Opinión
No es fácil formular una opinión fundada sobre la compleja situación que vive la región de La Araucanía desde la comodidad de Santiago. Sin embargo, tampoco es muy difícil comprender que la última semana ha sido la más difícil desde la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. Así, cualquier observador puede darse cuenta que, si el Plan Araucanía quiere seguir en marcha, es necesario poner los medios para terminar con varios obstáculos que impiden afianzar el diálogo iniciado en la región.
En primer lugar, existe un grave problema en el rol desempeñado por Carabineros en sus labores de investigación de delitos, como de orden y seguridad pública. En el último tiempo, la institución policial ha demostrado no estar a la altura cuando se trata de valorar los hechos desde una perspectiva más amplia que la meramente policial. Han sido frecuentes, por ejemplo, los errores que Carabineros ha cometido sobre la relación entre autoridad y el uso racional de la fuerza. Por ejemplo, la muerte de Jaime Mendoza Collío por un disparo por la espalda en el año 2009. En este caso, la policía inicialmente alegó legítima defensa, pero posteriormente la justicia desechó esta tesis, al demostrarse que se trató de violencia innecesaria.
[cita tipo=»destaque»]la región es el símbolo de la cultura mapuche y no “la región más pobre del país”. Es decir, la muerte de Catrillanca no puede ser comprendida como una mera externalidad de un “ambicioso plan”, ni tampoco como un “lamentable error”, como sostuvo el intendente Mayol a propósito de su muerte. En el fondo, su homicidio es la imagen viva del sangramiento de un pueblo entero que ha sido denostado durante siglos, sobre todo por el Estado de Chile. El gobierno del presidente Piñera debe tomar conciencia de que la deuda histórica hacia pueblo mapuche es ante todo cultural, una deuda hacia un pueblo que no reclama solamente mayor bienestar, sino ante todo reconocimiento y respeto.[/cita]
En el caso de Camilo Catrillanca, aun cuando existiera una agresión de su parte o de los terceros que lo acompañaban, no pareciera estar justificado el disparo por la espalda en mérito de la naturaleza de los bienes jurídicos en juego ―ni siquiera en el hipotético caso que sí hubiese tenido antecedentes penales por receptación de vehículos―. En efecto, la legítima defensa es una causal de justificación reglada por el Código Penal y que no opera en base a criterios policiales, sino que requiere de la existencia de requisitos jurídicos específicos, en primer lugar, de una agresión ilegítima, pero también de la falta de provocación suficiente por quien se defiende ―en este caso, de Carabineros―y, sobre todo, de la “racionalidad” de los medios empleados para impedirla o repelerla. En un cuerpo militar y técnico como Carabineros, la racionalidad de los medios para impedirla o repelerla debe ser empleada con extrema prudencia, sobre todo en un contexto donde es exigible no solo una preparación técnica, sino ante todo una sólida formación moral para distinguir qué medios emplear para evitar la comisión de delitos, según la gravedad de los mismos y la naturaleza de los bienes jurídicos afectados. Lo poco que hasta ahora se sabe sobre la muerte de Catrillanca, muestra conductas inadmisibles en una institución que no puede ceder a efectismos ni operetas ―como lo que se ha intentado generar con el “Comando Jungla” ―, poniendo en riesgo la seguridad de una región completa y la confianza política necesaria para legitimar el gobierno en la zona.
En segundo lugar, si bien el gobierno ha mostrado una preocupación diferente al anterior, no parece que exista una visión compartida sobre las causas que originan el problema, ni una coordinación suficiente entre las autoridades implicadas. La llamada agenda de las “cuerdas separadas” puede ser útil para distinguir diferentes aspectos del mismo asunto, pero, al mismo tiempo, en los hechos pareciera mostrar una dispersión ―a juzgar por sus actos, ni el ministro Moreno ni Chadwick ni el intendente Mayol tienen posturas concordantes sobre cómo enfrentar la realidad acaecida posterior a la muerte de Camilo Catrillanca―, lo que, por cierto, contribuye a dar pie para que la labor política y de gobierno propiamente tal, se anule o se confunda con la autoridad policial. Es urgente que el presidente Piñera se sitúe por encima de sus colaboradores y ejerza una mediación política exigida por su investidura y legitimidad ciudadana.
Por último, el olvido de lo central: la región es el símbolo de la cultura mapuche y no “la región más pobre del país”. Es decir, la muerte de Catrillanca no puede ser comprendida como una mera externalidad de un “ambicioso plan”, ni tampoco como un “lamentable error”, como sostuvo el intendente Mayol a propósito de su muerte. En el fondo, su homicidio es la imagen viva del sangramiento de un pueblo entero que ha sido denostado durante siglos, sobre todo por el Estado de Chile. El gobierno del presidente Piñera debe tomar conciencia de que la deuda histórica hacia pueblo mapuche es ante todo cultural, una deuda hacia un pueblo que no reclama solamente mayor bienestar, sino ante todo reconocimiento y respeto.
En suma, todo hace pensar que el futuro del Plan Araucanía llegó a un punto de inflexión, salvo que no se vaya al fondo y se “corte por lo sano”, como enseña la santa sabiduría popular.
