miércoles, 23 de enero de 2019 Actualizado a las 11:35

Editorial

Los tentáculos del narcotráfico acechan a La Moneda

por 8 enero, 2019

Los tentáculos del narcotráfico acechan a La Moneda
Hace pocas semanas se incorporó al Comité Político Ampliado de La Moneda, encabezado por el Presidente de la República, el nuevo timonel del partido PRI, Hugo Ortiz de Filippi, quien en la década del 2000 se desempeñó como abogado de la empresa Aerocontinente, acusada por el CDE de lavado de activos y narcotráfico, de propiedad de un notorio narcotraficante peruano quien actualmente cumple condena en su país por lavado de dinero y tráfico de drogas, y que la prensa de Perú sindica como integrante del cartel Los Norteños, con vínculos con los capos mexicanos de la droga.
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La forma en que los partidos políticos oficialistas articulan su sistema de relaciones con su Gobierno es crucial para entender la lógica con la cual muchos intereses privados alcanzan auditorio en las decisiones gubernamentales. En la ritualidad política nacional de los últimos decenios, todos los lunes funciona en La Moneda un comité político del que también forman parte los jefes de los partidos oficialistas, además de los ministros del área. El actual se llama Comité Político Ampliado (CPA), en el que Sebastián Piñera comparte con su base de apoyo político los principales temas de la agenda y se acuerdan o consultan decisiones o pareceres.

Así, el CPA es el “club” o instancia de reunión política más privado y excluyente del sistema, donde los temas más reservados y, eventualmente, secretos del Estado se tocan sin formalidad de ley ni garantía legal de secreto o reserva; sin reglamento (nunca alguno de estos comités lo ha tenido) ni reglas de transparencia o responsabilidad en lo público. Es, en estricto rigor, un ámbito informal de poder e influencia sobre los asuntos del Estado, cuyo funcionamiento depende de la inteligencia, compromiso y sobriedad del Poder Ejecutivo.

En medio de la anomia institucional que en la actualidad rodea a la administración del Estado, ello resulta inconveniente, incluso derechamente peligroso.

Las graves irregularidades en Carabineros y el Ejército han provocado que la función más afectada sea la contrainteligencia nacional y, por lo tanto, la certidumbre de que la información sensible que manejan las autoridades no tenga filtraciones, no genere descontrol o sea aprovechada por intereses ajenos a los del país.

El gran  objetivo narco en materia de influencias es lograr puntos de apoyo y buenos contactos “en red”, lo que deja sembrado a quien entre a su servicio, aunque sea temporalmente (como es el caso de los abogados que defienden a narcotraficantes), para ser usado o requerido cuando sea necesario. Ese es un vínculo que –se sabe– nunca desaparece. Por eso Chile tiene reglas explícitas de inhabilidad para los abogados que se dedican a defender a ese tipo de delincuentes.

A diferencia de lo que ocurre en otros servicios, en materia de inteligencia las fallas no pueden mitigarse en la calidad sectorial de la administración, particularmente si no hay contrainteligencia fiable.

En este contexto, debe necesariamente ponerse el foco en la incorporación al Comité Político Ampliado, hace pocas semanas, del nuevo presidente del PRI, Hugo Ortiz de Filippi, quien en la década del 2000 se desempeñó como abogado de la empresa Aerocontinente, en contra del Estado de Chile (representado por el Consejo de Defensa del Estado), que la había acusado de los más graves delitos de narcotráfico y lavado de activos. En el año 2009 se archivó la causa sin condenas, pues los imputados nunca volvieron al país. El dueño de Aerocontinente era un notorio narcotraficante peruano, Fernando Zevallos Gonzales, alias “Lunarejo”, quien cumple condena actualmente en su país por narcotráfico y lavado de activos y que la prensa peruana sindica como integrante del cartel de Los Norteños, con estrechos vínculos con los capos mexicanos de la droga.

Hay que considerar que el narcotráfico es una industria de despliegue difuso que, en materia política, opera buscando capturar contactos y amparos de poder. Primero, paga una actividad normal (a un abogado, por ejemplo) y luego aprieta a ese contacto en aquellos temas o aspectos que le interesan al negocio y a los que puede acceder mediante ese contacto. Se considera “oro puro” a un buen abogado con redes políticas y/o judiciales, así como un vínculo policial de alto nivel con acceso a operaciones o relaciones sociales en ámbitos con buena prensa, como clubes o emprendimientos filantrópicos. Todo para incidir, inmovilizar, ganar adeptos, neutralizar amenazas o infiltrar y camuflar.

El actual presidente del PRI, exsenador (RN) y exabogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, claramente tiene ese perfil de interés de sus exempleadores, sobre todo desde que aceptó representar legalmente a Aerocontinente y a su propietario frente al Estado de Chile en los graves delitos mencionados.

El gran objetivo narco en materia de influencias es lograr puntos de apoyo y buenos contactos “en red”, lo que deja sembrado a quien entre a su servicio, aunque sea temporalmente (como es el caso de los abogados que defienden a narcotraficantes), para ser usado o requerido cuando sea necesario. Ese es un vínculo que –se sabe– nunca desaparece, y por eso Chile tiene reglas explícitas de inhabilidad para los abogados que se dedican a defender a este tipo de delincuentes.

Adicionalmente, se debe tener presente la torcida defensa legal que entonces hizo la empresa, representada ante autoridades chilenas por Ortiz de Filippi. Funcional a su estrategia, el abogado montó una engañosa trama en contra del Consejo de Defensa del Estado de Chile, incluso presentando al testigo falso Purificación Marreros, a quien se le pagó para mentir en la causa. Este finalmente confesó al ministro en visita Víctor Montiglio que había sido pagado por la compañía para testificar en Chile a favor de esta. Luego de esto, los Zevallos desaparecieron, abandonándolo todo.

Ortiz de Filippi es hoy parte del CPA del Gobierno de Sebastián Piñera y, como tal, puede participar y/o influir en decisiones muy importantes para la República. Por ejemplo, las relativas a designaciones de ministros de la Corte Suprema, además de enterarse y opinar sobre los asuntos aún más reservados del Estado.

Es una obligación de las autoridades el mirar las vulnerabilidades del país en estos aspectos. En menos de 20 años se han producido una serie de hechos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado que siempre son calificados como eventos circunstanciales, pese a su impacto negativo en el Poder Judicial y en las instancias políticas. La actual circunstancia institucional y política del país obliga, especialmente al Primer Mandatario, a velar por la salud institucional y la seguridad del Estado de Chile, más allá de toda consideración ideológica o de amistad.

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