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¿Van a pagar impuestos las iglesias? Opinión Crédito: AGENCIA UNO

¿Van a pagar impuestos las iglesias?

Fernando Balcells Daniels
Por : Fernando Balcells Daniels Director Ejecutivo Fundación Chile Ciudadano
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Las principales iglesias se han agrupado, bajo la representación del obispo de San Bernardo, para promover una iniciativa constitucional (n° 3042) que, con el pretexto de salvaguardar la libertad de culto, aprovecha de reafirmar y ampliar el privilegio de la exención de impuestos. Es como si, pagando derechos de aduana, nuestra fe fuera menoscabada, como si la libertad religiosa no soportara el pago de IVA, ni las contribuciones de bienes raíces, ni el impuesto a la renta. Los librepensadores, los ateos, los centros de estudios, las organizaciones culturales y los clubes de rayuela, en cambio, deben vivir y competir por la conciencia y el tiempo de los ciudadanos pagando inevitablemente sus impuestos.


Si las iglesias pagaran contribuciones de bienes raíces, IVA e impuesto a la renta, se podría pensar en bajar el IVA y otros impuestos indirectos que contribuyen al agobio de los sectores de menores ingresos.

El mecanismo de participación popular de la Convención Constitucional ha recibido varias iniciativas que proponen perfeccionar el carácter laico del Estado. Una en particular (n° 47386) propone reafirmar la libertad de culto y, al mismo tiempo, derogar las exenciones tributarias que favorecen a las iglesias en detrimento de otras organizaciones de la sociedad civil.

Las iglesias son más que instituciones de beneficencia. Son estructuras de influencia en las políticas públicas y se extienden a emprendimientos lucrativos de la más diversa índole. Arriendo de terrenos, empresas productivas, colegios bien pagados, participaciones en funerarias y empresas comerciales varias, son parte de las exenciones que el Estado concede a las iglesias y que pagamos todos los chilenos.

Se podría esperar un gesto de caridad de las iglesias y que ellas cedieran voluntariamente los privilegios económicos que han mantenido por siglos. Este no sería el primer gesto de amor a la comunidad en la historia de las iglesias chilenas. No es simple. En las iglesias conviven la caridad, la fe, las finanzas y el poder de la burocracia.

Hasta los años sesenta, la Iglesia católica era el principal terrateniente de Chile. Ella recibió, antes que otros actores, la onda de choque de las miserables condiciones de vida de los campesinos que llevaron a la Reforma Agraria. La Iglesia se desprendió entonces de sus latifundios, facilitando la modernización de la economía del país. La expresión institucional de ese cambio de época se desarrolló en los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende.

En la actualidad, el país está enfrentado nuevamente a encrucijadas de modernización y de justicia que requieren de la visión y la generosidad de los principales actores de nuestra convivencia. Lamentablemente, por ahora, las iglesias han optado por recogerse en sí mismas y defender los privilegios económicos que se arrastran desde la fallida separación de la Iglesia y del Estado en 1925. Digo “por ahora”, para dar espacio a que las iglesias recapaciten y no se conviertan, además, en objeto de discordia en el debate constituyente.

Hasta ahora, las principales iglesias se han agrupado, bajo la representación del obispo de San Bernardo, para promover una iniciativa constitucional (n° 3042) que, con el pretexto de salvaguardar la libertad de culto, aprovecha de reafirmar y ampliar el privilegio de la exención de impuestos. Es como si, pagando derechos de aduana, nuestra fe fuera menoscabada, como si la libertad religiosa no soportara el pago de IVA, ni las contribuciones de bienes raíces, ni el impuesto a la renta. Los librepensadores, los ateos, los centros de estudios, las organizaciones culturales y los clubes de rayuela, en cambio, deben vivir y competir por la conciencia y el tiempo de los ciudadanos pagando inevitablemente sus impuestos.

Cuando las iglesias se unen en la petición de privilegios, lo que hacen es pedir que todos los dioses, cualquier dios y la suma de todos ellos sean preferidos por el Estado por sobre las agrupaciones sin pretensión de sabiduría universal. Cuando se consagran los privilegios de este tipo, se ejerce un prejuicio que no opera en favor de la fe sino en favor de la organización política eclesiástica y en contra del discernimiento personal y del juicio crítico de las personas. El refrán que afirma que solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y el pago de impuestos, no aplica a las iglesias chilenas.

Existe consenso en que el Estado va a estar corto de recursos en este año y en los próximos. Economistas, políticos, empresarios y dirigentes sociales coinciden en la necesidad de aumentar la recaudación fiscal. Existe consenso también en que los trabajadores y consumidores no pueden seguir soportando el 50% de la carga del Presupuesto de la Nación. Basta una mirada a los listados de actividades exentas de impuestos para seguir la pista infinita y tortuosa de los privilegios y los incentivos mal puestos que distorsionan la economía.

Ningún privilegio fiscal tiene sentido desde el punto de vista de la libertad de conciencia. Cualquier exención o privilegio concedido a una agrupación disminuye la libertad de las otras. Los que no somos religiosos pagamos el gasto público en salud, educación, previsión y seguridad ciudadana al que las iglesias se niegan a contribuir.

Que las iglesias paguen impuestos no significa que el Estado no pueda liberar las actividades de beneficencia que la ciudadanía reconozca como merecedoras de una exención. La mayoría de los chilenos estará de acuerdo en entregar exenciones a Un Techo para Chile, a la Teletón y a otras instituciones que cumplan con criterios de caridad y filantropía social, con la simple condición de someter a revisión su contabilidad como cualquier institución pública.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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