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Siete pasos posibles para reducir la desigualdad en Chile

por 21 junio, 2017

Siete pasos posibles para reducir la desigualdad en Chile
Un destacado economista chileno, Andrés Sanfuentes, en un artículo publicado en marzo del 2016, señalaba cinco causas para esta irritante desigualdad. Primero, el modelo neoliberal, reconocido por el propio José Piñera como inspirador doctrinario de las AFP e Isapres; segundo, la extrema concentración de los mercados; tercero, un sistema tributario que favorece la evasión y la elusión de los que ganan las rentas más altas; cuarto, la debilidad de las normas que rigen la conducta empresarial; y, quinto, el desequilibrio existente en dos ámbitos: entre grandes empresarios y trabajadores y entre grandes vendedores y consumidores. De una manera tan fundada, este especialista concluye que esta desigualdad afecta el crecimiento económico, a la democracia y a la convivencia social.
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La derecha acusa al Gobierno de destruir la economía, pero los datos duros de los propios medios derechistas dicen otra cosa cuando nos hablan de las utilidades de los Bancos, Isapres y AFP. Así lo demuestran, también,  varios estudios académicos nacionales e internacionales. Asimismo, lo confirma una información publicada en El  Mercurio del 14 de junio de este año, página B5, basada en datos entregados por la Consultora The Boston Consulting Group (BCG). Se concluye allí que tenemos una ínfima minoría, 1.042 familias, que maneja una abrumadora proporción del esfuerzo nacional.

La Presidenta Bachelet afirmó, al asumir su segundo mandato, que el enemigo principal era la desigualdad, que no es solo económica, es en salud, en geografía, género y etnia. Sin embargo, no avanzó en uno de los caminos más indispensables: la redistribución del ingreso, que es plenamente posible sin expropiaciones y respetando los equilibrios  macroeconómicos. El mejor camino para ello es tener una política de Seguridad Social para todos, no solo para los uniformados.

Causas de la desigualdad

Un destacado economista chileno, Andrés Sanfuentes, en un artículo publicado en marzo del 2016, señalaba cinco  causas para este irritante hecho. Primero, el modelo neoliberal, reconocido por el propio José Piñera como inspirador doctrinario de las AFP e Isapres; segundo, la extrema concentración de los mercados; tercero, un sistema tributario que favorece la evasión y la elusión de los que ganan las rentas más altas; cuarto, la debilidad de las normas que rigen la conducta empresarial; y, quinto, el desequilibrio existente en dos ámbitos: entre grandes empresarios y trabajadores y entre grandes vendedores y consumidores. De una manera tan fundada, este especialista concluye que esta desigualdad afecta el crecimiento económico, a la democracia y a la convivencia social.

Es triste constatar que hemos perdido importantes batallas, aunque la lucha debe continuar. Para mí, las fallas del Gobierno están en su falta de decisión para enfrentar los abusos de las AFP, las Isapres y otras áreas, lo que ha incidido en la  derrota. Para obtener esa meta tan necesaria hay que alcanzar distintos objetivos, como terminar con el oligopolio de las AFP y generar una estructura tributaria que se base en el patrimonio, terminando con el abuso de permitir que los impuestos pagados por las empresas puedan ser usados por los accionistas como crédito. El ex vicerrector económico de la Universidad de Chile, ingeniero, doctor en Matemáticas, Patricio Basso,  envió a la Comisión Programa del PDC un excelente trabajo sobre este tema, espero que lo consideren.

Retomando la información del diario de los grandes empresarios, 115 hogares del país tienen, cada uno, un patrimonio financiero sobre los US$ 100 millones, totalizando, en conjunto, poco más de US$ 50 mil millones, sin considerar casas, terrenos y vehículos. Es decir, solo se contabilizan en este patrimonio los activos financieros líquidos invertibles que se encuentran en las cuentas bancarias, Ahorro Previsional Voluntario y los Fondos en las AFP. El promedio para cada uno de esos hogares alcanza a los US$ 434,9 millones de dólares.

Retomando la información del diario de los grandes empresarios, 115 hogares del país tienen, cada uno, un patrimonio financiero sobre los US$ 100 millones, totalizando, en conjunto, poco más de US$ 50 mil millones, sin considerar casas, terrenos y vehículos. Es decir, solo se contabilizan en este patrimonio los activos financieros líquidos invertibles que se encuentran en las cuentas bancarias, Ahorro Previsional Voluntario y los Fondos en las AFP. El promedio para cada uno de esos  hogares alcanza a los US$ 434,9 millones de dólares.

Para medir su impacto, tengamos presente que el Presupuesto Nacional de Chile para el año 2017 se estima en US$60.000 millones, por lo que, de acuerdo a esta publicación, estos 115 hogares disponen de recursos financieros equivalentes a más del 83% del Presupuesto de Chile de este año.

Del total de 4.792.000 hogares, 4.263.924 –es decir el 89% de los hogares chilenos- tienen solo el 43,6% del patrimonio financiero, mientras que el 11% más rico restante tiene más del 56%. Por su parte, 1.042 familias, menos de 5.000 personas, tienen activos financieros que superan en un 38% el Presupuesto de Chile de 2017.

El Banco Mundial estimó el Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el año 2015 en 240,8 mil millones, que representa el valor total de los bienes y servicios producidos en el país en un año. Las mismas 1.042 familias  controlan recursos equivalentes a más de 1/3 del PIB. Ah, y creciendo en más de un 7% anual, casi tres veces más que el PIB nacional.

La remuneración promedio, según las AFP, es cercana a los $ 700 mil mensuales, esto es, US$ 1057. En consecuencia, un trabajador chileno promedio necesita trabajar más de 34.000 años para disponer de un patrimonio financiero equivalente al que tienen, en promedio, cada una de las 115 familias más ricas de Chile o, en otras palabras, el patrimonio financiero promedio de las 115 familias más ricas es equivalente al trabajo anual de más de 34.000 trabajadores.

Los siete pasos

Un primer paso en esa línea sería que el próximo Gobierno hiciera lo que el actual se negó a realizar. Trasladar la decisión al pueblo mediante una ley, por ejemplo, que les permita a los 10 millones de afiliados a las AFP decidir por sí mismos si continúan en ese sistema o se trasladan al Instituto de Previsión Social, entidad que ya existe y que tiene personal con experiencia en la administración de pensiones.

Esta ley solo requiere de la voluntad de quien ejerce la Presidencia y el voto conforme de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. La Nueva Mayoría los tuvo, pero el predominio de los neoliberales en las decisiones de la Presidenta impidieron este indispensable cambio.

El segundo paso consiste en establecer por ley el aporte patronal del 5% de las remuneraciones y entregarlo a la administración del Fondo de Garantía de Pensiones existente y que ya tiene más de US$ 10 mil millones de dólares.

Un tercer paso es ampliar la pensión básica solidaria, actualmente en $105 mil pesos mensuales, a todos los actuales y futuros  jubilados. Con esta decisión, se reajustarían las pensiones de 350 mil personas en casi un 100%, otras 700 mil ya pensionadas, y todos los jubilados futuros recibirían $105 mil al mes adicionales, los primeros, y como base, los otros.

El cuarto paso debe ser modificar el DL 3500 sobre pensiones y establecer la obligación de invertir los ahorros de los trabajadores en Chile, especialmente en las zonas más alejadas y pobres. Los US$ 72 mil millones de dólares usados por consocios internacionales en el exterior permitirían duplicar los presupuestos de cada comuna, región y ministerio, lo que permitiría a los empresarios chilenos, con las debidas garantías, acceder a créditos convenientes, invertir en generar empleos decentes en esos lugares, cumpliendo debidamente con la legislación laboral y medioambiental.

El quinto paso, sería modificar la ley del Fondo de Garantía de Pensiones para convertirlo en un órgano público, no estatal, con un directorio integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y los empresarios, al que le corresponderá decidir sobre las inversiones de los  fondos.

El sexto paso consistiría en establecer la participación de los cotizantes en los directorios  de las AFP, mediante profesionales de confianza de los trabajadores y empresarios.

El séptimo avance sería eliminar la comisión clandestina del artículo 45 bis del DL 3.500, que no se informa a los trabajadores, que incrementa en un 50% el costo de la administración y que les permite a las AFP ganar indebidamente 400 millones de dólares anuales.

Sin expropiaciones innecesarias por caras y problemáticas, con pleno respeto a la Constitución y a los tratados internacionales, es posible transitar hacia un país más justo. Es un camino responsable, sencillo y factible, que permitiría cumplir con dos de los roles fundamentales que tiene la Seguridad Social en casi todos los países de la OECD: la redistribución del ingreso y la participación tripartita.

Tendríamos así un sistema de pensiones  mixto, con un fuerte sector solidario y público, que pondría fin a la inequidad que representa el hecho de que los uniformados estén en uno de este tipo y ampliarlo a los civiles que, ejerciendo su libertad, decidan abandonar las AFP. Las AFP podrán seguir administrando los fondos de los que permanezcan, opción ahora sí libre de verdad, y solo estarían obligadas a invertir los recursos en nuestro país.

Me parece muy importante destacar que, al ser esta una decisión del propietario de los fondos, el trabajador afiliado, no existe lesión al derecho de propiedad ni se afectan los derechos de los inversionistas extranjeros protegidos por los tratados vigentes.

Hasta el momento, Alejandro Guillier, mi candidato, y el Frente Amplio, han mostrado propuestas bastante coincidentes con las que defiendo. La DC en su V Congreso del año 2007 acordó propuestas esencialmente similares, pero actualmente sus dirigentes y la derecha solo hablan de subir la edad de jubilación, eliminar los topes imponibles y ampliar al 60% de la población la Pensión Básica Solidaria. Poco o nada dicen del aporte patronal del 5%, o quieren destinarlo a las cuentas que manejan las AFP, lo que aumentaría las ganancias de estas sin mejorar las pensiones ni en el corto, ni en el mediano, ni en el  largo plazo.

Si queremos que las cosas cambien, hay que iniciar una nueva transición. Desde la actual democracia semisoberana, empapada de neoliberalismo, a una democracia participativa, solidaria y menos desigual.

Los que no votan, pierden la oportunidad de hacerse oír. No basta criticar fundadamente a los actuales líderes políticos, es necesario saber escoger entre los posibles, a pesar de lo limitado de las opciones. Un camino de mil millas comienza con un solo paso, enseñaba Confucio.

No nos confundamos. Hagámonos sentir, fuertes, unidos, con respeto a la divergencia, en las calles, en las elecciones y en todas las organizaciones. Solo así podremos cambiar la injusta realidad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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