Opinión
Crédito: Archivo
El proyecto Portuario Minero Dominga de Penta es un modelo de desarrollo obsoleto que, lejos de ser un avance, es –en más de un sentido– un lastre para el país. El «desarrollo» que Dominga promete es un proyecto de usurpación de bienes naturales con numerosas falencias en materia medioambiental, entre ellas, contaminación, daño de los ecosistemas, precario empleo para los no especialistas, captura de renta, entre otros. Defender este patrimonio es una obligación de Chile y de toda la humanidad. Nadie levantaría un mall en Machu Picchu, pero sí hay aquellos a quienes se les ocurre construir un puerto en medio de un invaluable patrimonio natural.
El Archipiélago de Humboldt es una ecorregión definida por la ciencia mundial y nacional como uno de los 35 sitios prioritarios de biodiversidad del planeta (hotspots), pese a lo cual se insiste en intervenir en favor de intereses comerciales de privados.
El sector en que se pretende construir el megapuerto Dominga-Penta está incluido entre los que requieren protección con gran urgencia, debido a que son áreas con la mayor cantidad de especies amenazadas del planeta y que se encuentran gravemente afectadas por la acción humana.
El hotspot chileno es un ecosistema único en el mundo que enfrenta un riesgo inminente, debido a la actividad antrópica, especialmente la ligada a la minería. La humanidad, consciente del negativo impacto en la zona, resolvió preservarlos para sí y las futuras generaciones, a través de acuerdos internacionales como la Convención de Washington.
Este ecosistema prioritario es el hábitat de varias especies endémicas amenazadas o en peligro de extinción, entre ellas, los pingüinos de Humboldt, que presentan más del 85% de su población mundial; o el pato Yeco, que exhibe hasta el 90% de sus ejemplares en esta costa.
Asimismo, se reconoce por la presencia de ballenas jorobadas, bryde, sei, cachalotes y otros cetáceos cuyas rutas contemplan la rica zona de biodiversidad. Lo mismo ocurre con varias especies de delfines, los chungungos y otros mamíferos marinos que residen de manera permanente o migran hacia estas aguas y están protegidos por la legislación nacional y tratados internacionales.
Esto es relevante, ya que es un ecosistema único protegido, toda vez que las rutas de navegación pasan a 20 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, de la Reserva Nacional Isla Choro-Damas, del terreno fiscal con fines de Conservación Isla Gaviota; a 23 km del Sitio Prioritario Área Marina Punta de Choros y a solo 7 km del Sitio Prioritario de anidación Punta Teatinos-Caleta Hornos. Todas áreas que reflejan la importancia de este exclusivo ecosistema.
Pese a ello, con argumentos del siglo pasado, época en que no se dimensionaba el impacto del cambio climático y la necesidad de conservar estas áreas, el Servicio de Evaluación Ambiental, a través de la Comisión Regional de Evaluación y los 12 servicios estatales que lo componen, resolvieron emplazar a poca distancia, no uno, sino dos megapuertos mineros.
Chile no tiene patrimonio histórico como el Coliseo romano, el conjunto megalítico de Stonehenge o Machu Picchu, pero sí tiene este patrimonio natural de condiciones únicas en el mundo. Hacer un puerto en ese lugar sería como construir un centro comercial en medio del Parque Yellowstone.
Las condiciones únicas que se conjugaron en el Archipiélago de Humboldt –parámetros estrictos que permiten el desarrollo de la biodiversidad– ya soporta las inclemencias climáticas que variarán, con absoluta certeza, la temperatura de las aguas, el pH de los océanos y su oxigenación.
A ello se suma la imprudencia de la codicia humana que, por motivos de rentabilidad, tensiona un equilibrio frágil, cargando con actividades de alto impacto ambiental los márgenes de tolerancia del ecosistema.
Es evidente, pero necesario de señalar, que la biodiversidad que se busca preservar en estas áreas protegidas no reconoce distancias y fronteras imaginarias determinadas por los humanos. Las ballenas pueden desplazarse 20 km en una hora, al igual que delfines y pingüinos. Las corrientes marinas, hoy fluctuantes, pueden trasladar en cuestión de días los bancos de peces y la fauna sensible del sector.
A ello se le debe sumar la vulnerabilidad de los chungungos y otras especies, que se verán expuestos a los impactos de las embarcaciones transnacionales que arribarán a ese puerto, dejando aguas sucias y oleosas y que saldrán vertiendo minerales pesados y contaminantes.
Puesto que, sin duda alguna, el mayor problema de este proyecto es el puerto que se emplaza en el sector Totoralillo y que considera infraestructura asociada al sistema de espesado, filtrado, almacenamiento y embarque de gigantescas cantidades de concentrado de hierro y cobre como subproducto, así como las obras para la captación, desalinización, impulsión de agua al sector de la mina de Dominga y descarga de salmuera al mar, horrorosa descripción que, a juicio de la empresa, es inocua.
Razonamiento contrario a la evidencia científica que establece que todos los puertos mineros son grandes contaminadores por los volúmenes de material que procesan, por las máquinas, grúas, naves y camiones que operan en su interior –suelen derramar petróleo– y por el almacenamiento de minerales pesados o contaminados que, habitualmente, se vierten al mar. También por la generación de ruidos y luces que, por su transmisión a través del agua y aire, afecta severamente la vida silvestre, al entorpecer o incluso mutilar sus sentidos de orientación.
A esto se suman las rutas de los barcos, pues, si se producen estos problemas en la costa, no es difícil suponer que, en mar abierto, donde la autoridad ambiental tiene escasa capacidad de fiscalizar, se amplifiquen las intervenciones lumínicas, acústicas y la contaminación por sustancias que ‘caen’ por la borda afectando el sensible ecosistema.
[cita tipo=»destaque»]La decisión de los órganos superiores del SEA de aprobar Dominga, pese a no cumplir con la legalidad vigente, es un fraude ambiental que se suma a resoluciones similares del mismo organismo que dieron luz verde a proyectos como Castilla, Pascua Lama, HidroAysén, Agrosuper Freirina… todos rechazados por la comunidad por dañinos y declarados ilegales por los tribunales superiores de justicia. Muchas veces, cuando el daño ambiental irreparable ya se había generado justo donde declararon que no habría impacto o que podrían morigerarlos.[/cita]
La débil institucionalidad ambiental chilena es un traje a la medida para facilitar el desarrollo del modelo extractivista. El proyecto de la minera Dominga-Penta avanza, gracias a su poder de lobby e influencia en autoridades políticas –Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería, fue formalizado por recibir dinero del accionista mayoritario– y sacando provecho de las necesidades de la comunidad, ofreciendo prebendas e ilusiones futuras.
Se puede hacer otra nota con los conflictos de interés, pero nos centraremos en la dramática evidencia de una institucionalidad ambiental paupérrima e irresponsable frente a la vasta riqueza de nuestro territorio.
Las irregularidades se inician con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pues la Línea de Base, donde se describe detalladamente el área de influencia del proyecto, indica que no existen zonas bajo protección oficial o sitios prioritarios en el área afectada.
El EIA omitió que a solo siete kilómetros de donde se emplazarán las instalaciones portuarias se encuentra el sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad Punta Teatinos, que incluye a Isla Pájaros. También excluyó la existencia de los sitios prioritarios Área Marina Punta de Choros, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y Reserva Marina Islas Choros-Damas e Isla Gaviota.
En su primer pronunciamiento, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), organismo técnico con competencia para revisar el EIA, señaló que “la Línea de Base presentada no considera estas áreas para efecto de evaluar sus impactos ambientales”. Por ello, propuso rechazar el proyecto enumerando las obligaciones nacionales e internacionales contraídas en la protección del medio ambiente; destacando la relevancia ecosistémica del área marina protegida y detallando la vulnerabilidad de las especies que la habitan y el aporte educativo y cultural de estas áreas que registran más de 600.000 visitas anuales.
No obstante, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hizo caso omiso a lo sostenido por el órgano sectorial a cargo de administrar el área y, sin fundamento alguno, permitió que Andes Iron continuara la tramitación del proyecto sin hacerse cargo de evaluar los impactos que su ejecución pudiese tener en las áreas protegidas.
La decisión de los órganos superiores del SEA de aprobar Dominga, pese a no cumplir con la legalidad vigente, es un fraude ambiental que se suma a resoluciones similares del mismo organismo que dieron luz verde a proyectos como Castilla, Pascua Lama, HidroAysén, Agrosuper Freirina… todos rechazados por la comunidad por dañinos y declarados ilegales por los tribunales superiores de justicia. Muchas veces, cuando el daño ambiental irreparable ya se había generado justo donde declararon que no habría impacto o que podrían morigerarlos.
De este modo, no solo fue la flagrante incompetencia técnica del proyecto lo que llevó –14 de marzo de 2017– al SEA regional a calificar desfavorablemente el proyecto Dominga, sino que también la oposición radical de los habitantes de la zona para no ser convertidos en una nueva zona de sacrificio. La decisión fue ratificada el 13 de octubre de ese año, por el Consejo de Ministros.
Sin embargo, la evidencia científica y la participación ciudadana no son suficientes para detener a empresas con los gigantescos recursos económicos que maneja Dominga-Penta. Conglomerados que pueden gastar, y ya lo han hecho, millones de dólares en contratar poderosas oficinas de abogados para hacer lobby y defender su interés comercial.
Gracias a ello lograron el controvertido fallo del recién creado Tribunal Ambiental de Antofagasta (16 de abril 2021), que ordena retrotraer el procedimiento y que se proceda a una nueva votación del SEA regional. La sentencia fue un anillo al dedo para Dominga-Penta y cuestiona profundamente la idoneidad de esa nueva institución.
Pero el poder de este grupo no se manifiesta solo en tribunales. A pocos meses de que termine este Gobierno, la Comisión de Evaluación (Coeva) de Coquimbo –con autoridades designadas por el Ejecutivo actual– fue citada intempestivamente y, sin presencia de autoridades regionales electas, por 11 votos a 1 –el delegado presidencial votó en contra cuando ya estaba resuelto–, aprobaron la fraudulenta resolución de calificación ambiental.
El seremi de Agricultura hizo caso omiso del negativo informe de Conaf y los representantes del Ministerio del Medio Ambiente y del SEA, que deben velar y proteger el derecho a un medioambiente sano y libre de contaminación, también respaldaron el nefasto proyecto, dejando clara la precisa instrucción gubernamental de aprobar Dominga-Penta.
La paradoja, que quedará en los anales de la historia, es que solo un día antes se conoció el informe del IPCC-21 de la ONU, que advierte el desastre ecológico y riesgo de extinción de la humanidad.
El nuevo terminal marítimo se aprueba contra toda racionalidad, pues existe la alternativa de usar los puertos de Coquimbo y Huasco que cuentan con vía férrea y no perjudican la biodiversidad del archipiélago.
La obcecación del Grupo Penta de ejecutar Dominga sustenta argumentos de que el objetivo real del proyecto no sería la mina –22 años de vida útil– sino que contar con un punto de embarco de la carga que trasladará el corredor bioceánico de Porto Alegre a Coquimbo y que atravesará Los Andes por el túnel Aguas Negras.
De ser efectivo, añadiría una elusión por fraccionamiento a las irregularidades y hace suponer que el señor Délano no se considera lo suficientemente rico y busca maximizar sus utilidades a costa del patrimonio natural que pertenece a todos los chilenos.
El proyecto Portuario Minero Dominga de Penta es un modelo de desarrollo obsoleto que, lejos de ser un avance, es –en más de un sentido– un lastre para el país. El «desarrollo» que Dominga promete es un proyecto de usurpación de bienes naturales con numerosas falencias en materia medioambiental, entre ellas, contaminación, daño de los ecosistemas, precario empleo para los no especialistas, captura de renta, entre otros.
Defender este patrimonio es una obligación de Chile y de toda la humanidad. Nadie levantaría un mall en Machu Picchu, pero sí hay aquellos a quienes se les ocurre construir un puerto en medio de un invaluable patrimonio natural.
