Opinión
Transcurrido poco más de un mes desde la instalación del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a la luz del despliegue y de los primeros pasos dados por su administración, es posible evaluar los contenidos tácticos y estratégicos, junto a los propósitos políticos de la derecha. Y como consecuencia de ese análisis, ir proporcionando insumos para el debate y la determinación del rol de la centroizquierda.
Lo primero que cabe constatar es que no estamos frente a la misma derecha orientada a la eficiencia que constituyó el sello de la primera administración. En su versión actualizada, este sector logra reconocer los cambios que experimenta la sociedad chilena, toma conciencia de sí mismo respecto de su anterior carencia de un relato ético y político, y busca proveerse de un contenido distintivo que haga sentido a capas más amplias de la población.
A ello suma una buena gestión comunicacional, lo que le ha permitido invisibilizar importantes problemas de este mes inicial, como el severo retraso y las dificultades para instalar en los gobiernos regionales autoridades políticas desprovistas de conflictos de interés y cuestionamientos de orden político y ético.
En cuanto a la orientación estratégica, se aprecian dos rasgos que contribuyeron a que la derecha llegara nuevamente al gobierno, los que en base a una dialéctica de aprendizajes históricos, son potenciados para el desarrollo en el presente de un mayor apoyo social.
Por un lado, la construcción de un movimiento social de derecha, a veces silencioso pero muy sensible a captar y exacerbar algunos temores sociales, siendo el mejor ejemplo de ello el rechazo a la población migrante y la pérdida de calidad de vida por el menor crecimiento económico; en otros casos bullicioso y expresivo, expresado en los padres y apoderados pertenecientes a escuelas subvencionadas temerosos de la reforma educacional, o en la multigremial y el gremio de los camioneros en la región de la Araucanía, que criminalizan la demanda social y política mapuche.
[cita tipo=»destaque»]Por un lado, la construcción de un movimiento social de derecha, a veces silencioso pero muy sensible a captar y exacerbar algunos temores sociales, siendo el mejor ejemplo de ello el rechazo a la población migrante y la pérdida de calidad de vida por el menor crecimiento económico; en otros casos bullicioso y expresivo, expresado en los padres y apoderados pertenecientes a escuelas subvencionadas temerosos de la reforma educacional, o en la multigremial y el gremio de los camioneros en la región de la Araucanía, que criminalizan la demanda social y política mapuche.[/cita]
Por otro lado, la apropiación y cooptación de la idea y el anhelo de más derechos sociales, ampliando dicha expectativa hacia la denominada clase media, pero en los hechos acentuando el despliegue de políticas públicas orientadas hacia la focalización.
Ambos factores están en pleno despliegue y, a un mes del traspaso de mando, se comienza a delinear el carácter del actual gobierno como un intento de articular y conjugar dos idearios de derechas –conservador y liberal– y consecutivamente, dos racionalidades políticas que actúan no siempre de forma complementaria.
Una aparentemente sensible a las transformaciones que el país experimenta en términos de una sociedad de derechos e inclusiva, pero que en los hechos está encaminada a desmantelar y contener la implementación de las conquistas del gobierno de la Nueva Mayoría, y que posee una clara orientación ideológica destinada a resituar políticas de bienestar residual, siendo el mejor ejemplo los cambios institucionales propuestos en niñez que se restringen a la focalización e inyección de mayores recursos pero en ausencia de una regulación adecuada.
Y otra encabezada por el ex Diputado José Antonio Kast y secundada por la UDI, complementaria a la primera, que busca organizar una derecha radical, agresiva verbalmente hacia los inmigrantes, contraria a los derechos de la diversidad sexual, que niega la historia durante la dictadura de violaciones a los derechos humanos y que mediante la provocación a las comunidades universitarias busca victimizarse y estructurar en el campo social y estudiantil una derecha radical.
En el plano táctico y en el entendido que el ejecutivo carece de mayorías suficientes en el Congreso para implementar su programa, la actual administración ha operado a través de dos ejes de acción. De una parte, a través de las “Medidas Administrativas” que buscan impedir la implementación en su sentido original de las reformas y políticas públicas con enfoque de derechos. Destacan a este respecto los cambios en el protocolo para la Interrupción del embarazo en tres causales y la revisión del reglamento de des-municipalización, entre otros.
De otra parte, es especialmente preocupante y peligrosa la tendencia manifiesta del actual gobierno de derecha a no respetar las instituciones del Estado. La constitución de la comisión para el acuerdo en infancia así lo refleja pues se trata de una instancia que, en su nominación discrecional, desatiende la existencia de un Congreso proporcional y representativo, intentando mermar su deliberación y legitimidad social. En el mismo sentido pueden juzgarse las extremadamente graves declaraciones del Ministro de Justicia quien, con su calificativo de “jueces de izquierda”, en los hechos busca inhibir y restringir la acción de los tribunales y contribuye a desestabilizar el poder judicial. Se evidencia así un hasta ahora sutil autoritarismo que viene a socavar las bases de la democracia, en tanto, a través de la inhibición de las instituciones, buscaría revertir el proceso de fortalecimiento institucional y reforzamiento democrático que caracterizó al gobierno de la Presidenta Bachelet.
Ahora bien, en este cuadro, reviste especial importancia la pregunta sobre cuál debería ser el rol de la oposición. Una primera observación a este respecto es que la oposición –en proceso de organización y construcción– no puede hacer política cediendo a las estratagemas comunicacionales del gobierno y mostrando temor a evidenciar sus motivaciones de fondo. La sinceridad política frente a la ciudadanía es un activo y un fundamento para la construcción de un proyecto de transformaciones sociales que movilice mayorías.
La dirigencia política opositora debe estar atenta a no actuar con ingenuidad y exceso de protagonismo personal respecto de las adulaciones del gobierno de derecha. Es un imperativo de este momento recuperar el sentido colectivo de la política.
A su vez, debe existir claridad al interior de la oposición respecto de los esfuerzos restauradores orientados a la reedición de una democracia de los acuerdos, restrictiva y desprovista de vitalidad transformadora.
Se necesita un esfuerzo superior en cada partido y movimiento por poner al centro la unidad por sobre la diferenciación y el relieve de identidades propias. La centroizquierda y el progresismo valoran profundamente la unidad y los propósitos comunes, y esa valoración se acentúa ante la hegemonía de una derecha que amenaza retrotraer los avances de los últimos años.
Finalmente, se requiere establecer un sentido de urgencia para enfrentar los conflictos del presente y no depositar esperanzas unitarias en el mediano plazo, dada la proximidad que tendrán las elecciones municipales y de gobernadores. Una articulación tardía, remitida a lo electoral, puede ser perjudicial para el esfuerzo de relegitimar un proyecto político y social de cambios sustantivos para Chile.
