Señor Director:
En febrero del año pasado, viajé junto a mis hijos a recorrer los majestuosos parajes de la Isla Mocha. En dicha oportunidad, nos piloteó en el viaje de ida el piloto que falleció en el trágico accidente del domingo pasado, Boris Schultz. En el viaje de vuelta, contratamos otra empresa con un avioneta algo más grande.
Más allá de las simpatía que me generaron aquellos pilotos, el personal de tierra y los dueños de las aeronaves –todos sosteniendo un negocio de gran relevancia socioeconómica para los mochanos– fue evidente la informalidad de aquel sistema de transporte a pesar de la alta frecuencia diaria de los vuelos.
Dialogando con diversas personas acerca del accidente de avioneta acaecido el 2013, se me señaló que don Mario Hahn, el piloto de aquella nave, era una persona mayor y diabético insulino dependiente. De ser efectiva tal afirmación, ¿cómo era posible que una persona en esa condición de salud pudiera estar piloteando y con la responsabilidad de llevar pasajeros?
Otra muestra de la falta de seriedad del servicio fue que en ninguno de nuestros viajes se nos preguntó nuestros nombres, cédulas de identidad y algún contacto en caso de accidente. Se me dijo que ello era propio de una aerolínea, estatus comercial al cual ellos no querían acceder por los costos que implicaba, ya que «la rentabilidad del negocio era baja».
En relación al mantenimiento mecánico, me dio la impresión que básicamente recaía en la responsabilidad de los dueños de las máquinas con una supervisión esporádica por parte de la autoridad aeronáutica.
Además, la innegable utilidad social del traslado aéreo y la cercanía humana entre los pilotos y los mochanos favorecía que se hicieran vuelos al límite de lo prudente si había un problema urgente que atender. Es decir, los estándares de seguridad eran relativos y muy influidos por la subjetividad emocional de los pilotos que eran juez y parte a la hora de decidir si se volaba o no.
Creo que la informalidad descrita era y es bien sabida por todos (usuarios, autoridades, pilotos, dueños de aviones, etc.); pero como no existe otra opción, históricamente se ha hecho la vista gorda en aras del «bien mayor» que es comunicar la isla con el continente.
A partir de lo descrito, no creo que agrandar la pista del aeródromo o poner luces para aterrizajes nocturnos –mejoras técnicas indudablemente necesarias– apunten en la dirección correcta para prevenir nuevos accidentes. Ninguno de los dos últimos siniestros se relacionó con aquellas condiciones. El verdadero problema es la informalidad de un negocio vital, pero riesgoso. O dicho de otro modo, la causa de fondo de los accidentes aéreos es la falta de protagonismo estatal para proveer una supervisión técnica efectiva y/o en generar un servicio público de transporte idóneo a la isla, ya sea marítimo o aéreo.
Juan Luis Ibieta Cruz
