«Empatizo y comparto con el dolor y la preocupación de las personas que han visto a sus parientes asesinados como ocurrió con la familia Luchsinger, solidarizo con quienes han terminado con sus fundos y casas incendiadas, comprendo también la inseguridad que genera convivir con grupos antisistémicos, pero pretender que estas agresiones y este prolongado y enmarañado conflicto se va a terminar por obra y gracia de un derecho penal más eficiente como plantea el proyecto es simplemente un engaño político».
A los pocos días de haber asumido mi cargo en la Fiscalía de la Araucanía a fines del 2002, un comunero mapuche, Alex Lemun, resultó muerto por la acción de un carabinero de la zona que usó una escopeta antimotines con balín de plomo. Se convertía en el primer mártir del denominado conflicto mapuche. Poco tiempo después presencié completo el juicio oral contra los loncos Pacual Pichún y Aniceto Norín que fueron condenados a cinco años y un día de cárcel por la aplicación de la ley que determina conductas terroristas.
Después vendrían las huelgas de hambre, y otras protestas de activistas de derechos humanos. En mi calidad de asesor de la entonces Fiscal Regional de la Novena Región tuve ocasión de participar en muchísimas reuniones de coordinación para tratar la “cuestión mapuche”, donde estuvieron presentes el fallecido General Bernales, el primer Fiscal Nacional, el Subsecretario del Interior, senadores y diputados de la región entre otras autoridades.
Si algo aprendí de mis 23 meses de servicio en La Araucanía es que el conflicto mapuche posee aristas complejas de carácter político, social, étnico, cultural y jurídico, por lo que la propuesta de solución que, en un aparente rapto de creatividad de los diputados derechistas Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat, no deja de sorprenderme por su miopía, ignorancia y peligrosidad. Dicho en buen chileno, de aprobarse su proyecto de ley van a apagar con bencina el incendio de esa región.
“El gran paso de los delitos terroristas es que se ha creado una figura nueva que permite a los fiscales nacionales, poder designar fiscales adjuntos, exclusivos de otros lugares del país distinto, del lugar donde se cometieron los delitos; poder solicitar en comisión de servicio de las policías que vengan también de otro lugar; y finalmente incluso solicitar el juzgamiento en un tribunal distinto al lugar donde se cometió el delito”, destacó el diputado Fuenzalida a un medio de comunicación.
El parlamentario RN, eufórico por su iniciativa, declaró al mismo medio de prensa que “esto es algo que en Chile hoy en día no existe, que es novedoso y que nos permitirá de mejor forma poder investigar y juzgar delitos terroristas que hoy día se producen en muchas regiones de nuestro país, donde generalmente el éxito judicial ha sido escaso producto que muchas veces las policías están amenazadas los fiscales amenazados y hasta los jueces también están amenazados”. Junto a los diputados Fuenzalida y Sabat figuran como autores del proyecto los diputados RN, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb, Germán Becker, René Manuel García, y la diputada Claudia Nogueira.
La Corte Suprema resaltó que la prórroga de la competencia que propone el proyecto aparece abiertamente inviable. El pleno informó desfavorablemente al respecto, argumentando que de admitirse esta posibilidad, resultaría afectado el principio del juez natural y que este procedimiento se visualiza, además, como una contravención a la prohibición de rango constitucional de constituir comisiones especiales para conocer y juzgar, en este caso, cierto tipo de delitos.
La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en particular el proyecto de ley presentado por diputados de Renovación Nacional y la UDI que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afectan la seguridad del Estado en casos de especial gravedad. Tras la aprobación, la iniciativa legal quedó en condiciones de ser analizada por la Sala de la Cámara de Diputados.
Empatizo y comparto con el dolor y la preocupación de las personas que han visto a sus parientes asesinados como ocurrió con la familia Luchsinger, solidarizo con quienes han terminado con sus fundos y casas incendiadas, comprendo también la inseguridad que genera convivir con grupos antisistémicos, pero pretender que estas agresiones y este prolongado y enmarañado conflicto se va a terminar por obra y gracia de un derecho penal más eficiente como plantea el proyecto es simplemente un engaño político.
Es cierto que el derecho penal funciona para sancionar determinadas conductas, pero su capacidad disuasiva o preventiva a esta altura de la historia es científicamente cuestionable. Si nuestros legisladores carecen de comprensión en esta materia tenemos, entonces, un problema mayor y más grave que el propio conflicto mapuche en la zona sur de nuestro país.
