Cuando se trata de las mujeres, las políticas públicas en Chile recurrentemente han cometido un pecado de origen, tanto en su diseño como formulación. Con este gran pecado me refiero al sello patriarcal que en vez de desmantelar los obstáculos institucionales que impiden a las mujeres situarse en igual posición que los hombres. Esto, ya que se teoriza el género como algo completamente independiente del sexo, siendo éste estabilizado dentro de la matriz patriarcal que caracteriza la sociedad.
Como efecto, se legisla sobre una realidad social conforme a la construcción discursiva de los cuerpos a partir de su diferencia sexual, argumentando una serie de diferencias “naturales” que no cuestionan la posición de inferioridad de la mujer en la sociedad y legitiman la diferencia que impone la norma de género. El caso más emblemático de este tipo de políticas es el Permiso Postnatal Parental, implantado a fines de 2011 mediante la Ley N° 20.545.
Haciendo un breve resumen, esta política amplía el derecho que tenía la madre trabajadora de doce semanas obligatorias a otras doce de jornada completa o alternativamente dieciocho de media jornada, periodo en el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo corresponderá a la remuneración percibida por la madre. Sin embargo, la mayor innovación es que si ambos padres son trabajadores, el padre, a elección de la madre, podrá gozar del permiso posnatal parental a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que la madre indique.
[cita tipo=»destaque»]Ya que la ley se encarga de mantener el rol maternal de la mujer una vez que ingresa al mercado laboral, se perpetúa el estereotipo que causa la subordinación de la mujer. Pese a lo anterior, no se puede obviar el hecho de que gracias a esta iniciativa miles de mujeres jefas de hogar han sido beneficiadas con la extensión del permiso.[/cita]
El objetivo era facilitar la maternidad de las trabajadoras otorgando un mayor tiempo de ausentismo laboral para amamantar y cuidar del hijo recién nacido. En segundo lugar, se buscaba disminuir las licencias médicas basadas en enfermedad grave del niño menor de un año, en un contexto en el cual más de un tercio de las madres trabajadoras la usaban. Por último, la iniciativa pretendía aumentar la participación laboral femenina, una de las más bajas de la OCDE y de América Latina (45,2% según cifras del INE). Cabe destacar que la brecha salarial entre hombres y mujeres también es altísima, ganando esta última casi un tercio que el hombre (31,6% según cifras del INE).
Sin embargo y pese a todos los loables objetivos y discursos en pos de la igualdad que trae acarreada la medida, lo cierto es que no ha tenido ningún efecto a más de cinco años de su implementación. En primer lugar, según los datos del INE, del 2013 a 2015 la participación laboral de la mujer aumentó menos de un 2%, situándose aún bajo la barrera del 50%.
Otra variable que muestra el fracaso de la medida es el bajísimo traspaso del permiso posnatal al padre: en 2015 fue de solo un 0,2% mientras que lo que va de 2017 es de un 0,6% (según los datos de Suseso). Dicho de otra manera, durante los primeros meses de 2017 se han solicitado 7.964 permisos, de los cuales 53 fueron traspasados al padre.
A mi juicio, el fracaso de la política se basa en las siguientes razones: en cuanto a su diseño, no hay incentivo para que el padre haga uso del permiso, ya que si toma parte de la licencia la remuneración subsidiada es la percibida por la madre. Esto, en un contexto en el que la brecha salarial es altísima (las mujeres ganan casi un 40% menos que los hombres) no incentiva a los hombres a usar el permiso.
En otro sentido, y lo más relevante para mí, es que se evidencia una variable cultural implícita en la política que refuerza los estereotipos de género y que se expresa en la responsabilidad total del cuidado del recién nacido a la mujer trabajadora. La política institucionaliza una concepción de la maternidad que es efecto de una construcción cultural, y por ende performativo, no biológico. Esto, en la medida en que cada periodo histórico se ha disputado cómo debe ser su ejercicio, por lo que una buena madre dependerá de lo que la sociedad valorice en un momento determinado.
De este hecho se desprende que, pese a que la mujer participe en el mercado laboral, el Estado debe resguardar el rol de lo que se considera una “buena madre”, de ahí que la Política del Posnatal Parental se constituya como un dispositivo de poder que legitima un rol estereotipado de la mujer.
Este dispositivo de poder viola normativas internacionales de Derechos Humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que establece la obligación de los Estados de modificar los patrones socioculturales de mujeres y hombres, así como realizar medidas que eliminen la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares.
Ya que la ley se encarga de mantener el rol maternal de la mujer una vez que ingresa al mercado laboral, se perpetúa el estereotipo que causa la subordinación de la mujer. Pese a lo anterior, no se puede obviar el hecho de que gracias a esta iniciativa miles de mujeres jefas de hogar han sido beneficiadas con la extensión del permiso. Sin embargo, esto no significa que no podamos reflexionar sobre el sentido de la política y no demandar medidas que realmente destruyan los obstáculos institucionales que impiden la igualdad entre hombres y mujeres. Debemos como país avanzar en la construcción de políticas que supongan un real avance en materia de igualdad de género y el cuidado es una de ellas.
