Señor Director:
El recientemente publicado Barómetro de conflictos de connotación indígena 2017, más que entregarnos datos fehacientes sobre la violencia actual en las regiones que componen la Araucanía histórica, constituye un manifiesto por el cual se expresan las ideas y creencias de quienes formularon el documento.
Tal lectura nos permite un análisis desglosado en varios niveles. La inteligencia productora del informe es la Multigremial de la Araucanía, una red organizada de industriales turísticos, madereros, salmoneros y otros dueños de capital alineados con la derecha chilena. Con el Barómetro, esta agrupación busca disputarle al gobierno el control de los datos, o bien, disputarle la “correcta” interpretación de estos. Así por lo menos lo sugiere el gobernador de Cautín, Ricardo Chancerel. Consultado por el diario El Mercurio, la autoridad esgrimió la necesidad de “datos oficiales” y “demostrables” para poder presentar un panorama que se ajuste a su visión.
Esta especie de impugnación a la validez del Barómetro, sin embargo, entraña una aceptación indirecta del instrumento. Existe total aquiescencia con los criterios sobre los cuales se construye, y con la terminología en que se expresa. Aquello significa un primer triunfo para la Multrigremial. Es atraer al gobierno a un campo semántico sesgado de antemano. Decimos sesgado, pues con toda naturalidad nos surgen dudas sobre cómo se elaboran los índices y las categorías de estudio que emplea el Barómetro. La primera de estas nociones que salta a la vista, acaso la más aberrante y oscura, es la de “conflicto de connotación indígena”. ¿Qué significa en concreto? Walter Ramírez asesinando por la espalda a Matías Catrileo ¿engrosa la lista de “conflictos de connotación indígena”? Aquello implicaría ampliar el restringido perfil de las víctimas, y colocaría en el espacio de los violentistas a quienes buscan propiciar la paz (carabineros). La cizaña aumenta cuando advertimos el uso indistinto de esta categoría con la de “violencia rural”. También se asume que todo incendio es un atentado, y se habla de usurpaciones -palabra delicada en el lenguaje político mapuche- para referir a lo que sería violación de morada.
Detrás de esta confusa complicidad conceptual asoman algunos de los fines perseguidos por los garantes del Barómetro. El gobierno pretende dibujar un gráfico en el cual se refleje una disminución porcentual de la violencia en su período de administración. Así, como señalara Chancerel, si bien el número de camiones quemados aumentó en 2017, lo importante es señalar que el número de ataques se redujo. Para la Multigremial, el objeto es proyectar un relato donde sus afiliados son solo víctimas inocentes, en tanto que no formarían parte ni del origen, ni del desarrollo del conflicto chileno-mapuche, y por lo tanto no tendrían responsabilidad alguna del estado actual de las cosas. El complejo patronal pretende consagrar sus lóbregos tecnicismos para imponer la idea de terrorismo y de terrorista mapuche como una realidad indiscutible, y la necesidad del mentado estado de excepción.
Es atendible que los industriales busquen la paz, pero no es concebible que sea desconociendo la historia. Menos aun invisibilizando su propia agencia, la cual se enmarca en la razón barbarizadora. Esto es un proceso histórico de largo plazo que precede la anexión chilena del país mapuche. Allí, los bárbaros de Nájera y los animales de rapiña de Vicuña Mackenna son claramente los terroristas de la Multigremial.
Cristián Perucci, Dr. en Historia y Civilizaciones de la Universidad Finis Terrae
