Discontinuidades, confusiones y medias verdades en el proceso presupuestario

A partir del conocimiento público del Oficio Circular N°16 del Ministro de Hacienda, del 21 de abril de este año, se ha desatado una fuerte polémica respecto de la eliminación de programas sociales o disminución de presupuesto en otros.

Esta discusión se ha dado en el marco de lo que Hacienda denomina “cambio de paradigma” en materia presupuestaria, ya que se pretende contar con una planificación financiera de mediano plazo que, a veces, el gobierno denomina presupuesto de mediano plazo o, en otras, presupuesto plurianual. Vale decir, la planificación financiera de mediano plazo está establecida en el DL 1.263 hace más de 50 años, no estando contemplada en nuestra legislación la posibilidad de hacer presupuesto plurianual o de mediano plazo para el sector público central.

Dando por sentado que la comparación entre el oficio circular y una correspondencia epistolar en una pareja fue desafortunada, ya que no soporta los estándares de transparencia que como Estado nos hemos dado y estamos obligados a respetar, cabe entrar en la discusión de la eliminación de programas sociales y de rebajas en el caso de otros.

En el listado de programas analizados por el Gobierno se instruyen tres categorías de afectación; la primera es “sin observaciones”, que no considera la intervención del programa; la segunda “rebajar presupuesto”, que implica la disminución del 15% del programa. La tercera es “descontinuar”, lo que significa para el caso eliminar 127 programas.

Dada la conmoción que generó el oficio circular de Hacienda, tanto el Ministro Quiroz como Dipres se apuraron a contestar dos cosas:

En primer lugar, que la expresión correcta era reformular y no discontinuar. Sin embargo, debemos mencionar que la suma de los presupuestos de todos los programas con instrucción de discontinuidad alcanza a aproximadamente seis mil millones de dólares, la misma cifra que fue anunciada por el ahora Presidente de la República en su campaña presidencial. Por otra parte, si se revisa lo anterior en concordancia con la intención de hacer programación financiera (o presupuesto) de mediano plazo la intención es clara: llegar al cuarto año con estos programas eliminados.

En segundo lugar, el ministro Quiroz sostuvo que la expresión “descontinuar” había sido incorporada por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público el año 2025, la que entregó 34 recomendaciones al Ministerio de Hacienda y Dipres, que permitirían ahorrar hasta 0,6% del PIB anual a largo plazo.

Lo que no dijo es que las propuestas asociadas a racionalizar la oferta programática mediante la discontinuación o fusión de programas en el informe de la Comisión alcanzan en términos presupuestarios a aprox. el 7% de lo que está proponiendo el Gobierno en la actualidad.

Entonces queda por saber cómo es que Hacienda llegó a elaborar un listado tan amplio de reducción y eliminación de programas sociales.

Para ello tomamos como muestra dos ministerios, el Ministerio del Interior (MI) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) donde nuestra federación está presente, en los que contrastamos las instrucciones de Hacienda para cada programa, con las evaluaciones de Dipres y del Ministerio de Desarrollo social (Mideso). No consideramos el monitoreo que hace Mideso, ya que los datos que entrega el proceso son insuficientes para tomar una decisión relevante sobre el programa.

Analizamos los 27 programas de los dos ministerios, 19 en el caso del MI y 8 en el caso del MSP, en que se instruye rebaja presupuestaria del 15% o discontinuar. De estos, sólo en un caso se cuenta con una evaluación de impacto contratada por Dipres el año 2020, realizada por el Instituto de Sociología de la UC.

De los 24 que cuentan con evaluación Mideso, sólo uno tiene mala evaluación y pertenece a Interior.

De los 6 programas de Interior que se instruyen discontinuar, sólo en un caso existe una evaluación de Mideso que lo evalúa mal, no existiendo otro tipo de evaluación.

Para los 3 casos del MSP en que se instruye descontinuar, en un caso la evaluación de Mideso es contradictoria con la de Dipres. En los otros dos casos, la última evaluación es de Dipres y es negativa, siendo positiva por parte de Mideso el año 2024.

Se observa, por tanto, un problema que se reduce a tres programas del MSP y uno del MI. Es decir, no hay evidencia de problemas en los otros 23 programas afectados por la instrucción de rebaja presupuestaria o de descontinuar. No me cabe duda que si este ejercicio se amplía a todos los ministerios la situación va a ser muy parecida. Entre paréntesis, espero que la ANEF tenga esa información.

De acuerdo con lo anterior, es que podemos afirmar que lo sostenido por el Ministro de Hacienda respecto de que “las decisiones que se van tomando responden a un diálogo racional basado en datos y criterios técnicos” no se aprecia. Es más, lo que sí se aprecia es la ausencia de sustento técnico para la adopción de medidas de ajuste por seis mil millones de dólares, que fueron anunciadas a fines del año 2025, en el marco de la campaña presidencial y que tratan de presentarse ahora como la conclusión de un trabajo técnico.

Vale traer a colación que, al momento del anuncio de la reducción presupuestaria por seis mil millones de dólares, diversos economistas, de un modo transversal, advirtieron que rebajar ese monto implicaría necesariamente afectar programas sociales.

El Ministro de Hacienda ha sostenido que no se va a tocar ningún beneficio social y que las ayudas sociales establecidas por ley no sufrirían interrupciones; esto abre un amplio margen de maniobra para el Gobierno sobre programas sociales ya que no significan aportes directos a cada ciudadano, por lo que sería positivo que el Gobierno sincere su posición y no genere una discusión pública confusa o de medias verdades sobre el ajuste. La ciudadanía merece transparencia.

Para el mundo del trabajo público, esta situación tiene más aristas, ya que en términos presupuestarios la mayoría de los programas sociales trae aparejadas glosas que autorizan la contratación de personal, sólo en el MI y en el MSP existen 325 funcionarios contratados a través de glosas; en el Estado son miles las personas que están contratadas por esa modalidad y pueden ver afectado su empleo. Espero que la cifra del total de contratos en el Estado central vía glosa también los tenga ANEF.

Finalmente, el problema que se viene produciendo hace años en nuestro Estado por la diferencia entre ingresos menores a los estimados y gastos que aumentan progresiva pero no descontroladamente tiene más de una forma de abordarse, pero para este gobierno sólo es una.

Los falsos relatos del Estado en quiebra o de la caja fiscal vacía sólo apuntan a hacer creer a la población que no hay otra salida que un Estado mínimo, casi sin políticas sociales, dado que suponen que el pleno empleo y el crecimiento fundado en la liberación de energías emprendedoras, hasta ahora ahogadas en regulaciones y burocracia, resolverán nuestro estancamiento.

Por ello es que este proceso presupuestario está tan alineado con su proyecto de ley sobre reforma tributaria, que es la real alma de este gobierno y que, a estas alturas, se ha revelado como mucho más relevante que su casi inexistente gestión en Seguridad Pública, el tema principal de su campaña.