Contrariamente a lo señalado de forma reiterada por algunos candidatos presidenciales, ministros de Estado y economistas; fortalecer la política ambiental, lejos de desincentivar la inversión, corresponde a un mecanismo necesario para potenciar el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Esto además posibilita mejoras sustantivas en la calidad de vida de la gran mayoría de la población (educación, salud, vivienda), incentivos a la inversión en industrias limpias, creación de empleos y cuidado del medio ambiente.
Las altas tasas de crecimiento del PIB de Chile en la década de los noventa y principios del siglo veinte fueron sostenidas por la exportación de materias primas: minería, silvicultura, pesca, acuicultura, entre otras; fundamentalmente cobre. Si bien esto se ha catalogado como un gran logro de la economía chilena, no haber contado con las regulaciones ambientales adecuadas ha generado una situación crítica de los ecosistemas naturales, lo cual no solo ha llevado estancamiento de la economía, sino que además han emergido una gran cantidad de conflictos socioambientales.
[cita tipo=»destaque»]Las regulaciones ambientales claras, permiten generar un entorno beneficioso tanto para los ciudadanos, el medio ambiente y los inversionistas. Se deben visibilizar los costos ocultos, derivados de la mencionada renta y el uso inadecuado de los ecosistemas.[/cita]
En este sentido, la inexistencia de señales fuertes de sostenibilidad ambiental ha permitido transformar patrimonio natural en ganancias excesivas del capital, las llamadas “rentas económicas”. Una forma de ilustrar esto es el siguiente ejemplo. Consideremos una familia dueña de su casa cuya fuente de ingresos (PIB) proviene de las ventas de un almacén, sin embargo, esta familia quisiera que su “economía crezca”, un mecanismo rápido consiste en generar un negocio extra: vender muebles y ladrillos de su vivienda. Efectivamente su PIB amentará, no obstante, luego de un par de años, o menos, se quedarán sin casa y sin almacén, no tendrán como seguir adelante, recordarán con nostalgia los viejos tiempos. En suma, no destruir los cimientos de la casa fundamental para la existencia de esta familia.
Las rentas económicas asociada a la explotación de recursos naturales, estas quedan en evidencia, por ejemplo, en las estratosféricas rentabilidades de las grandes mineras, las que superan con creces a aquellas “de mercado”, lo cual se explica por el no pago al dueño del insumo más importante: el cobre. “Si el fabricante de zapatos paga por el cuero que utiliza a la empresa que lo produce, la minera debe pagar por el cobre que extrae al dueño del recurso cuando se encuentra bajo tierra”.
Sea en el caso del cobre o cualquier otro recurso natural explotado, el dueño debe recibir un legítimo pago. ¿Y quién es el dueño?, todos los chilenos y pueblos originarios, lo cual está consagrado tanto en la institucionalidad actual del país, como en reiteradas declaraciones de la Organización de Naciones Unidas.
Una política ambiental no sólo deberá velar por el cobro del valor del patrimonio natural extraído, sino que además de la preservación de los ecosistemas (aguas, suelos, aire, flora y fauna). Éstos son un sustento en la producción de las industrias, descuidarlos lleva a un deterioro irreversible de su capacidad de regeneración, el crecimiento en el mediano y largo plazo inevitablemente se hará nulo, “así como como la familia del almacén no podrá subsistir si ya no tiene siquiera su casa”.
Las regulaciones ambientales claras, permiten generar un entorno beneficioso tanto para los ciudadanos, el medio ambiente y los inversionistas. Se deben visibilizar los costos ocultos, derivados de la mencionada renta y el uso inadecuado de los ecosistemas. Es evidente que la política ambiental de Chile tiene fallas que imposibilitan lo anterior, la actual institucionalidad no está diseñada para desarrollar proyectos de beneficio común, su esencia está en establecer las exigencias mínimas para aprobar los proyectos.
Hoy, en el caso de la economía chilena, establecer regulaciones ambientales corresponde a uno de los motores esenciales para, por un lado, generar bases sólidas de una economía sostenible en el mediano y largo plazo de las industrias basadas en recursos naturales, y por otra parte, la posibilidad de generar una diversificación en la economía, potenciando el surgimiento de industrias limpias basadas en tecnologías y servicios (biotecnología, software, turismo, exportación de servicios profesionales, entre otras), las que son intensivas en “capital humano” o, dicho de otra forma, basan su existencia en el trabajo y permanente capacitación de personas.
Un beneficio directo respecto al cobro por los recursos extraídos a las empresas de recursos naturales, dice relación con la posibilidad de aumentar el gasto público en áreas actualmente prioritarias: salud, vivienda y educación. Hoy el gasto público en Chile representa un 21% del PIB, el promedio de la OCDE es de un 35%.
Se ha instaurado erróneamente la idea de que las regulaciones y pago de tributos por la extracción de recursos naturales, son contrarios al desarrollo económico, sin embargo, éste es un postulado falso y de intención dudosa. Como se ha descrito, resulta imposible y contradictorio hablar de eficiencia o crecimiento económico sin considerar una política ambiental que lo sustente.
