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José Antonio Kast señaló estar dispuesto a declarar la guerra contra las drogas, tal como lo hiciera Felipe Calderón en su momento, en México, año 2005, desatando una guerra –que lleva más de 250 mil muertos o desaparecidos– entre los grandes carteles de la droga y el gobierno, y que solo ha conseguido hacer crecer a los carteles, tanto en influencia (corrupción) como financieramente, estimándose que el tamaño del negocio de la cocaína equivale, solamente en Colombia, a U$ 600 mil millones. Si bien en Chile el consumo de drogas no es delito y no debe ser considerado como prueba de buena conducta el tener un examen libre de drogas, limitar el análisis frente a la audiencia nacional a la propuesta de Kast, de “demostrar ante Chile” que se está libre de drogas, constituye un error reduccionista, pues disminuye la política de drogas a un asunto de consumo.
El debate de Anatel perfiló las posturas de cada candidato frente al consumo de drogas ilícitas. Mientras Gabriel Boric exhibió su examen de orina sin rastros de consumo de drogas, José Antonio Kast manifestó ser contrario a cualquier modificación de la política, declarando impetuosamente “la guerra contra las drogas en Chile”, lo cual nos acercaría un paso más a otra tragedia de violencia, corrupción y desencanto.
Boric señaló ser partidario de “despenalizar el autocultivo de marihuana, pero nada más”, por lo que se encuentra abierto a una política de drogas alternativa que debemos observar con optimismo, pues se abre a reconocer que el foco de la política debe ser la reducción del daño y no las plantas de marihuana, gramos o miligramos de sustancia que se consuman, ni el enfoque debe ser criminalizar o psiquiatrizar a quienes consumen.
Por otro lado, JAK señaló estar dispuesto a declarar la guerra contra las drogas, tal como lo hiciera Felipe Calderón en su momento, en México, año 2005, desatando una guerra –que lleva más de 250 mil muertos o desaparecidos– entre los grandes carteles de la droga y el gobierno, y que solo ha conseguido hacer crecer a los carteles, tanto en influencia (corrupción) como financieramente, estimándose que el tamaño del negocio de la cocaína equivale, solamente en Colombia, a U$ 600 mil millones.
Si bien en Chile el consumo de drogas no es delito y no debe ser considerado como prueba de buena conducta el tener un examen libre de drogas, limitar el análisis frente a la audiencia nacional a la propuesta de Kast, de “demostrar ante Chile” que se está libre de drogas, constituye un error reduccionista, pues disminuye la política de drogas a un asunto de consumo. Pero, aun así, se abre la posibilidad de discutir, como él mismo dijera, con todas las partes expertas, un arreglo que nos permita disminuir al máximo todos los daños asociados a la actual política de drogas.
Una alternativa sería la política de reducción de daños, pues se centra en las personas, evitando que estas vayan a la cárcel por delitos menores asociados a drogas, enfatizando la prevención y tratamiento del consumo problemático. Centrándose en los derechos de las personas que usan drogas y con criterios de salud pública (terapias de sustitución, leyes de regulación de oferta, intercambio de jeringuillas), logra que se reduzca el daño que la sociedad siente debido a las consecuencias del mercado negro, que precisamente se desatarán con furia si se declara la guerra contra las drogas: mayor corrupción estatal de la fuerza pública, mayor gasto público en fortalecer fuerzas policiales, mayores niveles de violencia y lo peor: aumento del mercado negro, que solo existe gracias a la prohibición.
