domingo, 16 de enero de 2022 Actualizado a las 19:07

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Empresas del saber y precariedad laboral en la educación superior chilena

Empresas del saber y precariedad laboral en la educación superior chilena
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El programa de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) proyecta una serie de transformaciones en distintas áreas de las instituciones del Estado y la sociedad civil. Y entre los organismos que necesitan ser replanteados se encuentra la Educación Superior Chilena, con urgencia. Desde su desmantelamiento, llevado a cabo por la Dictadura, sus principales problemas no han logrado ser remediados. Uno de ellos es la precariedad estructural en las condiciones laborales que afecta fuertemente el desarrollo profesional en Educación Superior chilena en todos sus estamentos. Incluso después de la promulgación de una Ley de Educación Superior (Ley 21.091), que debía mitigar esas incertidumbres al promover una carrera funcionaria y mejorar las condiciones laborales, la situación persiste sin alterarse fundamentalmente.

Las causas de este problema son múltiples. Por una parte, su razón principal es económica, ya que es endémica la escasez de financiamiento estable y basal para las Instituciones de Educación Superior (IES), por otra, aún hay resquicios jurídicos que no se han modificado como Decretos con Fuerza de Ley que sustentan elementos orgánicos al interior de las universidades. Además, podría mencionarse la gestión institucional y la falta de voluntades políticas de los gobiernos universitarios. Agreguemos a todo esto un mal diseño de políticas públicas, implementación y ejecución, en particular, la noción de la “calidad” educacional que debe ser acreditada con métricas cuantitativas o mercantiles, sin observar que hay sujetos detrás de todo esto, procesos y contextos culturales y sociales.

En un primer acercamiento da la impresión de que el desarrollo profesional y laboral en la Educación Superior chilena funciona sólo para los administradores y los pocos docentes e investigadores que ostentan un contrato de jornada completa. Para los demás, las condiciones laborales han sido “flexibilizadas” -según el lenguaje neoliberal- con el objetivo de reducir los presupuestos de las instituciones. Si bien se ha avanzado en la modernización de las IES, no se ha puesto especial interés en los trabajadores y sus condiciones laborales y cómo esto repercute en el valor de los procesos formativos y sus contextos sociales y culturales.

En las Instituciones de Educación Superior el trabajo de los funcionarios se encuentra especialmente subcontratado. A través de esto se evita no sólo la vinculación legal del contrato, sino además la formación de sindicatos o asociaciones de carácter sindical, lo que repercute en la imposibilidad de participación en las decisiones universitarias y avance en la mejora de las condiciones laborales. La CONATUCH (Consejo Nacional de Trabajadores de Universidades Chilenas) ha intentado hacer público esto hace mucho tiempo. "Terminar con la precarización, tercerización y flexibilización del Empleo con decisiones políticas que aborden seriamente esta demanda de los trabajadores chilenos." afirma la CONATUCH en su propuesta política, la cual ha sido presentada en distintos períodos de Gobierno en el MINEDUC. En la práctica, los funcionarios (profesionales, administrativos y puestos en escalafones bajos) suelen ser los más afectados por la consecuencias negativas de precaria subcontratación laboral: salarios inferiores, desigualdades en tratos, acosos laborales, despidos injustificados y alteración de la medición de los desempeños laborales, entre otros.

Por otra parte, la mayoría de los docentes de Educación Superior en Chile no tiene contrato estable sino que son “trabajadores a honorarios” -aproximadamente entre 60% y 90% según el tipo de institución. Es decir, la mayor parte de los académicos que “boletea” por horas de clases pedagógicas impartidas, reciben un salario proporcional calculado con aranceles diferenciados sean por grado académico, disciplina o categorización interna. De esta manera, ellos no tienen condiciones socio-laborales básicas como seguro de cesantía o vacaciones. El “boletariado” -neologismo que junta “proletariado” y “boleta”- lo componen estos trabajadores que no son reconocidos como tales por las instituciones ya que, desde un punto de vista legal, son eternamente “independientes” aunque trabajen décadas para un mismo empleador, cumplan horario y tengas tareas fijas asignadas. Para acabar con toda esta precarización, se debe dejar de entender las instituciones de educación como empresas que deben maximizar sus ganancias a costa de las condiciones laborales de sus trabajadores, sean funcionarios o docentes.

Asimismo, el financiamiento de la investigación académica, por su parte, se encuentra administrado a partir de la competencia individual por fondos estatales (Fondecyt). Los Fondecyt fomentan la excelencia del trabajo individual, la constante renovación de ideas (duran entre 2 y 4 años) y la productividad de artículos indexados. Este instrumento de subvención a la investigación no se responsabiliza por las condiciones laborales de sus investigadores y personal técnico, tampoco por las relaciones entre investigación y enseñanza ni por la descentralización del saber. Su principal foco es la producción de artículos basados en la métricas bibliográficas internacionales. Por todo esto, Fondecyt deriva en una política que produce precarización laboral sin continuidad, salud, previsión o vacaciones. Es decir, es una política que tiene por efecto secundario producir malas condiciones laborales.

La formación de estudiantes en postgrado también presenta problemas críticos: primero, porque los créditos a los que deben acceder para poder solventar sus estudios, exigen la retribución del pago con altos intereses (el CAE es entre un 2% a 6%) y, segundo, porque las becas (sea para Nacional o Becas Chile) que se entregan desde ANID no alcanzan a cubrir completamente las necesidades de los becarios. Aún más, las becas no se consideran “salario” propiamente tal, pues no son imponibles frente al Servicio de Impuestos Internos. Al no haber “contratos” ni los sujetos ser “trabajadores” los excluye de calificar para recibir beneficios sociales del Estado. Es más, los estudiantes de postgrado que se costean los estudios -que es un porcentaje significativo en Chile- están aún más expuestos a los vaivenes del mercado, pues deben estudiar y trabajar a la vez, por lo que la continuidad de sus estudios depende de mantener su trabajo.

Un caso particular es la Formación Técnico-Profesional en Chile. Las condiciones contractuales, desde el institucionalizado “boleteo” hasta los contratos a plazo fijo o “a contrata”, han provocado una crisis permanente e institucional en el sistema educativo. Hace pocos años la situación laboral de los docentes del área Técnico-Profesional salió a la luz a razón de demandas colectivas por despidos masivos injustificados, tipos de contratos fijos por décadas y hostigamientos laborales, esto obligó a que los criterios de Acreditación Institucional (2021) debieran ser modificados. También el financiamiento a los Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales está en crisis con lo que se ha llegado a despidos por cierre de las instituciones como en el caso del CFT Los Lagos.

La acreditación de las instituciones de educación superior tampoco considera las condiciones laborales de los distintos estamentos, actores y funciones como un elemento sistémico, orgánico y de base. En la actualidad, las acreditaciones observan la cantidad de profesores contratados, el porcentaje de ellos con doctorados y la adjudicación de fondos estatales (FONDECYT, FONDEF, Anillos, Milenios, etc.). No obstante, esta mirada no se extiende a la amplitud laboral del establecimiento con una impávida ceguera, como si las condiciones laborales de funcionarios, profesores docentes e investigación se pudieran separar de la calidad de la educación entregada a los estudiantes. Aún más, los criterios de evaluación para otorgar la acreditación en Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) e instituciones universitarias son tan disímiles que parecen reproducir y perpetuar las desigualdades y segregación social de los estudiantes dentro de las mismas IES. Aún más, la alta competencia en el “mercado de las IES”, donde la innovación curricular y la búsqueda de “valor agregado” promueve la diferenciación entre instituciones a partir de su financiamiento (ingreso de capitales activos) y su tipo (privado, Estatal, mixto).

En definitiva, las condiciones laborales en la Educación Superior chilena son estructuralmente precarias, con duplicidad estresante de funciones y perfiles de cargo inexistentes o difusos. La situación actual se ampara bajo la óptica de una administración neoliberal, en donde la universidad se organiza como una empresa y la capitalización del saber está orientada a nutrir “áreas prioritarias”, desplazando otras ciencias y disciplinas, como las Artes y Humanidades. Es necesaria una estrategia nacional para el desarrollo de las políticas que piensen las condiciones laborales en las Instituciones de Educación Superior chilena como un sistema complejo con los diversos actores, funciones, espacios y, a la vez, como un proceso de formación, creación y difusión de los distintos conocimientos a lo largo de la vida personal, laboral, profesional y en relación a las distintas comunidades. Si bien el cambio deberá comenzar con ampliar el apoyo económico basal a las instituciones para devolverles su carácter social y público, también será necesario un diálogo abierto y de calidad entre las universidades, actores sociales, los órganos del Estado y el sector productivo. Sólo a partir de un diagnóstico compartido se podrá tomar el peso a la precariedad estructural de las condiciones laborales en la Educación Superior chilena.

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