Señor Director:
Hoy se cumplen seis meses desde la puesta en marcha de la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad y también el plazo para que las empresas suban estos contratos a la Dirección del Trabajo. En este tiempo mucho se ha hablado sobre el cumplimiento que le está dando a la ley el sector privado y de su nivel de compromiso con el cambio social que la trasciende, sin embargo es necesario establecer que en el éxito de su implementación es fundamental el rol que están jugando las personas con discapacidad, y sus familias, desde su disposición a romper sus propias barreras psicosociales y en su interés por capacitarse para responder al mercado laboral, como el del Estado como promotor de procesos que faciliten la formación, la contratación y la inclusión.
Así se requiere con firmeza poner atención en la importancia de fortalecer y cambiarle la cara al Registro Nacional de la Discapacidad, un registro público que no sólo es requisito para la postulación a un empleo sino que además un instrumento que permitiría levantar datos cuantitativos y cualitativos para generar mejores políticas públicas en torno a discapacidad. Actualmente se encuentra registrado en éste menos de un 10% de la población en esta situación. En esa misma línea, si queremos que el desarrollo avance en coherencia con la ley, el Estado debe convertirse en un ente ejemplar y saldar aquellos espacios de interpretación a la contratación que le otorga tan profusamente la ley. Hoy están todos los apoyos desde la sociedad civil para acompañar a sus servicios en los procesos de intermediación laboral, como lo hacemos también con las empresas, y adicionalmente en sólo meses se generalizará la obligación de contar con accesibilidad universal en los edificios de uso público. Las alternativas a la contratación están, sólo hay que agregar la voluntad.
María José Escudero
Directora Ejecutiva de Fundación Ronda
