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La Moneda aprieta al Congreso con la ACOT: 10 proyectos de seguridad tendrán discusión inmediata
Antibarricadas 2.0, legítima defensa privilegiada e incentivos para Carabineros están entre las iniciativas que el Ejecutivo busca acelerar, mientras se confirma que la cuestionada reforma constitucional en seguridad queda con urgencia simple para abrir espacio a la negociación.
El Gobierno decidió pasar de los anuncios a la presión legislativa y puso 23 proyectos de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) bajo algún grado de urgencia, en una ofensiva que busca acelerar el paquete de seguridad impulsado por el Presidente José Antonio Kast.
La señal más fuerte está en las 10 iniciativas que ingresarán con discusión inmediata, mecanismo que obliga a su discusión y despacho dentro de seis días por cada Cámara, de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución. Cinco de ellas se encuentran en segundo trámite en el Senado y otras cinco en primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Entre las prioridades aparecen proyectos de alto contenido político y policial: la modernización de incentivos, carrera y gestión de planta de Carabineros; la llamada Naín-Retamal 2.0, que establece una legítima defensa privilegiada para funcionarios militares y policiales de franco; la ampliación del control de identidad de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción; y la Antibarricadas 2.0, que amplía los delitos asociados a la interrupción u obstaculización de la circulación y de los servicios de transporte.
La ofensiva también incorpora con discusión inmediata la denominada ley anticapuchas, que sanciona el ocultamiento de identidad durante eventos masivos y desórdenes públicos; una reforma para facilitar la ejecución de expulsiones administrativas; el endurecimiento de las hipótesis de tráfico de migrantes; una ley corta para fortalecer la seguridad municipal; y modificaciones destinadas a agilizar las investigaciones penales mediante cambios al sistema nacional de registros de ADN.
El segundo nivel de prioridad contempla 10 proyectos con suma urgencia, entre ellos las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el aumento de sanciones por atentados contra funcionarios policiales, la protección de infraestructura crítica, la ampliación del período considerado para la flagrancia, cambios a la Responsabilidad Penal Adolescente y la tipificación del ingreso clandestino al país.
También quedaron bajo suma urgencia el perfeccionamiento de las expulsiones administrativas, el delito de reclutamiento de menores por organizaciones criminales, la continuidad de los juicios orales en ausencia y nuevas sanciones para la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros.
Reforma constitucional con urgencia simple
El Gobierno reservó, en cambio, la urgencia simple para tres iniciativas. Entre ellas está la reforma constitucional que busca fortalecer el sistema nacional de Seguridad Pública, además de los proyectos sobre seguridad portuaria y la delimitación del delito de apremios ilegítimos cometido por funcionarios públicos respecto de personas bajo su custodia.
La distribución de las urgencias no es menor. La reforma constitucional que ha concentrado buena parte de las críticas políticas y jurídicas dentro y fuera del oficialismo no recibe el mismo tratamiento que las medidas legales del paquete, quedando con el menor nivel de prioridad legislativa.
El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, justificó la decisión como parte de una estrategia para acelerar la agenda de seguridad. “El Gobierno tiene la decisión de avanzar con urgencia en la agenda de seguridad”, sostuvo, planteando que durante esta semana el Ejecutivo buscará empujar iniciativas destinadas a entregar mayores herramientas al Estado para combatir el crimen organizado.
Así, mientras la discusión sobre el diseño constitucional de la ACOT sigue tensionando al oficialismo y abriendo flancos con parlamentarios, La Moneda optó por despejar la pista legislativa para el resto del paquete. La apuesta es avanzar primero con las reformas legales que ya están en el Congreso y someter a máxima presión parlamentaria aquellas que pueden mostrar resultados concretos en materia policial, persecución penal, control territorial y migración.
