos. En Italia se reportan varios casos de padres que han presentado ante los jueces recursos de protección ante sus hijos. La falta de presencia de los padres en el hogar (voluntaria o involuntariamente) es sin duda otro factor del ocaso de la autoridad. Pares ausentes pierden el respeto de sus hijos y, además, esto los aleja afectivamente.
En el ámbito educacional la nueva ley de inclusión escolar podría eventualmente poner en peligro la autoridad, en este caso del director del establecimiento educacional y del cuerpo docente, en especial en los aspectos relativos, por ejemplo, a la expulsión de un alumno, la cual en la práctica se hace muy difícil, pues antes se deben “implementar todas las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que correspondan”, o “no se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento”. Más aún, se “debe garantizar el derecho a la defensa por parte del estudiante, su familia o su apoderado”.
[cita tipo=»destaque»] Si extendemos el problema de la falta de autoridad a la sociedad, esta se vuelve ingobernable, pues como recordaba Pío XII toda sociedad o agrupación de personas necesita de una autoridad que la dirija.[/cita]
Por otra parte hay muchos colegios que no saben cómo armonizar sus reglamentos internos, con la circular de la Superintendencia de Educación, que prohíbe suspender a los estudiantes que no cumplan normas relativas a textos, útiles y uniformes escolares. La ministra de Educación propone utilizar el sentido común, pero ello no soluciona el problema, pues como sabemos es el menos común de los sentidos. Esto puede implicar una suerte de judicialización de las relaciones entre los padres y el colegio.
Si extendemos el problema de la falta de autoridad a la sociedad, esta se vuelve ingobernable, pues como recordaba Pío XII toda sociedad o agrupación de personas necesita de una autoridad que la dirija (con vivo compiacimento, 9). En consecuencia, la autoridad “constituye el vínculo necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social” (Paulo VI, Octogesima adveniens, 63), que incluye a la familia y a la comunidad escolar. Más aún, como expresaba León XIII en Diuturnum Illud, sin autoridad la sociedad no puede alcanzar su fin.
Menoscabando la autoridad, la que pierde es toda la sociedad.
