Señor Director:
El gobierno ha anunciado que enviará un proyecto de ley al Congreso en el que se busca empoderar a los equipos directivos, para expulsar a estudiantes de manera más rápida en los siguientes casos según consigna la página del MINEDUC:
“1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de características similares, como, por ejemplo, bombas Molotov.
2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.”
Mediante la siguiente misiva, hay preocupaciones que quisiéramos destacar en torno a este proyecto que aún no es conocido públicamente, pero que podemos inferir dada la tendencia política de este gobierno hacia los problemas sociales.
En primer lugar, tememos que será una herramienta que buscará neutralizar el legítimo derecho de las y los estudiantes a movilizarse. Si hay algo a lo que sabemos que descoloca a este gobierno por su nula capacidad de comprender las movilizaciones transversales y horizontales, es que nuevamente estalle una movilización como la que tuvo que afrontar el 2011.
Una segunda preocupación, es que el mensaje que se está dando a la ciudadanía con el anuncio del envío del proyecto es el de la escuela como agente de exclusión social, cuando bien sabemos que la educación es un derecho que debe ser garantizado para nuestros/as niños y niñas (¿niños primero?). Levantar este discurso es peligroso, puesto que; es un atentado a todos los esfuerzos que como sociedad y en especial en muchas escuelas estamos haciendo por educar en la inclusión, los ambientes dignos y de cariño. El proyecto de ley podría eventualmente colaborar con la complicidad en la desescolarización de muchos/as estudiantes.
En tercer lugar, el proyecto le endosa a la escuela y sus equipos directivos una responsabilidad que es de otros organismos: Nos invita a hacernos cargo de un aparataje punitivo que ejercen otras instituciones. Los equipos directivos optamos muchas veces por las medidas formativas. La no renovación de matrícula o la cancelación de esta ya podemos ejecutarla, una vez que hemos hecho el debido proceso establecido en los reglamentos de convivencia escolar que deben ajustarse a las leyes y decretos vigentes. En este debido proceso; muchas veces derivamos los casos complejos a otras instituciones como tribunales de familia, OPD, comunidades terapéuticas, etc. Este trabajo colaborativo entre instituciones permite muchas veces que nuestros/as estudiantes tengan cambios positivos en su desarrollo biopsicosocial, ¿Por qué privar a niños y niñas a sentirse valorados y valoradas por sus escuelas?
Una vez más un gobierno está errando profundamente de manera conceptual y procedimental en los procesos educativos por razones de politiquería: Dejar contenta a la galería que pide ver rodar las cabezas de quienes son “antisociales”.
Teniendo la oportunidad de que como sociedad debatamos las causas profundas de la violencia, la desmotivación escolar, la exclusión, etc. Nuevamente se pone el foco en la reacción más que en la prevención.
Aulas y escuelas felices son posibles y debiéramos obligarnos como sociedad y especialmente las y los educadores a avanzar en esta dirección. Necesitamos pisos mínimos como la dignidad del trabajo docente que incluya los tiempos de construcción de espacios educativos motivantes dentro de la escuela, mayor democratización del espacio escolar (el espacio que se siente propio se cuida), avanzar en la desestandarización y erradicar los incentivos perversos del sistema nacional de evaluación que en el día a día tanto daño nos hacen.
Ministra: Queremos aulas felices.
Carla Moya, Profesora de Lenguaje y Comunicación
Leonardo Aguiló, Profesor de Historia y Geografía
