Muerte civil y seguridad pública

Este 18 de julio volveremos a vivir una jornada de elecciones, dentro de un año caracterizado por balotajes asociados al proceso constituyente, a la creación de la nueva institucionalidad sobre gobierno regional y al recambio de la autoridad municipal y presidencial. Todas ellas, instancias de participación y ejercicio de elección representativa en el modelo democrático nacional, en que todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, cultural y educacional, expresan sus preferencias políticas, valiendo todas por igual.

Sin embargo, como ya resulta casi natural de nuestros procesos eleccionarios, las urnas de votación no llegarán a quienes se encuentran tras las rejas, pese a que una proporción considerable de las personas privadas de libertad puede ejercer su derecho a sufragar. En efecto, un universo aproximado de diez mil personas que se encuentran en el sistema penitenciario, están constitucionalmente habilitadas para votar, pero, como ninguna institución a cargo lo ha asumido, el día de las votaciones solo pueden ver lo que ocurre a través de los medios de comunicación, si es que tienen acceso a ellos.

Quienes se oponen a que los presos y presas puedan sufragar, parecen sorprendidos de que los procesos eleccionarios del país puedan contar con la opinión de quienes hayan quebrado el pacto social. Sin embargo, varios son los argumentos para contrarrestar dicha postura.

[cita tipo=»destaque»]Nos preocupa que sigan ocurriendo hechos de relevancia histórica para el país, en los que no  se considere la voz y opinión de las personas privadas de libertad. Creemos que ya es tiempo de definir la solución y de que se den las condiciones para el aseguramiento del ejercicio pleno de los derechos políticos en los que se están viendo, una vez más, excluidos quienes están en prisión.[/cita]

En primer lugar, una porción considerable de las personas privadas de libertad habilitadas para votar aún no han sido condenadas, por tanto, amparadas por el principio general de presunción de inocencia. En segundo lugar, las personas que están presas solo se ven sujetas a una privación de libertad ambulatoria, manteniéndose incólumes todos sus demás derechos. En tercer lugar, la finalidad declarada de la sanción penal es la reinserción social, debiendo entregarles las herramientas necesarias para que, una vez cumplida la sanción, eviten la reincidencia criminal.

La “muerte civil” a la que se destinaba a las personas encarceladas es criticada en la literatura experta, pues el ejercicio de ciudadanía y de voto presenta efectos resocializadores, y la anulación de esta capacidad trae consigo un estigma y una humillación que son perjudiciales para la autocomprensión de sí mismos(as) como parte de la sociedad a la cual se les quiere reinsertar.

A la larga, de acuerdo a expertos(as) en el tema, como Dhami y Bottoms, esto se traduce en un menor interés de las personas privadas de libertad por votar, por opinar, por pertenecer en la sociedad desde una perspectiva ciudadana y, con ello, se mantiene el poco respeto a las normas.

En este contexto, nos preocupa que sigan ocurriendo hechos de relevancia histórica para el país, en los que no  se considere la voz y opinión de las personas privadas de libertad. Creemos que ya es tiempo de definir la solución y de que se den las condiciones para el aseguramiento del ejercicio pleno de los derechos políticos en los que se están viendo, una vez más, excluidos quienes están en prisión.