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80/20: un mandato para una nueva Constitución y una nueva política EDITORIAL

80/20: un mandato para una nueva Constitución y una nueva política

El contundente resultado del plebiscito orienta al Gobierno a ser prudente, austero en sus decisiones, y un facilitador ético y honesto del proceso constitucional que se ha iniciado, en lo que resta de su mandato. A no buscar ningún pretexto o formas poco cuidadas que lo entorpezcan o desvíen. También mandata a todas las fuerzas políticas del país a no intentar transformar la Convención Constitucional en un clon político del actual Congreso Nacional, o de uno ya pasado. La gente quiere ver rostros nuevos, de diversas procedencias, un debate no contaminado por pugnas partidarias y un amplio espectro de independientes, representantes de movimientos sociales y pueblos indígenas, para avanzar en una solución integradora de la actual crisis social. El país ha empezado a salir de la camisa de fuerza de la Constitución de 1980.


Los resultados del plebiscito del domingo 25 de octubre de 2020 son épicos, contundentes y un mandato inequívoco, ético y político hacia el futuro. Chile desea una nueva Constitución, elaborada por el pueblo como titular del Poder Constituyente. Y la quiere elaborada con rostros nuevos y amplia participación, no en un cenáculo autoconstituido o producto de un hecho de fuerza. Así, finalmente, el país desea iniciar con legitimidad de origen la elaboración de su nuevo Pacto Constitucional, por una Convención Constitucional o asamblea constituyente enteramente elegida por el soberano.

El resultado electoral emerge como expresión de una voluntad ciudadana con mucho sentido transversal de crítica a la política, tal como ella se ha instituido y rutinizado en el país. De ahí que la tarea de estabilizar la gestión del período y brindar normalidad en la dirección del sistema político y la administración del Estado, es un llamado de atención a toda la elite política para que no intente instrumentalizar esos resultados de manera mezquina en uno u otro sentido.

Ello mandata al Gobierno a ser prudente, austero en sus decisiones, y un facilitador ético y honesto del proceso constitucional que se ha iniciado, en lo que resta de su mandato. A no buscar ningún pretexto o formas poco cuidadas que lo entorpezcan o desvíen.

[cita tipo=»destaque»]Después de doscientos años como República independiente y soberana, finalmente en Chile se está abriendo una puerta ancha a la participación del pueblo como sujeto activo de la soberanía popular, la cual no debe desaprovecharse. Esto creará las condiciones para una redefinición doctrinaria de lo que entenderemos y tendremos por derechos sociales y políticos, soberanía e integración nacional.[/cita]

También mandata a todas las fuerzas políticas del país a no intentar transformar la Convención Constitucional o asamblea constituyente en un clon político del actual Congreso Nacional, ni menos en la última feria de vanidades para el regreso de los viejos rostros políticos que adornaron los pasados 30 años de democracia, como reconstructores de un ciclo que ya terminó.

La gente quiere ver rostros nuevos, de diversas procedencias, un debate no contaminado por pugnas partidarias y un amplio espectro de independientes, representantes de movimientos sociales y pueblos indígenas, para avanzar en una solución integradora de la actual crisis social. El país ha empezado a salir de la camisa de fuerza de la Constitución de 1980.

Son muchas las cosas que se piden a una nueva Constitución, particularmente si deben enfocarse en rectificar una sociedad de abusos como la nuestra, para convertirla en una sociedad decente. Por lo tanto, el imperativo ético a la política, señalado más arriba, ayudará a encontrar un camino de efectivos acuerdos y disminuirá o eliminará la noción de negocio político que ha dominado el consociativismo y binominalismo de los actuales poderes constituidos en el país.

Después de doscientos años como República independiente y soberana, finalmente en Chile se está abriendo una puerta ancha a la participación del pueblo como sujeto activo de la soberanía popular, la cual no debe desaprovecharse. Esto creará las condiciones para una redefinición doctrinaria de lo que entenderemos y tendremos por derechos sociales y políticos, soberanía e integración nacional.

Por cierto, no se trata de conversaciones simples o ingeniería electoral fina. Se trata en esencia de empezar a buscar los contenidos políticos fundamentales que permitan estructurar acuerdos para una nueva Constitución, en un sistema electoral que sigue siendo estrecho para acoger la diversidad que expresa el 80/20 electoral del domingo, y que es la causa de la crisis de representación que exhibe el sistema.

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