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Franja retro

por 28 enero, 2020

Franja retro

Crédito: Servel

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Si nos planteamos el desafío de llevar adelante un proceso constituyente verdaderamente democrático, éste debe reunir dos características esenciales: ser participativo y bien informado.

En los últimos días, el Consejo Nacional de Televisión definió aspectos claves para la franja televisiva del plebiscito constitucional del próximo 26 de abril, que van en desmedro directo de ambos principios.

En efecto, la franja no contribuye a la participación, toda vez que limita el espacio exclusivamente a partidos políticos e independientes con representación en el Congreso. No es posible entender la deliberada exclusión de la sociedad civil ante el monopolio parlamentario, cuando la última encuesta CEP arrojó un índice de confianza por parte de la ciudadanía del 3% respecto del Congreso y del 2% tratándose de partidos políticos, siendo -por mucho- las instituciones más desprestigiadas en el contexto de la crisis país. Los argumentos que aluden a la falta de tiempo para efectuar las modificaciones reglamentarias requeridas para ello, parecen ser meras justificaciones que evidencian una falta de voluntad política concreta.

Ante este escenario, distintos partidos y coaliciones se han mostrado disponibles a compartir parte de su tiempo en pantalla con organizaciones civiles, lo cual es una buena señal en el esfuerzo por recuperar la legitimidad erosionada. Con todo, la generosidad que hemos visto revela que la inclusión de la sociedad civil en este espacio queda entregada a la definición y criterios del Parlamento, con el evidente costo social y político de aquello.

Por otro lado, la franja televisiva no contribuye a una ciudadanía bien informada. No es ninguna novedad afirmar que, desde la mítica campaña del plebiscito de 1988 hasta las elecciones generales de 2017, este espacio ha obedecido a parámetros más publicitarios que verdaderamente informativos. Así, la franja se ha transformado en un reducto de lugares comunes y eslóganes vacíos -con un amplio anecdotario de situaciones insólitas-, que poco aportan al debate de ideas que subyace a toda propuesta política. Y lo que es más preocupante, concita un interés escaso y residual, más melancólico que verdaderamente formativo. Por ello, cuesta entender que, en plena revolución digital de los medios, persistamos en un formato anacrónico y obsoleto, insípido y nostálgico del siglo pasado.

En este contexto, resulta verdaderamente preocupante que en TVN lo público no sea más que letra muerta. O casi muerta, pues en los últimos días se ha comunicado la decisión del Gobierno de otorgarle el aval del Estado, con el objeto de garantizar su deuda por montos cercanos a los USD$90 millones. Lo anterior es reflejo de una industria en donde no existe distinción entre una señal privada y una pública, y, por tanto, ambas compiten con una misma misión y bajo la misma lógica de mercado.

Parece razonable esperar del canal público un estándar informativo que trascienda el formalismo de la norma, cuando nos acercamos a tomar la decisión política y social más relevante de las últimas décadas en Chile. Se esperaría una propuesta que involucre actores de todos los sectores -no sólo los rostros políticos y académicos que vemos desfilar habitualmente entre las distintas señales-, que favorezca el intercambio de ideas y se desmarque de una pauta y tiempos guiados por el rating, que convoque, obedezca a las necesidades sociales, instruya y sea capaz de ofrecer contenido.

Evidentemente el problema es de carácter estructural y, entre otras cosas, implica estudiar modelos de financiamiento alternativos -como el español o el inglés- para TVN, pues no se le puede exigir competir en igualdad de condiciones con señales privadas y conservar su vocación pública. Lo que es claro es que, si queremos perseverar en la idea del canal de todos, al punto de comprometer el patrimonio fiscal para ello, no parece pertinente destinar 5 horas diarias de transmisión al matinal y escuetos 30 minutos a una insustancial franja política.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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