Opinión
Muchas veces olvidamos que el derecho al voto fue una conquista popular duramente arrancada a los gobernantes; y que la democracia, incluso en su modelo representativo fue ganada en una lucha a muerte con un altísimo costo en vidas humanas. Cien años de levantamientos y revoluciones en Francia acabaron en 1871 con el establecimiento de una república democrática. Para muestra, en Argentina, entre 1976 y 1983, la dictadura militar produjo 30.000 muertos y desaparecidos. En Chile, entre 1973 y 1988, Pinochet hace desaparecer al menos a 3.000 personas y tortura a más de 40.000. Al régimen del general Stroessner, en Paraguay entre 1954 y 1989, se le imputan alrededor de 11 mil desaparecidos y asesinados, además de centenares de presos políticos y exilios forzados. Según el informe de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y el año 2000 el balance en Perú es de 70.000 muertos y 4.000 desaparecidos.
En Guatemala, entre 1960 y 1996 se registran 50.000 desaparecidos y 200.000 muertos, según la comisión de Esclarecimiento Histórico de 1999, que atribuye el noventa y tres por ciento (93%) de las víctimas a los militares. En Uruguay, entre junio de 1973 a febrero de 1985, uno de cada cinco ciudadanos pasó por la cárcel; uno de cada diez fue torturado; una quinta parte de la población (unas 600.000 personas) se vio obligada a emigrar, cientos desaparecieron; otros sencillamente fueron asesinados. En Haití, bajo la dinastía de los Duvalier entre 1957 y 1986, fueron asesinadas más de 200.000 personas, a las que hay que añadir las miles de víctimas del golpe de Estado de Cedras contra Aristide en 1991. En Nicaragua, la dictadura de los Somoza fue responsable de al menos 50.000 muertos, a los que hay que sumar otras 38.000 víctimas mortales como consecuencia de la guerra de baja intensidad sostenida en la década de los 80, con el apoyo y financiamiento estadounidense, contra el gobierno democrático sandinista.
En fin el siglo XX asentó una impresionante excepción: el hecho de que ningún proyecto socialista que verdaderamente afectara a intereses económicos poderosos podía pretender salir adelante por vía electoral y conservando las garantías constitucionales de un Estado de Derecho, sin que un golpe de Estado viniera a poner fin a semejante aventura. Lo que tuvimos en América Latina no es sino una dictadura militar primero y luego una dictadura del capital después, jamás una real democracia.
[cita tipo=»destaque»]Bajo el totalitarismo económico, el margen político de la ciudadanía es insignificante, tanto en su forma parlamentaria como en su forma participativa. Las dos cosas cumplen, en realidad, su papel. El parlamentarismo, haciendo de fachada legitimadora institucional. La participación, extenuándose asamblea tras asamblea, hasta estrellarse contra el curso irremisible de los acontecimientos económicos. En verdad, ahí donde la política no tiene ninguna posibilidad de intervenir en los asuntos humanos, las posibilidades del espejismo de la ilusión ciudadana se vuelven infinitas. En una sociedad que no está edificada con palabras y con medios políticos sino con medios económicos, la libertad, por muy absoluta que se pretenda, no tiene capacidad para poner nada en libertad.[/cita]
Tal y como dijo Eduardo Galeano, para liberar el dinero, se encarcela a la gente. En esa línea todas las cuestiones políticas de importancia han sido y son decididas en la arena de la economía y no en lo que se supone que son las sedes de nuestra instancia política, es decir, en el Parlamento. Al Parlamento se le ha dejado hacer mientras no ha decidido nada que contradijera los intereses de las grandes corporaciones económicas.
En algo, al menos, no cabe duda de que tenía razón el jurista Carl Schmitt: el poder no lo tiene quien lo ejerce, sino quien te puede hacer cesar por el uso que hagas de él al ejercerlo. Y esta ha sido nuestra historia: las corporaciones económicas han cesado al Parlamento cada vez que este ha decidido algo que no les convenía.
Y lo han hecho mediante operaciones económicas y políticas a gran escala, armando ejércitos, bloqueos, chantajes y represalias económicas, invadiendo países, financiando golpes de Estado. Así, la Democracia ha sido siempre el paréntesis entre dos golpes de Estado. A fin de cuentas, lo que se celebraba y se ha celebrado como Democracia no ha sido, en realidad, más que la superfluidad y la impotencia de la instancia política. El FMI, el BM, el grupo G7, el GATT, etc., son básicamente los fundamentos de un gobierno internacional. Este “gobierno internacional” está fuera de todo control parlamentario y democrático. Lo que una y otra vez queda probado es la incompatibilidad entre neoliberalismo y democracia.
Así pues, las democracias occidentales están especialmente orgullosas de la división de poderes, pues saben que ahí radica la esencia misma del Estado de Derecho anhelado por todas las aspiraciones ilustradas. Sin embargo, no tiene ningún mérito dividir un poder político que no puede hacer nada frente a la tiranía de un poder económico que circula incontrolado al margen de los parlamentos nacionales.
Vivimos en un sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas que el margen de actuación de la política es, probablemente, uno de los más irrisorios que haya conocido la historia de la humanidad. Se trata, sin duda, de la paradoja más abismal de la sociedad moderna, pues, al mismo tiempo, la sociedad moderna es la única que se ha querido a sí misma constituida por medios políticos.
Es verdad eso que mientras la política conquista poder por un lado, el mercado lo roba por el otro. Se puede siempre discutir sobre los límites de la representatividad, sobre la revocabilidad de los representantes o sobre el sistema de su elección. Pero los problemas siempre tienen una solución constitucional, mientras que los del capitalismo no. La dilapidación sistemática de recursos y riqueza se le llama consumo y estimulación de la demanda, y a la destrucción del planeta, crecimiento. Bajo condiciones capitalistas, todo aquello que para los seres humanos es un problema, resulta que para la economía es una solución. Y lo que para ellos es una solución, para la economía es un problema.
Si no hay “participación” y ni siquiera hay verdadero interés por la acción parlamentaria representativa es porque los ciudadanos se han acostumbrado ya hace mucho tiempo a que el parlamento esté secuestrado por el ministerio de Economía y este, a su vez, por los intereses de las grandes corporaciones económicas. Los ciudadanos saben perfectamente que no se les llama a votar para consultar sus razones, sino para hacerles entrar en razón. Hay siempre algo terapéutico en la acción parlamentaria: se trata de convencer a la ciudadanía de que la única manera de defender sus propios intereses es defender los intereses de la economía, pues, al fin y al cabo, se depende de ella a vida o muerte.
Bajo el totalitarismo económico, el margen político de la ciudadanía es insignificante, tanto en su forma parlamentaria como en su forma participativa. Las dos cosas cumplen, en realidad, su papel. El parlamentarismo, haciendo de fachada legitimadora institucional. La participación, extenuándose asamblea tras asamblea, hasta estrellarse contra el curso irremisible de los acontecimientos económicos. En verdad, ahí donde la política no tiene ninguna posibilidad de intervenir en los asuntos humanos, las posibilidades del espejismo de la ilusión ciudadana se vuelven infinitas. En una sociedad que no está edificada con palabras y con medios políticos sino con medios económicos, la libertad, por muy absoluta que se pretenda, no tiene capacidad para poner nada en libertad.
De allí, la rabia acumulada entre la gente que se siente hastiada de esa dinámica, sin saber cómo sacudirse de ella.
Todo esto ha empeorado aún más cuando a la dinámica descrita se suma el financiamiento legal y/o ilegal que reciben las elites políticas, desde aquellas fuerzas económicas cuya eliminación constituye el objeto del cambio, pero que, al financiar a sus supuestos enemigos políticos, en realidad los ha transformado de “potenciales sepultureros” a “eficientes mayordomos” a cargo de la protección de los intereses de los dueños del país.
Tras esa forma particular de ser de las instituciones desde las cuales se ejerce liderazgo político, se han desarrollado los conocidos procesos de transformación de los líderes en una casta cerrada. Así, el interés personal de los líderes en conservar una posición de poder y privilegio les lleva a identificar sus propios fines personales con los fines de la organización, lo que produce no sólo una marcada tendencia al conservadurismo, sino también a la desmovilización social y a la instrumentalización de la ideología de la organización en su propio beneficio.
¿Cómo hacer para arribar a una verdadera democracia? Un desamarre a nivel internacional de ciertos tratados que entregan soberanía a Tribunales internacionales. Una verdadera ley de Lobby y tráfico de influencias. Mejorar la ley sobre declaración de patrimonio e intereses. Una ley de “enfriamiento” esto es que se termine con la puerta giratoria entre personeros de ministerios hacia empresas privadas. Presupuestos participativos en las glosas de la ley de presupuesto del Estado. La expropiación de empresas estratégicas en beneficio del Estado. Derechos sociales garantizados por el Estado. Todas estas iniciativas pueden ayudar a morigerar el rol de las grandes corporaciones y su usurpación sobre la democracia.
