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La infancia y los conflictos de interés en el INDH

por 25 enero, 2018

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La reciente destitución del director del INDH ha generado un profundo cuestionamiento al modo en cómo se gobierna la institución que tiene por misión promover y defender los derechos humanos en Chile. Los puntos de conflicto son varios y amenazan con menoscabar la credibilidad del instituto.

El primer conflicto tiene que ver con la destitución de Branislav Marelic, sin una justificación que esté sustentada en una evaluación objetiva de sus funciones de forma transparente y pública. En segundo lugar, la designación de Consuelo Contreras como nueva directora del organismo, quien ha sido cuestionada desde que asumió por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que señalan la presencia de conflictos de interés, ya que hasta hace poco era directora de uno de los organismos colaboradores (OCAS) que más fondos públicos recibe desde Sename, a saber, la Corporación Opción.

Para quienes no estén familiarizados con este ámbito, la Corporación Opción es una de las principales OCAS a nivel nacional, se funda a comienzos de los años noventa, ejecuta en la actualidad más de 120 programas en varias regiones del país y su principal objetivo es atender a niños y niñas que han sufrido vulneraciones en sus derechos. Según datos de la propia corporación se atiende a más de 21.000 niños al año. Estas cifras buscan representar la magnitud de esta institución que fundó y encabezó por años la recién asumida directora del INDH.

Lo anterior es relevante en el contexto que ha sido publicado recientemente el informe de resultados de la misión de observación a 171 centros del sistema de protección. El hecho histórico que hay detrás de este informe es que por primera vez un organismo externo al sistema de protección y a la institucionalidad del poder judicial realiza un trabajo en terreno con despliegue a nivel nacional con el propósito de conocer integralmente la situación de derechos humanos de niños y niñas que se encuentran internados. Así como también conocer las condiciones laborales de las personas que ejercen la labor de cuidado dentro de las residencias.

La autonomía del INDH es entonces un aspecto trascendental en este proceso, ya que permite identificar nudos críticos y hacer recomendaciones frente a situaciones que hasta el momento no han logrado ser modificadas en profundidad por la institucionalidad de protección vigente, incluso después de que estallara la denominada crisis de Sename.

En este escenario, apelar al conflicto de interés depositado en la actual directora no es el capricho de un grupo, tampoco un elemento irrelevante que se puede soslayar o dejar a manos del olvido durante el periodo estival. Por lo mismo hay una pregunta sobre la que es necesario insistir a la luz de los antecedentes expuestos: ¿Cómo se concibe que la dirección del INDH quede en manos de una persona que históricamente ha estado vinculada a un sistema ampliamente cuestionado y que hoy, simultáneamente, ha sido observado por el propio instituto?

El argumento esgrimido para sostener que no existe ningún conflicto de interés proviene del hecho que Opción es una institución que no administra residencias y, por lo tanto, no estaría implicada en el territorio del sistema de protección a la infancia que estaría siendo evaluado y cuestionado. Efectivamente, sus líneas de trabajo son de carácter ambulatorio en temáticas como la reparación de graves vulneraciones de derechos y la evaluación de situaciones de negligencia, maltrato y abuso sexual.

Lo interesante, pero a la vez inquietante, de este argumento es que, aprovechando el desconocimiento que aún existe en la opinión pública del funcionamiento de Sename y su red de organismos colaboradores, instala la idea de una institucionalidad que se mantiene impoluta, al margen de la crisis, sin vínculos con el terreno pantanoso de los hogares. Un argumento que es la expresión de la crisis, pues apela a la fragmentación y aislamiento de los programas que intervienen con la infancia vulnerada, por un lado, las residencias y la precariedad de su funcionamiento, por otro lado, los programas ambulatorios que ofrecen otras condiciones de intervención. Desde este discurso da la impresión que no existe una relación entre las diferentes modalidades de atención a niños que han sufrido graves vulneraciones en sus derechos, por lo que el solo hecho de no tener hogares aparece como razón suficiente para insistir en la ausencia de un conflicto de interés.

Hoy más que nunca se requiere de instituciones que puedan incidir en esta crisis de forma externa y con plena autonomía. Hasta los últimos acontecimientos, el INDH reunía todas condiciones para encabezar un proceso de cambio con miras a restituir los derechos de los niños más vulnerables de nuestro país. Hoy esa posibilidad se encuentra en entredicho, ya que pese a que se ha hecho público el informe de resultados de la misión de observación nada asegura que este tema se mantenga como prioridad en la agenda del instituto.

Muy por el contrario, residencias y programa ambulatorios forman parte del mismo sistema en crisis, están fundados y sujetos a la misma ley, operan con la misma lógica de subvención y dependen del mismo ente administrativo, en este caso, Sename. Es un hecho que muchos de los niños que son atendidos por programas de Opción se encuentran internados en una residencia de protección, han pasado previamente por un hogar o, a través de la evaluación que hace un programa de diagnóstico, se solicitó que ese niño ingresara o saliera de un centro. Por lo tanto, existe conocimiento amplio y vínculos estrechos con estos contextos hace mucho tiempo.

Es más, la gran mayoría de los profesionales de programas ambulatorios, que atienden a niños y familias vinculados a los contextos residenciales, se sienten profundamente comprometidos y responsables de la situación de estos casos. Hacen esfuerzos por conocer los contextos residenciales, generan espacios terapéuticos particulares con el propósito de acoger el sufrimiento de estos niños y experimentan la impotencia cuando observan la forma en que la situación de internación los va dañando o son testigos de vulneraciones dentro de la residencia.

Bajo esta perspectiva, presentar el argumento de la ausencia de un conflicto de interés, fundamentando que se ha dirigido una institución que no ejecuta programas residenciales, es más bien una argucia que invisibiliza, desinforma y banaliza el funcionamiento del sistema de protección en su conjunto.

Por otra parte, el compromiso del INDH con la infancia vulnerada no empieza ni termina con la misión de observación de las residencias. Este informe debiese ser el primer capítulo de una revisión completa del funcionamiento del sistema de protección que, como es ampliamente sabido, opera desde la judicialización excesiva y el control social de los niños y sus familias amparado en el paradigma tutelar y no de la protección integral. El discurso del paradigma tutelar no es una característica exclusiva de las residencias de protección, también se manifiesta en el contexto de atención ambulatoria. Los resultados y recomendaciones del informe señalan varios puntos críticos que interpelan a la red programas ambulatorios encargados de brindar apoyo en materias de salud, educación y reparación del daño.

En definitiva, objetar el conflicto de interés es una forma de negación, representada en la posición de rechazo a la idea que se forma parte de un sistema que está en crisis. Opera del mismo modo que el discurso histórico que niega la violencia sistemática sobre los grupos más vulnerables, generada por la desigualdad social y reproducido por el sistema de protección de la infancia. Su origen puede ubicarse, en parte, en las estructuras de poder que se han edificado en torno a las principales organizaciones colaboradoras de Sename.

Existe una orgánica, públicamente conocida, que ha permitido la construcción de lazos, agendas comunes y formas de coordinación para incidir políticamente en el campo de la niñez. Sin duda que esto ha permitido algunos avances en la protección de la infancia, pero también ha generado la concentración y el estancamiento de los intereses de un grupo minoritario, pero de gran tonelaje institucional. Las instituciones que enarbolan banderas de lucha por la promoción y la protección de los derechos de los niños de Chile no son asépticas, sus intereses no se reducen a la caridad o la filantropía, sino que también son instituciones que operan políticamente, pues instalan imaginarios sobre la niñez y la familia que terminan definiendo el modo de elaboración e implementación de las políticas públicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, quien asume la dirección del INDH no está siendo cuestionada por sus capacidades y conocimientos en materia de derechos humanos y derechos del niño, su trayectoria en la materia acumula indiscutiblemente muchos pergaminos. Lo que se cuestiona es su participación y vínculos con el núcleo del poder de las organizaciones colaboradoras de Sename. Instituciones que en los últimos años han sido el escenario de una historia plagada de tragedias.

Por lo mismo, hoy más que nunca se requiere de instituciones que puedan incidir en esta crisis de forma externa y con plena autonomía. Hasta los últimos acontecimientos, el INDH reunía todas condiciones para encabezar un proceso de cambio con miras a restituir los derechos de los niños más vulnerables de nuestro país. Hoy esa posibilidad se encuentra en entredicho, ya que pese a que se ha hecho público el informe de resultados de la misión de observación nada asegura que este tema se mantenga como prioridad en la agenda del instituto.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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