Opinión
El alza en la frecuencia e intensidad de eventos extremos (olas de calor, inundaciones, incendios forestales, etc.) ha puesto al cambio climático en el centro del debate. Se trata de una de las tantas consecuencias negativas del calentamiento global, sobre las que los científicos venimos alertando desde hace décadas.
Ya en la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, adoptada en la Cumbre de Río (1992), se reconocía la influencia humana en el clima y se atribuía a los países desarrollados la responsabilidad para su mitigación. Esta convención ha sido ratificada por casi 200 Estados o “partes” que se reúnen anualmente en la Conferencia de Partes (COP).
El acuerdo alcanzado en la COP21 de París en 2015, en el que las partes adoptaron compromisos voluntarios a aplicar en el periodo posterior al año 2020 (cuando expire el Protocolo de Kioto), incluye la reducción de emisiones con el objetivo de limitar el calentamiento global a no más de 2 grados respecto a valores pre industriales, y prestar ayuda a los países en desarrollo para asumir el costo de su adaptación al cambio climático.
El Acuerdo de París tenía varios cabos sueltos que incluían la ausencia de un reglamento de aplicación. En particular, no especificaba medidas de verificación del cumplimiento de compromisos de reducción de emisiones o de ayuda a los países en desarrollo.
En la COP24, celebrada el mes pasado en Polonia, se logró la aprobación de un reglamento de aplicación del Acuerdo de París que incluye medidas para el seguimiento de los compromisos. Sin embargo, algunos temas no se cerraron en Polonia y deberán ser abordados en la próxima cumbre.
Entre estos temas, en la COP25, que acogerá nuestro país, deberán abordarse los polémicos “mercados de emisión de carbono”. Un mecanismo contenido en el Protocolo de Kioto que permite el intercambio de cuotas de emisión entre países, y que favorece a países con amplias zonas forestales. Brasil pretende que el Acuerdo de París herede ese mecanismo, sin embargo, se trata de un tema que no genera consenso.
Sin restarle importancia a este tema, la COP25 en Chile debería apuntar además a objetivos más ambiciosos.
Los compromisos de reducción de emisiones adoptados en París son insuficientes para contener el calentamiento global. De no revisarse al alza estos compromisos, el incremento en la temperatura media del planeta superará los 2 grados a mediados de siglo. La próxima revisión de compromisos de reducción de emisiones está prevista para 2023 pero la presión para que las partes adopten metas más ambiciosas debe continuar en Chile.
La COP25 debería ser un foro para que los países en desarrollo, responsables de una fracción de las emisiones pero, al mismo tiempo, los más vulnerables al cambio climático, exijan a los grandes emisores (los países desarrollados más China e India) un compromiso explícito para lograr emisión neta cero antes de mediados de siglo.
La rápida adopción de tecnologías solares que experimenta nuestro país, ha permitido que en 5 años alrededor del 10% de la energía eléctrica que se consume en Chile sea de esta fuente. Nuestro país puede exhibir una ejemplar tasa de descarbonización, teniendo las credenciales para exigir esfuerzos comparables.
La COP25 representa una gran oportunidad para que Chile exponga sus avances y ejerza un liderazgo positivo hacia compromisos más ambiciosos en reducción de emisiones. Si el mundo no se compromete a lograr emisión neta cero antes de mediados de siglo, será muy difícil evitar los peores efectos del cambio climático.
