Opinión
Podemos, con bastantes probabilidades de acertar, predecir la ideología de una persona a partir de aquellos hechos que condena o matiza; y aunque en principio todos decimos condenar la violencia “venga de donde venga”, cuando hacemos el ejercicio de aterrizar esta condena en abstracto a hechos concretos, aparece una disociación bastante preocupante entre las cosas que dos personas con ideologías distintas condenarán o justificarán.
La muerte de Francisco Martínez –el malabarista abatido por carabineros en Panguipulli– ha reabierto esta herida moral que tiene nuestra sociedad: no condenamos la violencia “venga de donde venga”, sino sólo aquella que nos genera cierto grado de empatía con la víctima, o que afecta a los grupos con los que sentimos cierto grado de identificación.
Los linchamientos, que en muchos casos son vistos como una herramienta de “justicia popular”, no son sino la transgresión de la integridad corporal del individuo violentado, amparados en un derecho que quienes perpetran dichos actos se asignan a sí mismos. Sin embargo, la reacción de quienes asisten –en vivo o virtualmente– diferirá mucho dependiendo de la víctima, el linchamiento de un carabinero y el de un menor de edad tendrá valoraciones morales distintas según la ideología del espectador.
Esto último es tremendamente decidor, ya que abre una puerta a la relativización de una serie de valores de los que las democracias liberales se jactaban de tener: respeto a la vida, respeto a la integridad física, debido proceso, veracidad de la información, etc… todos son aspectos supeditados a la simpatía o antipatía que nos genere quien vea transgredidas estas garantías.
Entonces vale la pena preguntarnos por qué este doble estándar. La respuesta es simple: aunque la agresión siempre ha sido condenada, la violencia como respuesta ha sido aceptada desde nuestros orígenes, y aunque lo neguemos, sigue siendo aceptada.
Si miramos la historia, quienes intentan escribirla nunca se muestra como agresores, sino como víctimas que sólo reaccionan ante una afrenta. Las interminables guerras medievales y modernas se justificaban únicamente en una mayor legitimidad de las reclamaciones de tierras o títulos que cada casa nobiliaria decía tener. Entonces, el noble y rey “amenazado” tenía el derecho y el deber de restaurar el orden preestablecido.
Más recientemente, para validar la lucha de clases, primero hubo de crearse toda una retórica de abuso y explotación que justificara dicha reacción; por otro lado, los magnates y las fuerzas conservadoras del S. XIX e inicios del XX intentaron atenuar la gravedad de las masacres cometidas en su nombre, escudándose en la defensa de “lo propio”, declarándose amenazados constantemente por estas hordas de envidiosos que sólo querían apropiarse de aquello que era de ellos por derecho.
Más adelante, en un intento de sofisticación ideológica, las fuerzas de derecha redefinieron, y justificaron la violencia perpetrada por sus grupos, como una forma de defender los valores y tradiciones de su sociedad. La izquierda hizo lo propio, justificando, ignorando o negando por completo los genocidios perpetrados por los regímenes comunistas durante el S. XX.
En todos estos casos, la violencia tiene un fin redentor: llevar las cosas a un estadio más justo que aquel en que se está, o reestablecer un orden amenazado. El problema de esta función redentora de la violencia es que todas las posiciones se la atribuyen para sí, recurriendo a ella o justificándola en función de sus intereses: los movimientos comunistas y anarquistas ejercieron la violencia en respuesta a la violencia sufrida por los trabajadores, mientras que el estado y las élites ejercieron la violencia como respuesta a estos movimientos que consideraban injustificados, que sentían que amenazaban su hegemonía, o porque lisa y llanamente consideraban que su posición de privilegio era merecida ¡Una historia de afrentas y venganzas de nunca acabar!
Aterrizando ya en territorio nacional, hemos visto como la violencia ejercida por las élites mediante el abuso laboral, la colusión, o los sobresueldos terminaron provocando el estallido social. Y ahí nuestro país se dividió en dos bandos: los que consideraron al estallido social un movimiento delictual casi planificado, y quienes lo consideraron como una reacción esperable a tantas décadas de abuso y opresión por parte de la clase dominante sobre una mayoría que apenas llegaba a fin de mes.
Pocos días después asistimos al triste espectáculo de políticos de izquierda y derecha que en los titulares de sus declaraciones condenaban todo tipo de violencia, pero que en las bajadas de estos titulares justificaban la violencia emprendida por su bando ya sea mediante la omisión de estos hechos, la exacerbación de las conductas violentas de sus adversarios, o la matización de los hechos en que personas de su sector pudiesen verse involucrados.
Personas como Jadue, Jiles, Kaiser y Kast representan magistralmente esta doble moral respecto a la violencia, con declaraciones moralizantes que buscan mostrar a quienes militan en “su bando” como víctimas impolutas, y sobrexplotando cualquier acto cuestionable de su adversario: una división entre un “ellos” y un “nosotros” propio de regímenes totalitarios.
Violencia contra los camioneros, represión en La Araucanía, violencia estructural, heridos a manos de carabineros, carabineros heridos por terroristas, etc. son parte de la jerga cotidiana con la que podemos conocer con bastante certeza la tendencia política de una persona.
Nos guste o no, tras el 18 de octubre nuestro país sufrió un retroceso en su cultura cívica, retroceso que no se debe a las demandas que emergieron aquel viernes, sino a que nuestra sociedad evidenció una fractura que creíamos más o menos superada; fractura que no sólo vimos en la posición que tomamos respecto a los acontecimientos del 18-O, sino en la posturas que tomamos frente a los hechos de violencia: “un delincuente muerto es un delincuente menos”; “El único paco que quiero es el paco muerto”. Para justificar o condenar la violencia tenemos a nuestra disposición toda una carta de hechos violentos entre los que podremos elegir cuáles condenar y cuales matizar, o derechamente omitir, si nos resultan demasiado incómodos.
