Hace cuatro años fueron brutalmente asesinados y quemados vivos en un acto terrorista el matrimonio Luchsinger Mackay. Es acto terrorista porque su propósito no fue cometer un delito común, como un robo o un hurto. La finalidad de este alevoso asesinato fue producir, en los vecinos del sector, el temor de ser víctimas de crímenes similares si no abandonan sus tierras.
Salvo un caso, aún no se puede realizar el juicio oral para condenar a los demás imputados por este crimen. Una y otra vez se hacen peticiones dilatorias por las defensas de los imputados. Esto ha significado que desde la presentación de la acusación por la Fiscalía –en el mes de agosto- han pasado cinco meses sin que el juicio avance.
Lo último fue la decisión del juez de garantía de excluir en la narración que contiene la acusación de la Fiscalía el párrafo en el que se señala que “mientras se desarrollan estos hecho la víctima, Vivianne Mackay, efectuó llamados telefónicos a su hijo Jorge Luchsinger y a Carabineros, cuyo personal al concurrir en dirección al lugar logró la detención de uno de los sujetos”.
¿Qué puede explicar que un juez excluya un párrafo que describe la forma en que ocurrieron los hechos? ¡Nada lo justifica! Como consecuencia de esta decisión, absolutamente improcedente del juez, la Fiscalía apeló y por lo tanto una nueva demora en el juicio.
[cita tipo=destaque»]El Gobierno que es parte querellante jamás ha dicho una palabra, a través de su abogado, de esta dilación del juicio. No se trata de la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Sino simplemente del deber de uno de los intervinientes en el juicio, el Gobierno en su calidad de querellante, de hacer ver el daño que se hace a una investigación el que se aplace de forma permanente y por años.[/cita]
A todo esto, el Gobierno que es parte querellante jamás ha dicho una palabra, a través de su abogado, de esta dilación del juicio. No se trata de la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Sino simplemente del deber de uno de los intervinientes en el juicio, el Gobierno en su calidad de querellante, de hacer ver el daño que se hace a una investigación el que se aplace de forma permanente y por años.
Son muchos los casos en La Araucanía y en el resto del país que se dilatan permanentemente, lo que sin duda favorece la impunidad de los delitos y la indefensión de las víctimas.
El Gobierno debe dar urgencia al proyecto de ley que termina con estas dilaciones injustificadas de los juicios. Eso sería demostrar un interés real en lograr que la justicia sea oportuna, lo que es esencial en un Estado de Derecho. Mientras tanto, queda la impotencia e indignación plenamente justificada de las víctimas, en especial de la familia del matrimonio Luchsinger Mackay.
