Opinión
La semana pasada, se supo de la noticia de una profesora del colegio Mayflower de Lo Barnechea, despedida por un audio en el que relataba de forma cruda su experiencia como docente en dicha institución. Su desvinculación parece haber utilizado como argumento estas declaraciones, y eso es justamente lo que debe ser cuestionado, habiendo la institución educativa no sólo tomado una decisión precipitada y excesiva, sino vulnerado el derecho a la privacidad de la maestra.
En el nuevo contexto de alta tecnologización de las comunicaciones, la posibilidad de hacer grabaciones de texto, audio y video permite dejar registrados sucesos que en la mayoría de los casos antes eran parte de un flujo natural de la cotidianeidad, si se quiere en cierto grado contradictoria, de la vida. La posibilidad de dejar un registro permanente no sólo debería ser cuestionada, en el sentido de que al cabo de un cierto tiempo la entidad desaparezca de forma automática, sino que la validez del ejercicio mismo, salvo grave delito flagrante, y su uso deberían estar proscritos de antemano. Es decir, quien decida hacer empleo de los audios, fotografías, u otros, debe partir de la futilidad de su denuncia. ¡Cómo nos vamos a comunicar tranquilos en una normalidad que parece amenazarnos apenas decimos o hacemos algo ligeramente desviado de la norma!
Basar una decisión tan significativa como un despido en una comunicación privada implica, en primer lugar, utilizar una información producida en circunstancias de alta informalidad para aplicarla a un contexto al que no corresponde. A menudo, nuestros pensamientos y dichos son producto de la necesidad de tener una descarga emocional, sin que ello repercuta en nuestro desempeño profesional, o incluso familiar (como padres, madres, hermano/as, hijo/as). En segundo lugar, nos expresamos frecuentemente con un lenguaje que no tiene como propósito anular o denigrar a personas concretas a las que parecemos referirnos de una manera abstracta (la gente, los estudiantes, los vecinos, los chilenos, los trabajadores, los gobernantes), sino que dicho repertorio tiene como función el necesario y conveniente desarrollo de un vínculo social, de tal modo que genera un lazo emocional entre los hablantes que le proporciona sustento a la intimidad que permite el contacto mismo y, por lo tanto, la emergencia y eficacia de una jerga, si se quiere tribal, que crea los contextos de una relación particular. Ni yo ni nadie habla igual con amigos compartiendo una cena, o yendo al estadio, que impartiendo una conferencia o presentando una propuesta a los compañeros de trabajo.
A ello se agrega lo más importante, la vulneración de la privacidad. Si todavía recordamos a la Stasi y sus escuchas en la República Democrática Alemana (RDA), si defendemos libertades ciudadanas y políticas como las de opinión y reunión, si creemos en la necesaria diferenciación entre las esferas pública y privada, si proponemos el derecho a la intimidad como un elemento imprescindible de cualquier democracia, debemos rechazar contundentemente la vulneración y el uso de una comunicación privada como elemento sobre el cual fundar una decisión de despido que debería ir respaldada de evidencia relativa a un mal desempeño pedagógico y/o ético en el caso de la profesora a quien aquí se recuerda como una alerta de los excesos a los que las prácticas de registro del acontecer cotidiano pueden llevarnos.
