No puede explicarse la abstención en las últimas elecciones municipales solo como “acto” de castigo a la clase política. Hacerlo implicaría un optimismo y una ingenuidad que no nos permitiría ver y abordar otras causas, tales como la descolectivización y el debilitamiento de lo público en la sociedad chilena actual.
Lo anterior se fundamenta en cuatro observaciones:
Primero. Según la encuesta Auditoría a la Democracia del PNUD, un 63% de las razones para no votar en la elección presidencial de 2013 atendieron a: “No me enteré del lugar de votación”, “me dio lata votar”, “mi voto no cambiará las cosas” y “no me interesa la política”. Solo un 3% afirmó que “quería protestar contra el sistema” y solo un 11% que “ningún candidato me gustaba”.
Segundo. Recordemos que para la elección de 2013 (respecto de la cual consulte la encuesta recién mencionada) no estaba desatada la crisis de desconfianza política en la que estamos ahora, era, por decirlo de algún modo, un tiempo normal. Así y todo, un 63% de los que no votaron fundamentaron su decisión en un desinterés implícito o explícito en lo público.
Tercero. Pese a toda la mística que generó la campaña de “La Matriz” en Valparaíso, con Sharp a la cabeza, el nivel de abstención estuvo en el promedio nacional, es decir, el nuevo aire que recorrió el puerto el pasado 23 de octubre tampoco logró levantar a los ciudadanos.
Cuarto. No nos engañemos tampoco con que el abstencionismo es una tendencia mundial, de hecho, en América Latina el promedio de la participación electoral ha venido aumentando y aunque en los otros países con voto voluntario ha descendido, la caída no es comparable con la del caso Chileno. Tampoco lo es con la caída que han experimentado los países de la OCDE.
¿Qué hace diferente el caso chileno? Nuestra opinión es que una parte de este fenómeno puede tener su raíz en el pilar no tocado de la revolución neoliberal: la destrucción del sentido de lo colectivo y la precarización de lo público, que se ha fraguado a través de la despolitización de la acción del sujeto y la instalación de la acción individual en el mercado como único horizonte de posibilidad.
Las primeras estocadas se dieron durante la dictadura, reprimiendo a la acción colectiva, interviniendo a las organizaciones y los barrios, promoviendo el clientelismo y la desconfianza entre pobladores. Con el retorno a la democracia se estimuló la desmovilización, la fragmentación y competencia entre las organizaciones sociales y se debilitó el trabajo de las organizaciones de la Sociedad Civil que ejercían roles en lo público. Por otro lado, las políticas públicas perdieron casi todos sus componentes colectivos. Uno de los casos emblemáticos fue la descolectivización del acceso a la vivienda, que adoptó una modalidad eminentemente individual, restando toda relevancia a la organización vecinal en este proceso.
Todo lo hecho ha apuntado a desperfilar y deslegitimar la acción colectiva como mecanismo para la transformación social y a reemplazar lo público-colectivo por lo privado-individual. ¿Para qué actuar conjuntamente entonces si nada de lo que se haga cambiará las cosas? ¿Para qué votar si eso que se quiere gobernar no existe?
En la Región del Maule, por ejemplo, un estudio realizado en 2014 por el Centro de Estudios Urbano Territoriales de la Universidad Católica del Maule (CEUT), muestra que, de un conjunto de condiciones importantes para influir en las decisiones que se toman en las comunas, la menos relevante es la participación colectiva, la que es superada por: conocer empresarios, conocer autoridades regionales, ser de una familia conocida, conocer autoridades comunales y nacionales; tener educación universitaria, tener gente conocida en un medio de comunicación y tener dinero.
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Si hay un ámbito donde el Estado de Chile ha invertido pocos recursos y energía es en el fortalecimiento de lo colectivo y de los actores sociales que lo construyen. Al contrario, se ha privilegiado la relación con el ciudadano individual y, más aún, el Estado se ha vuelto un mero espectador de la relación entre privados, lo cual se hace más nocivo cuando esos “privados” no comparten nada que los haga sentirse pertenecientes a una cierta totalidad.
En este contexto vale la pena preguntarse cuál es el camino para restituir la relevancia de lo público y la fe en lo colectivo.
Algunos hablan de reponer el voto obligatorio, otros de rebajar la edad para ser candidato a la Presidencia y de ese modo permitir el ingreso a la contienda de Boric y Jackson. Pero no, la solución no está “por arriba”. El problema hay que solucionarlo allí donde se produjo: en el seno de las solidaridades sociales, de la cotidianeidad. Si hay una tarea necesaria hoy, es la de diseñar una política pública que estimule el trabajo colectivo en la base. Una que nos haga reencontrarnos con los otros. Una que estimule el músculo de los vínculos sociales y nos ayude a salir de la cueva en que cada uno anda metido.
Lo paradójico es que políticas de este tipo construyen una ciudadanía más activa y crítica y eso no gusta a todos. Pero es necesario partir por algún lugar. Hoy la reforma a la Ley de Organizaciones Sociales y Comunitarias que se está promoviendo desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno es una gran oportunidad. Pese a todos los embates que ha recibido, el espacio vecinal sigue vivo. De hecho, por primera vez en Chile los niveles de participación en elecciones están casi en el mismo rango que la participación de personas en organizaciones sociales y comunitarias (34,9% y 32%, respectivamente).
El espacio vecinal, el barrio, tiene un enorme potencial para ser un laboratorio donde se construya lo colectivo y lo público. En él nos relacionamos directamente con las políticas de salud, con las de educación, con las de vivienda y ciudad. En el barrio podemos pensar en nuevas prácticas de consumo y nuevos modos de resolver nuestras necesidades. En la comunidad, si hacemos fuerza, podemos ser contraparte efectiva del mercado inmobiliario.
En el espacio vecinal podemos reinventar el ocio que hoy solo buscamos en el Mall. Si logramos al menos acércanos a lo que fue la Ley del año 1968, promulgada en el Gobierno de Frei Montalva, y devolvemos una parte del poder vecinal que se perdió, habremos dado por primera vez, en casi 40 años, un verdadero golpe a la descolectivización de la sociedad chilena.
