Reparar sin reparar: necrofilia burocrática

Señor Director:

Las leyes de reparación que se han dictado en los gobiernos de Ricardo Lagos y la Sra. Michel Bachelet pueden calificarse al pasar, de reconocer la tragedia de la tortura, de la reclusión indefinida sin juicio, las destrucciones familiares y las pérdidas de futura estabilidad permanente de la mayoría de los presos políticos de la dictadura.

Se han dictado dos leyes. La primera se llamó “Ley Valech” y fue presidida por el Obispo del mismo nombre, el cual tuvo que poner de su bolsillo parte del dinero con que ésta funcionó. Las recomendaciones de ésta comisión de tipo pecuniarias fueron rechazadas por el presidente Lagos y su ministro Eyzaguirre y reemplazadas por una suma de carácter austera y simbólica que se concretó en otorgarles $120.000 mil Pesos mensuales, agregando además que era incompatible con la pensión no contributiva de la Ley de exonerados políticos que se les otorgaba a las personas que no tenían el tiempo de 15 años y un día de trabajo con el que se obtenía una pensión de régimen. Dicho claramente, se debía decidir entre una suma austera y simbólica y una pensión no contributiva que no llegaba a los $ 150.000 mil Pesos.

El reconocimiento de los presos políticos en total fue de 38 mil personas, de los cuales hoy en día 28 mil de ellos están sobreviviendo.

Al momento de anunciar este beneficio, el presidente de la época Lagos anunció la aplicación de esta ley y repartió un libro para la ocasión de título ”Nunca Más” el que hasta ahora es casi una ofensa releerlo para los presos políticos y torturados. Durante el presente gobierno (2014-2018) de la Presidente Bachelet, después de prolongadas huelgas de hambre de los presos políticos y precedidos de innumerables promesas de varios secretarios generales de gobierno que ofrecía mejorar esta situación, se entró a una negociación con las autoridades para discutir y resolver esta injusticia.

En septiembre del año 2015 el obispo de Rancagua se ofreció como mediador entre las partes y constituyeron una mesa técnica de trabajo que tuvo como resultado adelantar en diciembre de ese mismo año, un millón de pesos, mediante una “ley Corta”, a cada uno de los miembros de la lista y finiquitar la oferta de $ 9.000.000 de Pesos como compensación a este exiguo pago que partió desde el gobierno de Lagos.

La oferta gubernamental efectuada por la Subsecretaria Sra. Patricia Silva, era de un bono compensatorio de $ 9.000.000 de Pesos y un alza de $ 50.000 Pesos mensuales a partir del 1°de enero 2016 para cada uno de los miembros de la lista Valech que percibían los $ 120.000 mil Pesos, desde el gobierno de Ricardo Lagos.
El millón pagado se entendía como un adelanto del bono ofertado (Ley Corta)

El día 17 de diciembre 2015 el Obispo Valech escribió una “Carta-Cuenta” en la que describía lo sucedido y la imposibilidad de llegar a un acuerdo, incluyendo la proposición de reparto etario de los nueve millones de pesos y el modo y tiempo en que se cancelarían.(Propuesta del Gobierno)

Todo quedó en el aire y los presos políticos perdieron contacto con el gobierno y cuando algunos grupos se tomaron la Secretaria Nacional de Derechos Humanos en el mes de septiembre del año en curso, el actual Ministro del Interior aceptó recibirlos.

El día 16 de octubre de 2016 tuvo lugar esta reunión en que participaron todos los representantes de los presos políticos, los ministerios correspondientes, la Sra. Irene Frías, Subsecretaria de Derechos Humanos y el ministro invitante. El resultado fue que todo se debía estudiar de nuevo y que en dos meses más habría una respuesta y que en todo caso si algo faltaba el próximo gobierno se haría cargo.

“Curioso y algo frustrante” estas insólitas respuestas, tomando en cuenta que la lista Valech tiene 28.000 mil personas cuya mortalidad es muy alta y la mayoría tienen entre 70 y 85 años de edad.

Sería un cálculo mezquino de las autoridades del Ministerio de Hacienda y de parte del propio gobierno, incluida, precisamente la Presidenta Bachelet, si no toman en cuenta esta situación. Sería una especie de necrofilia burocrática si esto sucediese ya que a mayor tiempo de trámite, mayor número de defunciones y por lo tanto menos gasto fiscal.

Los presos políticos necesitan que se cumplan “Los anuncios y las promesas”, sería aconsejable dictar una nueva “Ley Corta” otorgándoles otro millón de pesos para compensar en algo el austero simbolismo a los que fueron obligados cuando partió la ley. Y debería ser todos los años hasta que no se arregle la situación en que los respectivos gobiernos nos han ido olvidando y casi pensando que con su desaparición física esto estaría resuelto.

Patricio Cleary Zambón, ex-preso Político. Profesor de Estado