Más de cinco millones de catalanes están llamados a votar el próximo 1 de octubre en el referéndum sobre la independencia de Cataluña. O al menos así lo indica el decreto que firmó el Govern el pasado 6 de septiembre, ante los escaños vacíos de la oposición. Horas más tarde, fue firmada también la ley de transitoriedad, una norma que entraría en vigor únicamente en caso de ganar el sí y que pretende subsanar el vacío legal que supondría la transición hacía la independencia.
En los 17 días que han transcurrido desde entonces la política catalana ha tomado un ritmo vertiginoso que dificulta la comprensión de las distintas posiciones. Desde el Gobierno central se han amparado en el apego a las tablas de la ley, tomando una posición previsible y poco reconciliadora que ha situado a la mayoría de los catalanes no ya tanto a favor de la independencia, pero seguro en contra de Mariano Rajoy y el Partido Popular.
El así llamado procés –proceso político que desde 2012 persigue la proclamación de la República Catalana– ha terminado por convertirse en el juego de “a ver quien puede más”: mientras el presidente de Cataluña mandaba cartas a todo los alcaldes para avisarles de que debían ceder locales para la celebración del referéndum, la fiscalía del Estado imputaba a todos aquellos que afirmaron que apoyarían la consulta y les llamaba declarar; mientras la Generalitat elegía por sorteo a 55.000 catalanes para formar parte de las mesas electorales, el Estado no solo impedía que las notificaciones llegaran a los ciudadanos escogidos, sino que además todos los cuerpos policiales fueron llamados a requisar cualquier material político, impedir actos e identificar activistas relacionados con el independentismo; finalmente, mientras se ponían en marcha todos los recursos para la campaña del sí, el PP continua su ofensiva amenazando con un “nos van a obligar a donde no queremos llegar”.
[cita tipo=»destaque»]Aunque todas las fuerzas políticas siguen invocando el diálogo como solución para evitar la judicialización del conflicto, la situación podría haber alcanzado un punto de no retorno: las cesiones son inadmisibles y ambas partes parecen estar esperando una represión cada vez más dura por parte del adversario con el objetivo de legitimar su posición.[/cita]
Aunque todas las fuerzas políticas siguen invocando el diálogo como solución para evitar la judicialización del conflicto, la situación podría haber alcanzado un punto de no retorno: las cesiones son inadmisibles y ambas partes parecen estar esperando una represión cada vez más dura por parte del adversario con el objetivo de legitimar su posición. Solo así se entiende la situación vivida hace un par de días en Barcelona: 14 cargos del gobierno catalán fueron detenidos por la Guardia Civil cerca de las 8 de la mañana, en diversas sedes gubernamentales, acusados de “delitos de desobediencia, prevaricación y malversación”.
La tensión vivida en la Generalitat se trasladó hasta el Congreso de los Diputados. Gabriel Rufián, representante del partido catalán independentista ERC, exigía a Mariano Rajoy que sacara “sus sucias manos de las instituciones catalanas”, mientras este justificaba las acciones llevabas a cabo durante los últimos días: “el estado de derecho ha funcionado. Y va a seguir funcionando. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y era nuestra obligación”. Como si se tratase de una representación a escala del conflicto, Rufián decidió abandonar el hemiciclo junto con sus compañeros de partido, mientras se oían gritos de “no volváis” desde la bancada del Gobierno. A continuación, se marcharon los diputados del PDeCAT, primero, y de En Comú Podem, después, tras recriminar al Gobierno su actitud.
La ciudadanía también ha respondido. Desde primera hora miles de personas se concentraban en la Gran Vía de Barcelona al grito de “votaremos” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Las manifestaciones se sucedieron durante todo el día de manera continuada, y al menos 18 ciudades españolas convocaron actos de repulsa “contra el autoritarismo del Partido Popular”, evidenciando que el conflicto ya no era solo catalán, sino estatal. Las mismas palabras se repetían en las redes sociales bajo el lema “esto con Franco sí pasaba”, al tiempo que llegaban múltiples mensajes de apoyo para los detenidos. Hasta el Barça desde su cuenta de Twitter condenaba cualquier acción contra “la democracia y el derecho a decidir”.
Como afirmaba hace unos días en un programa de televisión la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena “el derecho Penal no cambia ideas”. De hecho, los acontecimientos que se han vivido durante estos días no solo no modificarán la grave situación social que vive Cataluña, sino que hacen a las razones independentistas más sólidas. Si hasta ahora había sido difícil mantener una posición equidistante para ciertos sectores del pueblo catalán, ahora han eliminado toda posibilidad de mantenerse al margen. Resulta todavía una incógnita qué ocurrirá el próximo 1 de octubre, pero lo que es seguro es que la democracia española ha dado un paso atrás.
