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Suprema se prepara para maratónica revisión de remoción de 56 jueces por viajes con licencia
La revisión incluirá al juez Daniel Urrutia, cuyo intento por frenar su remoción ante el Tribunal Constitucional fue rechazado, despejando el camino para que la Suprema analice su caso junto a los otros 55 magistrados cuestionados.
La Corte Suprema se apresta a enfrentar desde este miércoles una verdadera maratón judicial. A partir de las 10:30 horas del 2 de septiembre, el pleno comenzará a revisar los cuadernos de remoción abiertos contra jueces y juezas que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, una investigación que se originó tras el cruce de información impulsado a partir de antecedentes de la Contraloría.
La cifra informada por el máximo tribunal a mediados de junio alcanza a 56 magistrados, aunque entonces se advirtió que otros 11 casos permanecían en proceso de notificación. La revisión podría prolongarse hasta el 9 o 10 de septiembre, con jornadas que se extenderán hasta las 18:00 horas.
El volumen de causas explica la dimensión de la operación. Cada cuaderno puede consumir entre 40 minutos y una hora de audiencia, considerando la relación de la causa y los alegatos de las partes. Estos últimos dispondrán de hasta 30 minutos cada uno. Según estimaciones consignadas por El Mercurio, los 56 procesos representan entre 37 y 42 horas de trabajo efectivo, equivalentes a seis o siete jornadas completas, sin contar eventuales suspensiones o pausas.
Y aunque el número de magistrados involucrados es amplio, la salida de la vía constitucional que varios intentaron abrir ha ido despejando el camino para que la Suprema entre al fondo de los casos.
Según una revisión de La Tercera, al menos 18 jueces han recurrido al Tribunal Constitucional buscando impugnar las normas que sustentan los procedimientos o conseguir la suspensión de sus cuadernos. De los requerimientos ya resueltos, la mayoría no ha logrado siquiera superar las etapas iniciales de tramitación.
Portazo del TC a Urrutia
Uno de los casos más recientes es el del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, cuyo requerimiento fue declarado no admitido a trámite por la Primera Sala del TC. El tribunal cuestionó que su presentación aludiera de manera general a las investigaciones de la Corte Suprema, sin explicar los hechos específicos que motivaron su proceso ni acompañar antecedentes sobre el resultado de la investigación disciplinaria.
La resolución deja despejado, por ahora, el camino para que la Suprema revise su caso. Urrutia enfrenta el cuaderno de remoción luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago calificara como una grave falta a la probidad sus viajes a Costa Rica y Ecuador mientras estaba con licencia médica.
Otros requerimientos han tenido similar suerte. Entre quienes han recibido un rechazo en el TC figuran los jueces Gustavo Benavente, Carlos Jeria y José Delgado, la jueza María Verónica Arancibia y el oficial Luis Oyarzún, además de la jueza Juana Álvarez, cuyo requerimiento fue declarado inadmisible.
La excepción, hasta ahora, es el juez de familia de Antofagasta Jorge Saavedra. Su requerimiento logró superar las etapas iniciales respecto de una impugnación al artículo 41 del Acta 108-2020 y el TC ordenó suspender su cuaderno de remoción. En su caso, por tanto, la Suprema no podrá resolver mientras permanezca vigente esa suspensión.
El frente constitucional no es el único cuestionamiento al procedimiento. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile ha reclamado que los procesos deben desarrollarse con estricto respeto al debido proceso y ha advertido que la apertura de los cuadernos no constituye una sanción anticipada ni una declaración de responsabilidad.
La organización, encabezada por Mariela Hernández, incluso presentó una denuncia de tutela laboral contra la Corte Suprema, argumentando que la apertura de nuevos procesos afecta la honra de sus asociados porque las conductas investigadas ya habían sido abordadas en sumarios disciplinarios tramitados ante las respectivas cortes de apelaciones, con resultados que incluyeron sanciones, absoluciones y sobreseimientos.
Ese argumento también apareció entre los votos disidentes dentro del propio máximo tribunal. Los ministros Leopoldo Llanos y Mauricio Silva y la ministra María Angélica Repetto se opusieron a la apertura de cuadernos respecto de jueces que ya habían enfrentado procedimientos disciplinarios por los mismos hechos. Su posición, sin embargo, quedó en minoría.
A la controversia se sumó además la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien manifestó preocupación por procesos de remoción basados en conductas que ya habían sido examinadas y resueltas mediante procedimientos disciplinarios previos.
“Al Poder Ejecutivo no le corresponde hacer ningún tipo de reflexión y referencia”
La Suprema, en todo caso, mantiene la decisión de avanzar. Consultada esta semana por los recursos ante el TC, su presidenta, Gloria Ana Chevesich, remarcó que se trata de una facultad de los propios magistrados recurrir ante el organismo constitucional cuando estimen que una norma vulnera la Carta Fundamental.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, optó por mantener distancia del proceso. “Al Poder Ejecutivo no le corresponde hacer ningún tipo de reflexión y referencia”, señaló, agregando que corresponde esperar lo que determine la Corte Suprema.
Así, mientras algunos magistrados todavía intentan abrir una salida por la vía constitucional, el grueso de los procesos ya tiene fecha y hora. El miércoles comienza una revisión inédita por su volumen, con decenas de carreras judiciales en juego y un máximo tribunal que deberá resolver caso a caso si las faltas cometidas ameritan la medida más severa dentro de sus facultades disciplinarias: la remoción.
